Serpientes y escaleras - Promesas y realidades

A los políticos les encanta prometer, pero pocos son los que cumplen.

Promesas y realidades

Al hacer campaña Cuauhtémoc Blanco prometió que metería a la cárcel a Graco Ramírez; esa fue su única promesa como candidato. Fue tanta la presión mediática que el futbolista hizo en ese sentido que el gobernador saliente no acudió a la ceremonia de transición de poderes y al tomar protesta del cargo, reiteró su compromiso de castigar a los culpables del multimillonario quebranto. Seis años más tarde la promesa no se cumplió.

Si el gobierno de Cuauhtémoc Blanco hubiera actuado consistentemente para castigar las faltas cometidas en la administración pasada otra sería la narrativa que habría prevalecido en su gobierno. El voto en favor del futbolista no fue un voto razonado, fue producto del enojo contra el peredista, fue una reacción social anímica contra una familia gobernante que depredó las finanzas públicas y dividió al estado.

Aunque en ese momento el exseleccionado nacional era una figura muy popular por su trayectoria deportiva, situación que se potenciaba por ser abanderado de Morena, pocos creían que haría un buen papel al frente del ejecutivo; la expectativa sobre él era más simple: que metiera a la cárcel a Graco y que fuera menos ladrón que él. Ninguna de las dos cosas se consiguió.

Actuar contra los funcionarios que violentaron la ley, desviaron recursos públicos, se enriquecieron a costa del erario y abusaron del poder que recibieron era un camino relativamente sencillo para el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, porque las fechorías cometidas por los graquistas eran del dominio público.

El problema comenzó cuando en lugar de encargar la revisión a un grupo profesional de abogados y contadores, especialistas en auditorías, se nombró un “zar anticorrupción” sin preparación profesional que era muy bueno para dar declaraciones, pero muy malo para armar expedientes.

Gerardo Becerra fue por muchos años amigo cercano de Graco Ramírez y tras separarse de él llevaba casi una década acusándolo de pillo, primero desde una posición como activista y luego como funcionario, pero desde ninguna de las dos plataformas logró comprobarle nada.

El “zar anticorrupción” morelense tuvo buena relación con la fiscalía anticorrupción y acceso a toda la información que se requería para que, junto con la consejería jurídica, armaran carpetas con la información suficiente para que las autoridades judicializaran las demandas. El problema fue que los expedientes se hicieron mal y el duelo jurídico siempre lo ganaron los acusados.

Social y políticamente hablando Cuauhtémoc Blanco nunca le dio la importancia necesaria a la actuación legal contra los funcionarios corruptos, le bastó con declaraciones mediáticas cargadas de adjetivos vulgares que si bien eran explosivas en la prensa, no significaban nada en lo judicial. Unos días antes de concluir su periodo de gobierno, cuestionado sobre el tema, el futbolista dijo que “confiaba en Dios” para que los procesos legales en contra de Graco Ramírez actuaran.

Sí el gobierno de Blanco Bravo hubiera puesto más empeño en la actuación contra la corrupción del pasado, el ánimo social hacia su persona y administración habría sido otro; reitero: nadie esperaba que hiciera un buen trabajo como gobernador, para todos era claro que había ganado por su fama y gracias al impulso de Morena, pero dada su personalidad y abierta enemistad con el tabasqueño muchos sí creían que castigaría a Graco Ramírez y a su pandilla de ladrones. Y ni eso cumplió.

En esta nueva etapa de gobierno se repite la historia con algunas similitudes y también con claras diferencias. La corrupción registrada en el gobierno de Graco Ramírez se repitió en la administración de Cuauhtémoc Blanco, en la misma o mayor cantidad, pero con mucho menos limpieza, es decir, además de corruptos fueron torpes. Margarita González Saravia no hizo una campaña amenazante, jamás prometió encarcelar a nadie, pero sí fue puntual al señalar que en su gobierno se acabaría con la impunidad.

A seis meses de iniciada la nueva administración el gobierno ha presentado ya un primer paquete de denuncias y se ha coordinado con otras instancias, como la fiscalía anticorrupción y la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización para proceder contra los funcionarios que trasgredieron la ley. En este momento ya existe un proceso formal contra varios exfuncionarios y se ha informado que tan solo en el caso de la Comisión Estatal de Agua, su extitular Jaime Juárez deberá resarcir más de cien millones de pesos por diversas irregularidades.

Cuauhtémoc Blanco tenía todo para cumplir su única promesa de campaña: la corrupción que denunciaba la había cometido un gobierno de un partido distinto al suyo y él tenía el apoyo total del gobierno de México, hecho que le pudo abrir puertas para llevar el proceso a otras instancias, pero no lo hizo.

Como jefa del ejecutivo Margarita González Saravia ha hecho de lado las siglas para privilegiar los preceptos que mandata su movimiento, la gobernadora no hace aspavientos ni utiliza adjetivos tronantes como su antecesor, pero su equipo de trabajo actúa con seriedad, hecho que ha derivado en el avance de procesos judiciales y el llamado a cuentas de varios exfuncionarios.

Lo más llamativo en este momento es la judicialización de carpetas y la imputación de los responsables, me refiero a la exsecretaria de desarrollo económico Cecilia Rodríguez, la extitular de obras públicas Leticia Nolasco y el extitular del Fidecomp Juan Diego Pons. Estas acciones se suman a los procesos contra el extitular de agua Jaime Juárez y el exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Dionicio Álvarez, contra quien ya se libró una orden de aprehensión y en este momento se encuentra prófugo de la justicia.

