Serpientes y escaleras - Justificar lo injustificable

Defender antes de investigar se ha convertido en una constante de los gobiernos

Justificar lo injustificable

En política los errores no siempre derriban a los gobiernos, pero la manera como los enfrentan suele marcar la diferencia entre la confianza ciudadana y el descrédito. Como en otras administraciones, la actual está cayendo en la tentación de justificar antes de investigar, defender sin conocer y confiar sin revisar. La gobernadora es una mujer decente, pero abusan de su amistad al no informarle todo lo que sucede a su alrededor.

Ejemplos hay varios en lo que va de la administración: sucedió cuando la directora del Instituto de Crédito Fabiola Urióstegui ayudó a limpiar el expediente de su antecesora Paula Trade, reiteradamente señalada por malos manejos y por su cercanía con el exgobernador Graco Ramírez; la ayuda de Urióstegui Alvear permitió a la priísta asumir el cargo de síndica en la capital.

Luego vino una historia más: a nombre del Instituto de Crédito Urióstegui firmó el desistimiento de un juicio de amparo que el organismo tenía en contra del exgobernador Graco Ramírez, sujeto a proceso y obligado a comparecer. Aunque jurídicamente el tabasqueño iba a ganar el litigio, la acción de Fabiola Urióstegui se interpretó como una traición a la gobernadora y a Morena.

Antes de ser cesada, hubo muestras de apoyo y respaldo a la funcionaria, se dijo que no había nada que reprochar y que la dependencia había actuado conforme a derecho; pero no era así: cuando la gobernadora supo lo que su subordinada había hecho, ordenó su inmediata expulsión.

La historia se repitió en la figura de Josué Fernández, coordinador de transporte en el estado; el sujeto era un boquiflojo, se la pasaba presumiendo su estrecha relación con la gobernadora, decía que “Margarita” le llamaba “para pedirle consejos” y presumía la dependencia personal que la jefa del ejecutivo había creado con él. “Me llama para todo… la coordinación se hizo por iniciativa mía, ella no tenía idea de lo que se requería y le expliqué que ese era el mejor camino” me comentó el funcionario la única vez que lo vi, acompañado, por cierto, de una joven vestida de forma llamativa con la que el coordinador intercambiaba miradas y caricias.

Aunque el paso de Josué Fernández por Transporte fue fugaz, el daño que provocó al estado es enorme, porque sumió en crisis a la dependencia que más recaudación local generaba y afectó a cientos de miles de ciudadanos que durante meses pernoctaron afuera de las oficinas y se formaban por más diez horas para cumplir con su obligación de pago.

Las críticas al desempeño de este personaje comenzaron desde su nombramiento, se le señalaba por su escasa experiencia profesional, nulo conocimiento del sector que le habían encargado y su proclividad al dinero, las fiestas y las mujeres.  Quienes lo conocían afirmaban que nunca había trabajado formalmente, recordaban que junto con Andrés Bahena hacían negocios, traficaban influencias y tenían una red que, según algunos, parecía de prostitución, pero en el mejor de los casos representaba un trato poco ortodoxo hacia el personal femenino de algunas dependencias de gobierno.

A pesar de los múltiples rumores dentro y fuera del gobierno, la defensa hacia esa persona se repitió igual que en el caso de Fabiola Urióstegui, hasta que algo sucedió y de manera repentina la gobernadora Margarita González Saravia determinó su inmediata destitución sin conceder la audiencia que Josué Fernández buscó por varios lados en las horas previas a su salida. De la mano de Josué, por cierto, se fue Andrés Bahena, de quien se contaban las mismas historias y hacia quien también hubo protección institucional.

El caso más reciente es el de la exsecretaria de Hacienda Mirna Zavala Zúñiga; a la dama se le cuestionó desde el principio de la administración porque nadie supo las razones para incluirla en el gabinete toda vez que formaba parte del círculo cercano de Cuauhtémoc Blanco y además, no tenía ni la experiencia ni los conocimientos necesarios para sacar adelante la dependencia que le encomendaron.

Ya como secretaria la transformación de Mirna fue total: atrás quedó la dama sencilla, amable y atenta, en su lugar apareció un personaje arrogante, grosero, que trataba mal a su personal y que de inmediato se enemistó con todos los integrantes del gabinete, porque ponía trabas a todos, hacía valer el poder que le daba manejar el dinero y no hacía caso ni a la gobernadora.

Los propios funcionarios comenzaron a filtrar sus errores y los malos manejos que había en esa oficina, particularmente los relacionados con el manejo de las cuentas bancarias, los recursos financieros del estado y los dividendos que generaban las inversiones que no se reportaban. Ahí, decían, se escuchaban los nombres de otros personajes cercanos al primer círculo de la gobernadora: “Ellos la contactaron con la gente de Banorte y son parte del negocio”, afirman otros secretarios muy cercanos al afecto de la mandataria.

¿Y por qué no le dices? Pregunté a quién me compartió esta historia por primera vez “Porque son los que que acarrearon el dinero de la campaña, quienes ahora operan el regreso y presumen ser los que atraerán inversiones; con ese sombrero operan sin que nadie les diga nada, porque cuando alguien señala que se están haciendo mal las cosas dicen que están juntando “el retorno”. Esos personajes, por cierto, hacían lo mismo en el gobierno de Graco Ramírez.

