Observador político - El calvario que viene para Uriel Carmona

El nombre de Uriel Carmona Gándara ha sido, por años, sinónimo de impunidad en Morelos. No por casualidad fue el fiscal de confianza del exgobernador Graco Ramírez, y su principal escudo político, quien impuso una red de protección institucional que incluía a personajes como Juan Salazar Núñez, quien fungió como fiscal Anticorrupción pero actuó más como tapadera que como vigilante del poder.

EL CALVARIO QUE EMPIEZA.- Hoy, el escenario es muy distinto, ya sin padrinos políticos a la vista, con sus antiguos aliados exdiputados desaparecidos del mapa y sin más influencia que su propio descrédito, Uriel Carmona comienza a saborear el amargo trago de la justicia. O al menos, el inicio de su calvario legal. Porque tras años de resistir todo intento de remoción por parte del mismísimo Andrés Manuel López Obrador, y tras casi ocho meses de que el Congreso de Morelos -presionado por la realidad y empujado por la voluntad popular- votó por su salida. Un hecho que en su momento fue celebrado públicamente por la hoy presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum no olvidó. Ni olvidamos que fue ella, como jefa de Gobierno de la CDMX, quien se atrevió a romper el pacto de impunidad al exhibir públicamente las pruebas del feminicidio de Ariadna Fernanda López.

Las imágenes de Rautel “N” cargando el cuerpo sin vida de la joven retumbaron en los medios como una bofetada a la conciencia colectiva; y también, como un recordatorio de que desde la Fiscalía de Morelos se intentó borrar el presunto crimen. Uriel Carmona intentó imponer la versión de una muerte “natural”, derivada de una supuesta intoxicación etílica, en lo que fue un intento grotesco de encubrimiento.

El enfrentamiento de la Fiscalía capitalina, encabezada en aquél momento por Ernestina Godoy, contrastó con la complicidad vergonzosa de su homólogo en Morelos, y por eso fue detenido. Y aunque el poder judicial federal, le devolvió su libertad y su cargo -alegando que gozaba de fuero-, el repudio social ya era irreversible. Fue un breve respiro para un fiscal que, más temprano que tarde, tendría que rendir cuentas.

Y ahora, sin fuero, sin aliados, sin inmunidad política, Uriel Carmona enfrenta lo que evitó por años: auditorías, investigaciones, y una ruta clara hacia el banquillo de los acusados. Ya no lo protege el Congreso, ni sus viejos aliados empresariales.

Es verdad que antes, incluso con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, los intentos por removerlo fracasaron. Y aunque el sistema judicial sigue arrastrando vicios históricos, la presión social y política para castigar a quienes usaron el poder como escudo ya no puede ser ignorada.

VA LA ESAF CONTRA EXFISCAL.- En Morelos, la podredumbre institucional no es un accidente: es un síntoma de un modelo político que ha hecho de la corrupción una forma de gobierno y prueba de ello, es el reciente anuncio de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), sobre posibles denuncias penales contra el exfiscal general Uriel Carmona Gándara por no transparentar 256 millones de pesos del ejercicio 2023, no es más que la punta del iceberg de una estructura diseñada para el saqueo y la simulación.

El exfiscal, encargado en su momento de procurar justicia, está ahora en el banquillo de los acusados. Y no por una omisión menor, sino por posibles delitos graves: dobles nóminas, fondos desaparecidos, adjudicaciones opacas y un exfuncionario que, convenientemente, se encuentra “no localizable”, según la propia ESAF. No es un hecho aislado. Es el patrón sistemático que define al sexenio de Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista convertido en gobernador con fuero forzado, cuyo paso por el poder dejó una estela de opacidad, desfalcos y corrupción institucionalizada.

La historia se repite en todas las dependencias auditadas. El Tribunal Superior de Justicia, el DIF, el Instituto de Educación Básica, el Fondo Carretero y la Comisión Estatal de Agua (CEAgua) acumulan irregularidades por más de 50 millones de pesos no solventados, solo en auditorías concluidas. Y mientras las denuncias se apilan en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) o el Tribunal de Justicia Administrativa, la población sigue esperando justicia que no llega.

El caso de los paneles fotovoltaicos en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, financiados con casi 3 millones de pesos federales, es otro ejemplo del absurdo burocrático: el recurso es federal, la auditoría estatal hace el trabajo técnico, pero debe esperar a que la Auditoría Superior de la Federación decida si hubo o no irregularidades. Entre tanto, el dinero se fue, la obra está, pero la transparencia brilla por su ausencia.

Este esquema –auditorías, observaciones, plazos, expedientes, y luego silencio– no es justicia, es una farsa que protege a quienes, desde sus cargos, utilizaron el presupuesto público como caja chica personal. Y aquí, como siempre, la corrupción no se castiga porque es parte estructural del sistema.

Lo verdaderamente indignante no es solo que se hayan robado millones. Lo imperdonable es que lo hayan hecho mientras miles de personas en Morelos viven sin acceso a agua potable, con escuelas cayéndose, con clínicas sin medicamentos y con un sistema judicial más preocupado por encubrir a los suyos que por castigar a los responsables.

SINOPSIS.- A 10 AÑOS DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS.- Hace una década se decretó la Alerta de Violencia de Género en Morelos y diez años después, los feminicidios siguen acumulándose con una impunidad que grita más fuerte que cualquier discurso oficial. Lo que debería ser un mecanismo de protección, prevención y justicia para las mujeres, se ha convertido en un protocolo vacío, en un archivo más que engrosa la burocracia sin tocar la raíz del problema.

Juliana García Quintanilla y José Martínez Cruz -activistas comprometidos con las causas sociales- de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos alzaron la voz nuevamente para denunciar lo que es evidente y, sin embargo, sigue sin atención real: el Estado no tiene una estrategia clara para detener la violencia feminicida. Peor aún, muchas autoridades ni siquiera conocen los protocolos que deberían guiar sus acciones.

Frente a esta omisión criminal, son personas como Juliana y José quienes, con escasos recursos pero una convicción inquebrantable, documentan cada feminicidio, cada agresión, cada delito que se comete contra las mujeres y otros grupos históricamente vulnerados. Son ellas y ellos quienes construyen memoria, verdad y resistencia.

Pero esto no debería ser así. No puede ser que la responsabilidad de frenar la violencia patriarcal recaiga únicamente en activistas y colectivos, no, la omisión institucional también mata, al igual que la negligencia que también es violencia. Y el silencio cómplice de quienes ostentan el poder, desde el gobierno estatal hasta los municipios, perpetúa un sistema que considera a las mujeres y disidencias como desechables.

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