Los casos anteriores forman parte del primer bloque de denuncias presentadas por el gobierno de Margarita González Saravia y como ella misma lo ha declarado, vienen más observaciones que seguirán el mismo camino. La gobernadora no ha entrado a detalles sobre el tema, pero es probable que en las siguientes carpetas sean sobre irregularidades encontradas en la Secretaría y los Servicios de Salud, en Seguridad Pública, en Desarrollo Agropecuario y la DGPAC.

Actuar contra la corrupción es bueno no solo porque se pone un freno a la impunidad y se evita que este tipo de acciones se repitan, políticamente es sustantivo porque se traduce en confianza pública y ratifica con hechos lo prometido en los discursos.

Digámoslo como es: la gente simpatiza con un gobierno positivo, que impulsa el desarrollo, que promueve el empleo, que es empático con la ciudadanía, que apoya a los más pobres y atiende a todos los sectores, pero también exige justicia, quiere que los ladrones paguen y que la impunidad se acabe, porque llevamos muchos años de corrupción y arbitrariedades.

En Morelos no puede ir una cosa sin la otra.

·         posdata

La espectacular detención de un sujeto con orden de aprehensión realizada por elementos de la secretaría de seguridad de Cuernavaca generó diversas reacciones; lo primero que llamó la atención fue la cantidad de patrullas que participaron, luego se supo de quien se trataba: Carlos Hiram Pereyra, inmediatamente identificado como el padre de Patricio Pereyra, el joven que se hizo viral por golpear a un elemento de seguridad en Lomas de Angelópolis.

A partir de ahí la historia creció al recordar que el sujeto tenía antecedentes de violencia contra personal de un fraccionamiento en Puebla y la mamá del joven se había hecho famosa unos años atrás, cuando acompañada de otra mujer a quien también identificaron como una funcionaria municipal, golpearon a una dama en un café de la capital de Morelos.

La detención fue llamativa porque nuevamente se ventilaron los antecedentes de la familia y algunos señalaron que los elementos de la policía usaron fuerza excesiva en la detención. Sin ser experto en el tema, viendo el video, me parece que los uniformados actuaron de manera correcta, con fuerza, pero sin abusos, para someter a un sujeto violento que se resistió al arresto.

Aunque la detención no destaca por tratarse de un objetivo primario de las dependencias de seguridad, fue escandaloso por los antecedentes del tipo y porque en lugar de enfrentar la ley como cualquier ciudadano, trató de imponerse a la fuerza en una batalla que iba a perder desde todos los ángulos.

Como diría Pompín: ¡Qué bonita familia!

·         nota

El asesinato de una joven estudiante de psicología de la UAEM representó un duro golpe para la comunidad universitaria y pone una nueva prueba al fiscal. El hecho es terrible desde cualquier ángulo, se trata de otra agresión de género que no debe quedar impune. Hasta el momento se ha informado sobre un detenido, la pareja de la joven, quien es sospechoso de lo ocurrido.

El tema de violencia contra las mujeres es sumamente delicado y no se resolverá solo con acciones policiacas; de fondo hay que cambiar actitudes, relaciones, comportamientos y maneras de pensar; y ese trabajo comienza en casa. Mientras no se haga énfasis en esos temas, en tanto no se retomen valores de humanidad y respeto, la violencia en todas sus expresiones va a continuar.

·         post it

La actuación del gobierno estatal contra funcionarios del régimen pasado que procedieron de manera dolosa y desviaron recursos públicos es plausible; a nadie le queda duda que hubo pillerías en todas las áreas, particularmente en Salud, Economía, Agua, Obras, Agricultura, Seguridad, el DIF y en la oficina de contratos, la DGPAC. La duda de todos es una ¿Esta vez sí se castigará a los ladrones?

Ya que estamos frente a una administración decidida a proceder contra la corrupción valdría la pena que retomaran las denuncias contra funcionarios del gobierno de Graco Ramírez, porque en esa administración también sucedieron cosas terribles, robos multimillonarios donde funcionarios del estado lucraron con la tragedia.

Los graquistas llevaron la corrupción a un nivel que no habíamos visto en el estado, robaron de forma masiva y endeudaron a Morelos por treinta años; las áreas más escandalosas en ese gobierno fueron Salud, Obras, Contratos, el DIF, Turismo, Cultura, Seguridad y de manera especial el fondo de reconstrucción, en donde se desviaron miles de millones de pesos que estaban destinados a la reconstrucción y que fueron desviados para la campaña de Rodrigo Gayosso y de paso abultaron los bolsillos de los encargados del fondo de reconstrucción.

Si el gobierno de Margarita González Saravia retoma, revive e impulsa las denuncias en esos casos, dará una prueba irrefutable de que su gobierno no dejará pasar ningún caso de corrupción.

·         redes sociales

Por cierto: el tema del fondo de reconstrucción lo pueden retomar los diputados; sería un enorme logro que lo hicieran; al fin y al cabo quien detenía la investigación sobre ese tema ya no está en el congreso.

Comentarios para una columna optimista: eolopacheco@elregional.com.mx

X: @eolopacheco

Facebook: eolopacheco

Instagram: eolopacheco

Threads: eolopacheco