Observador político - Julio César y la corrupción de Movimiento Ciudadano

Bajo el manto de la política, la ética parece disolverse como azúcar en el agua, y el reciente caso del diputado Julio César Solís Serrano, presidente del Partido Movimiento Ciudadano, ilustra a la perfección la putrefacción que permea en ciertos sectores de nuestro sistema político.

ACUERDOS TURBIOS.-  Julio César Solís Serrano ha tejido un entramado de acuerdos y pactos que, lejos de representar los intereses de la ciudadanía, buscan resguardar los privilegios de una casta política que parece vivir en una realidad paralela; en su calidad de presidente del partido naranja, ha utilizado su posición para blindarse de cualquier acción legal, en complicidad con los fiscales Uriel Carmona y Juan Salazar Núñez.

Y es que el oscuro pacto realizado entre Solís Serrano y los fiscales ha permitido que su esposa, Carina Arteaga, evite enfrentar las consecuencias legales por su participación en el otorgamiento irregular de "pensiones doradas", tema al que por cierto, los diputados parecen tener amnesia al olvidarlo como una de sus promesas de inicio de legislatura quedando “congelado” en el cajón de los recuerdos.

La trama se complica aún más al descubrir que Juan Salazar Núñez concedió en su momento, al inicio de esta LV Legislatura, un "criterio de oportunidad" a la esposa del diputado Julio César Solís Serrano, un acto que a poco más de dos años huele a favoritismo, encubrimiento y complicidad mutua.

Lo que podría haber sido una oportunidad para enjuiciar a quienes abusan de su posición en la administración pública se convierte en un sainete vergonzoso, ya que Carina Arteaga, en su papel de Directora de Recursos Humanos en la LIII legislatura, desplegó una maraña de engaños al expedir constancias de antigüedad laboral con información presuntamente falsa. Este actuar no solo afecta la credibilidad del sistema sino que también implica un uso abusivo de los recursos públicos y por ello fue blindada por su marido.

La supuesta vinculación a proceso de algunas personas se desvanece como una estrategia para encubrir a Carina Arteaga y exonerarla de sus responsabilidades antes de que concluya esta legislatura de forma definitiva; por lo que el desistimiento de las denuncias, las sombras de la complicidad y el silencio cómplice de la LV legislatura son manchas indelebles en el tejido democrático que debería regir nuestro país.

La opacidad y falta de rendición de cuentas de los representantes públicos son males que socavan la confianza ciudadana; más aún, el caso de Solís Serrano y Carina Arteaga no es un hecho aislado, sino un símbolo de un sistema político corroído por la impunidad y la falta de escrúpulos respaldada por la mayoría de sus iguales quiénes han formado un frente denominado el G14 para protegerse y hacer negocios directos e indirectos que les reditúen beneficios diversos.

Lo peor, es que ahora el dirigente cuyo periodo como tal venció desde antes de que iniciara el proceso electoral el uno de septiembre del año pasado, pretende elegir candidatos a los diferentes cargos de elección popular sin hacer el menor esfuerzo por elegir a los más aptos y con los mejores perfiles, sino que se dedicará a “robarse” a los políticos resentidos que no queden en los diferentes institutos y sean, sino una opción de triunfo si de votos que le permitan otra vez reelegirse por la vía plurinominal tal y como lo hizo en el 2021 de forma cínica, ya que poco o nada le importó falsificar documentación y dijo ser de adscripción indígena.

“MOVIMIENTO PROGRESA”.- Jessica Ortega de la Cruz es una mujer joven y talentosa profesionista que ha ocupado cargos importantes, así como de representación popular desde lo local hasta lo federal. Actualmente, tiene una curul en San Lázaro y es la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión; además, desde hace más de dos décadas, ha mostrado un compromiso constante con su partido Movimiento Ciudadano. Por ello, no resulta sorprendente que sea la candidata a la gubernatura de Morelos.

Sin embargo, a pesar de la votación significativa del partido naranja, que representa alrededor del 7% de la preferencia electoral en el país y en la entidad, no logró construir una sólida alianza con diversos partidos políticos. Al final, se aliaron con uno de los partidos menos favorables en la entidad, sobre todo debido a quienes conforman ese instituto. Entre ellos, destacan los ex diputados de la Legislatura LIII, quienes actualmente compiten por destacar como los menos efectivos en comparación con los de la actual LV y juntos crearon al Frankenstein denominado: “Movimiento Progresa”.

Es importante recordar que la Legislatura LIII fue conocida por sus excesos, abusos y actos de corrupción, en los cuales participaron personajes como Francisco Moreno Merino, Julio Espín Navarrete, Hortensia Figueroa Peralta, Enrique Laffitte Breton, Silvia Irra Marín, Beatriz Vicera Alatriste, Éder Eduardo Rodríguez, Anacleto Pedraza Flores, Francisco Navarrete Conde, Edwin Brito Brito, Rodolfo Domínguez Alarcón, Ricardo Calvo Huerta, Julio Yáñez y José Manuel Tablas Pimentel. Cabe mencionar que este último es actualmente el dirigente del partido del Chinelo.

Estos ex diputados fueron señalados no solo por venderse descaradamente al ex gobernador perredista Graco Luis Ramírez Garrido, a quien aprobaron créditos multimillonarios que el pueblo de Morelos aún está pagando; fue esta legislatura la que amplió el periodo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de 14 a 20 años, una decisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que corregir.

Además, también designaron al Fiscal General del Estado por nueve años y con autonomía financiera, pero además, a pocos días de dejar el cargo, decidieron otorgarse bonos económicos, mostrando una clara falta de ética y respeto por la ley; desde el Congreso de Morelos, se destinaron recursos públicos millonarios a través de transferencias financieras que curiosamente llegaron a las cuentas de los ex diputados de la LIII. Por lo que no dudaron en firmar 46 cheques por un total de 9 millones 856 mil 788 pesos para al menos el 50% de los supuestos representantes populares.

Muchos de estos ex diputados siguen enfrentando procesos judiciales por parte de la Fiscalía debido a presuntos actos irregulares y diversos delitos, aunque ninguno ha sido encarcelado. La mayoría de ellos encontraron refugio en el partido Morelos Progresa, el cual constituyeron después de perder en el intento por regresar a cobrar salarios jugosos y onerosos como representantes populares en 2018.

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