Fue la divulgación de una propiedad millonaria en uno de los fraccionamientos más exclusivos de la capital lo que colocó a Mirna Zavala contra la pared. La historia se comenzó a contar de a poco, primero sin decir su nombre, pero rápidamente el tema se volvió viral, se le añadieron ingredientes y se construyó una narrativa que acabó con la poca imagen de la secretaria, a pesar de que, como siempre, institucionalmente se le defendió y el gobierno metió las manos al fuego por ella.

El Mascareño Gate merece una reflexión particular, porque mostró el peso de la opinión pública en un tema mediático, que, por cierto, no es la falta más grave de la secretaria. La propiedad en cuestión no coincide con los ingresos de Mirna Zavala, pero más allá de ello existen historias mucho más graves, de millones de pesos, pero que no atrajeron tanto la atención pública. Zavala despreció a la prensa, lastimó a los medios de comunicación, se peleó con todos los secretarios y a la vuelta del tiempo sufrió las consecuencias: su carrera política y trayectoria en el servicio público se acabaron.

La defensa anticipada a funcionarios y políticos cuestionados se ha vuelto una constante en los gobiernos de Morena, esta mala práctica ha erosionado la confianza ciudadana en el proyecto, lastima a quienes sí se mantienen en la línea de la prudencia y medianía, provocan una percepción de proteccionismo que aunque no ha sido capitalizada bien por la oposición y ya se apoderó de la narrativa en la prensa y las redes sociales.

La defensa anticipada de casos de corrupción anula el discurso de transparencia, manda un mensaje de impunidad, complicidad y complacencia, daña la imagen del gobernante y pone en entredicho la regla de no mentir, no robar y no traicionar.

Los gobiernos no se debilitan por las fallas de sus integrantes, sino por la manera como deciden enfrentarlas. Defender a un colaborador a ciegas es una lealtad mal entendida, porque se actúa por razones políticas y no con argumentos sólidos, ni apegados a derecho. La gobernadora ha sido leal al defender a sus funcionarios, pero ellos la traicionaron al actuar de manera indebida.

Frente a los casos de corrupción, ineficiencia e ilegalidad, la ciudadanía exige cuentas claras, no explicaciones apresuradas.

·         posdata

Hace unos días Antonio Villalobos habló del resolutivo judicial que lo favorecía en uno de los varios expedientes en su contra; “he sido víctima de una persecución política por enfrentarme al gobernador Cuauhtémoc Blanco”, afirma el exalcalde de Cuernavaca, convencido que sus problemas legales han llegado a su fin.

Pero aunque la decisión de un juez representa un punto a su favor, la historia sobre su corrupción desmedida podría no haber llegado a su fin; a Villalobos le benefició el acuerdo económico que, dicen, tuvo con el exfiscal anticorrupción Juan Salazar y con el expresidente del TSJ Jorge Gamboa.

En los pasillos de poder se ha hablado desde hace mucho tiempo de fuertes de las sumas millonarias que el imputado tuvo que entregar a cambio de que sus procesos se llevaran en libertad y, como sucedió recientemente, obtuvieran un resolutivo favorable.

Corresponde a Leonel Díaz Rogel demostrar que la impunidad que caracterizaba a la FECC se acabó; el gobierno de José Luis Urióstegui afirma que se han presentado más de 40 denuncias en contra de Antonio Villalobos, algunas irrefutables como el hecho que el munícipe utilizó dinero del cobro anticipado del impuesto predial, algo que está prohibido en la ley. Es justamente lo mismo que también hizo antes de irse Manuel Agüero Tovar.

El Lobo Villalobos ha cantado victoria a los cuatro vientos y ello confirma que la imprudencia que lo caracterizó como alcalde sigue siendo parte de su personalidad; en lugar de guardar silencio y dejar que las cosas se enfríen, provoca a las autoridades, se presenta como víctima y reta a las instituciones.

Veámoslo de esta forma: Antonio Villalobos se llama inocente y afirma que siempre se manejó dentro de la ley, pero en tres años construyó un patrimonio que el ochenta por ciento de los ciudadanos no consiguen a lo largo de toda su vida. Cuando era alcalde suplente en la planilla de Morena rentaba un departamento de interés social, viajaba en una vieja motoneta y no tenía ningún tipo de bien mueble, inmueble, ni dinero en el banco, como él mismo lo estableció en su declaración patrimonial.

Tres años más tarde posee varias propiedades en Cuernavaca, alguna en Acapulco y otra más en la ciudad de Houston, además de una envidiable colección de vehículos de alta gama, motocicletas de cientos de millones de pesos y una abultada cuenta bancaria que le ha permitido mantener un muy alto nivel de vida sin trabajar en los últimos cuatro años.

Las instituciones dicen necesitar pruebas para actuar, pero el ciudadano no requiere más que lo que está a la vista para darse cuenta de que un funcionario es ladrón.

El reto del nuevo fiscal anticorrupción es ponerle fin a la impunidad.

·         nota

El exgobernador Cuauhtémoc Blanco ya entró al debate electoral morelense y ha lanzado una apuesta económica fuerte. “El candidato en Cuernavaca va a ser Víctor Mercado… de eso me encargo yo”.

Y cómo se ven las cosas, es muy probable que gane su apuesta.

·         post it

La gente no es tonta, como piensan los gobernantes; se da cuenta que en temas de corrupción unos se cubren a otros, se benefician y justifican lo injustificable.

Para la opinión pública esto no es un error por ingenuidad, sino un acto deliberado de protección.

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