Observador político - Van con todo contra el diputado Bermúdez, acusado de corrupción

En tiempos donde la corrupción y el abuso de poder parecen ser pan de cada día en la política, un rayo de esperanza emerge en la forma de una valiente comunidad decidida a hacer justicia, tal como ha ocurrido con los integrantes de la asociación civil, Gustavo Salgado, quienes con su dirigente Gabriel Rivas Ríos “se la jugarán” hasta lograr que se haga justicia.

VAN CON TODO CONTRA ALEJANDRO MARTÍNEZ.- En los próximos días las calles se llenarán de voces indignadas, de ciudadanos que se niegan a permitir la impunidad y el encubrimiento de actos corruptos como el que pretende que se olvide el diputado de Morena, Alejandro Martínez Bermúdez, acusado de solicitar sobornos a una extrabajadora de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado; por lo tanto, este movimiento se ha convertido en un símbolo de resistencia.

Gabriel Rivas Ríos, dejó en claro que intensificarán sus protestas y movilizaciones en los próximos días, y con razón, el objetivo es que este político, que se supone debería ser un representante del pueblo, enfrenta acusaciones graves de corrupción, demostrando que la tentación del enriquecimiento personal a expensas de la confianza pública sigue siendo una realidad palpable en nuestra sociedad.

La denuncia de que el diputado Martínez Bermúdez solicitó sobornos a una extrabajadora de la Auditoría Superior de Fiscalización es un recordatorio amargo de la cultura de impunidad que a menudo permea nuestros círculos políticos; es una muestra de la presunta complicidad entre miembros del G15 del Congreso del Estado que ha alimentado la corrupción y socavado la confianza de la ciudadanía en sus representantes.

Sin embargo, lo más alentador es la firmeza con la que Gabriel Ribas Ríos y sus compañeros de lucha están decididos a enfrentar esta situación; prometen tomar todas las medidas legales, políticas y sociales necesarias para que el diputado sea castigado de acuerdo con la ley por su presunto intento de extorsión; es decir, es un recordatorio de que la democracia se fortalece cuando los ciudadanos están dispuestos a levantarse y demandar cuentas a quienes ostentan el poder.

A pesar de la complicidad y los intentos de algunos diputados por proteger al legislador acusado de corrupción, la comunidad movilizada no se dejará intimidar; su resistencia es un recordatorio de que la justicia debe prevalecer sobre la impunidad, y que ningún cargo político debe ser un escudo para escapar de las consecuencias de actos inmorales.

El anuncio de que el diputado Martínez Bermúdez podría enfrentar hasta siete años de prisión por condicionar el acceso al trabajo de una servidora pública a cambio de dinero es un claro mensaje de que la corrupción no quedará impune. Las instituciones anticorrupción están en movimiento, y se espera que la justicia se imponga, independientemente de los intentos de protección.

La reciente visita a la Fiscalía Anticorrupción, donde se les prometió una respuesta en menos de dos semanas, es un paso en la dirección correcta. La comunidad no está dispuesta a ceder ante la presión y continuará luchando por un sistema político más transparente y honesto.

En resumen, el caso del diputado Alejandro Martínez Bermúdez es un recordatorio doloroso pero necesario de la importancia de la vigilancia ciudadana y la lucha contra la corrupción. La comunidad que se ha levantado contra la impunidad merece todo nuestro apoyo y respeto. En un mundo donde la política parece estar dominada por intereses particulares, estas voces valientes nos recuerdan que la justicia es una lucha constante, y que juntos, como sociedad, podemos hacer la diferencia.

PROCESO DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS: EJEMPLO DE CORRUPCIÓN Y AMBICIÓN.- En el corazón mismo de la democracia y la justicia, en el Congreso del estado de Morelos, se está llevando a cabo un proceso de designación de magistrados que arroja una luz sombría sobre la integridad de nuestros representantes legislativos, es decir, este proceso, lejos de ser un ejemplo de transparencia y mérito, está sumido en la corrupción y la ambición desmedida de los diputados que ocupan sus curules.

Uno de los aspectos más alarmantes de esta situación es el manejo de los recursos financieros por parte de nuestros legisladores; en un momento en que deberían estar demostrando austeridad y responsabilidad con los fondos públicos, vemos un aumento significativo en su presupuesto, a pesar de que el número de diputados ha disminuido.

Basta con recordar el aumento, de 480 millones de pesos más que tienen los actuales diputados siendo solo 20 diputados a diferencia de los 400 millones de pesos cuando eran 30 representantes populares, amen de la opacidad y falta de transparencia en qué y cómo se lo están gastando, lo que pone de manifiesto su insaciable voracidad financiera y su desdén por la responsabilidad fiscal que deberían tener hacia sus electores.

Pero la voracidad de estos legisladores no se detiene allí; muestran un claro interés en proteger a sus iguales, incluso cuando son acusados de corrupción; esto se hace patente en el caso de Alejandro Martínez Bermúdez así como su inexplicable falta de acción para esclarecer el asesinato a un año de la ex diputada Gabriela Marín; por el contrario, en lugar de buscar justicia, parecen proteger a aquellos que podrían estar involucrados en el feminicidio de la joven militante de Morelos Progresa.

Sin embargo, donde esta voracidad y ambición desmedida se manifiesta de manera más flagrante es en el proceso de designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia ya que desde el principio, hubo indicios de ventas de estas posiciones, con rumores de ofertas de hasta cinco millones de pesos. Además, la propuesta de adelantar el proceso de jubilación de magistrados con tan solo ocho años de servicio, con el 75 por ciento de su sueldo, es una maniobra cuestionable que solo beneficia a unos pocos ya que se llevarían alrededor de 75 mil pesos mensuales de por vida y en caso de ausencia terrenal, sus parejas o sus hijos, cobrarían ese recurso nada despreciable por ser vitalicio la oferta hecha.

A pesar de las numerosas críticas y señalamientos, el Órgano Político Calificador del Congreso se niega a comprometerse a un voto abierto ante el Pleno legislativo, lo que genera un fuerte olor a corrupción; parece que los únicos beneficiarios de estas designaciones serán los diputados del G15, que actúan de manera opaca y sin transparencia.

Por lo tanto, las entrevistas a los 245 abogados que aspiran a una magistratura parecen ser una farsa, ya que los diputados parecen tener predilección por imponer a sus elegidos en lugar de seleccionar a los más talentosos y honestos; esta práctica no es nueva y ha quedado patente en nombramientos pasados, como en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

La indignación de los empresarios y representantes de organizaciones civiles que han acudido al Congreso para demandar transparencia en este proceso es comprensible; aunque es poco probable que sus llamados sean escuchados, ya que esto podría poner en peligro los oscuros negocios que algunos diputados podrían estar planeando.

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