Serpientes y escaleras - El duelo de la percepción

Dicen que vamos bien en seguridad, que hay buenos resultados. El problema es que no se siente así.

El duelo de la percepción

Los gobiernos enfrentan una lucha constante en distintos frentes, uno de ellos, casi siempre el principal, es en materia de seguridad. A lo largo de los años las administraciones estatales y municipales han sostenido una lucha doble: contra los grupos criminales y contra la opinión pública; en ambos casos van perdiendo la batalla. Si no se atienden ambos aspectos de manera conjunta, los logros nunca van a ser bien apreciados por la sociedad.

Hace unos días la gobernadora Margarita González Saravia reiteró que la principal preocupación de su gobierno es la seguridad; en el marco del programa estatal de desarme resaltó la coordinación que existe con el gobierno federal y el ejército en tareas de pacificación, situación que ha permitido avances importantes en la lucha contra el crimen.

En las dos posiciones claves del área, la fiscalía y la secretaría, la mandataria tiene personas de su entera confianza, expertos en el tema, dedicados de lleno a atender los problemas que todos los días surgen en materia de violencia e inseguridad.

Pero los problemas no son por falta de voluntad o esfuerzo, tampoco radican en la coordinación institucional o en el ánimo de los gobernantes, sino en el hecho que se trata de un conflicto multifactorial, añejo, influenciado por distintas circunstancias y que no se resolverá en el corto plazo.

Una y otra vez hemos escuchado a los políticos prometer que acabarán con la inseguridad, que pondrán freno a la delincuencia y pacificarán el estado; desde hace dos sexenios se estableció una mesa diaria para trabajar desde varios frentes la situación, es un espacio en donde concurren autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes del estado, encabezada en muchas ocasiones por el propio jefe del ejecutivo.

A pesar de ello las cosas han cambiado muy poco o nada, porque más allá del esfuerzo, los planes y los informes que constantemente se presentan, para el ciudadano la inseguridad sigue siendo un problema serio, fuera de control, que rebasa a las autoridades y genera desconfianza. ¿Qué pasa?

El secretario de seguridad en Morelos reconoció esta semana que hay violencia, pero añadió que se trata de hechos aislados; argumentó que frente a ello se han logrado detenciones importantes que pegan con fuerza a las estructuras criminales y logros que reafirman que la estrategia funciona. El problema no es el discurso ni las pruebas que aporta Miguel Ángel Urrutia, sino lo que sucede a su alrededor: el lunes, en un solo día, hubo cinco ejecuciones. ¿Cómo aplaudir la estrategia de seguridad con situaciones así?

En otro momento Urrutia informó, basado en estadísticas federales, que el trabajo estatal en materia de pacificación sobresale a nivel nacional, que localmente se han reducido los delitos, se han detenido a más delincuentes y logrado que Morelos sea un estado más seguro que cuando inició la administración. Y es cierto: los números son fríos y así lo muestran, pero a pesar de eso la gente no lo cree. ¿Por qué?

Los encargados de diseñar la estrategia de seguridad en el estado se han enfocado en el aspecto policiaco sin tomar en consideración la opinión pública; para los secretarios del pasado, como ocurre hoy, “con que el jefe (a)” sepa que están trabajando es suficiente, suponen que con detenciones, operativos, patrullajes y ruedas de prensa todo el panorama está cubierto y por ello la gente reconocerá los avances. Pero no es así.

Sobre todo ahora que la información fluye permanentemente a través de las redes sociales y el rumor se propaga con más rapidez que cualquier comunicado oficial, el esfuerzo que las instituciones hagan en el terreno de la percepción se traduce en ayuda directa a todas las demás estratégias, particularmente las relacionadas con aspectos que se mueven por hechos de violencia.

Digámoslo de esta manera: los gobiernos de Sergio Estrada, Marco Adame, Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco presumían que durante su mandato las cosas iban bien en seguridad, que los avances eran palpables y con números respaldaban sus dichos. Pero la gente no lo veía de esa manera, por el contrario, estaban convencidos de que las cosas estaban mal y dicha apreciación se nutría con los constantes hechos de violencia que se suscitaban.

Ninguna de esas administraciones, ni la actual, han considerado la necesidad de explicar al ciudadano común la diferencia entre violencia e inseguridad, para hacer entender que los hechos de sangre, graves sin duda, no le ocurren al ciudadano común porque tienen carácterísticas especiales y las víctimas tienen antecedentes que los colocaron en situación de riesgo. Es explicar lo que dicen desde hace años de otra manera: se están matando entre ellos.

En los últimos dos sexenios, el de Cuauhtémoc Blanco y el de Margarita González Saravia, las instituciones de seguridad dejaron de comunicar, permitieron que los hechos de sangre se difundieran a partir del rumor y las historias de violencia se narraran en las redes sociales sin contrapeso ni filtro oficial, es decir, frente a los dichos en X o Facebook, casi siempre sin elementos de prueba ni veracidad, está el silencio institucional.

Miguel Ángel Urrutia y este gobierno consideran que con una rueda de prensa quincenal se cubre la cuota informativa necesaria y el secretario presume que en cada rueda de prensa deja “pistas” de su trabajo. La idea es correcta si habláramos de una serie de televisión, pero no aplica en una realidad en donde las instituciones necesitan repetir mucho su verdad para hacer contrapeso a los rumores e historias falsas. Las pistas nadie las ve, ni les interesan.

Así como los grupos delictivos recurren a estrategias para infundir miedo a la gente y fortalecer su trabajo, las policías y los gobiernos necesitan de una campaña permanente e intensa de información que contrarreste los rumores y ataje opiniones falsas o exageradas que nublan los logros institucionales y generan molestia entre la población.

Suponer que solo hay que informar al superior jerárquico y que la gente se dará cuenta sola del trabajo de las policías es un error clave en la estrategia y justo eso está ocurriendo actualmente. Frente a los hechos de violencia diarios que ocurren en todo el estado, las autoridades guardan silencio y permiten que se construyan narrativas en las redes sociales, exageradas o falsas y siempre en contra del gobierno.

¿Hace cuánto no se informa de manera oficial y oportuna respecto a un caso de violencia? ¿Cuándo fue la última vez que la secretaría de seguridad o el gobierno estatal aclararon un hecho delictivo? El silencio también es un mensaje y en estas circunstancias casi siempre van en contra de la imagen institucional. Una rueda de prensa quincenal con mensajes cifrados no cambia la narrativa que corroe la confianza de la gente en sus autoridades, lastima la imagen de un gobierno que recién comienza y generar opinión desfavorable hacia la autoridad.

La inseguridad es un problema muy serio en todo el país, mediáticamente se trata del aspecto que más se discute y que en el futuro próximo será el eje de los discursos de campaña. Es real que la administración de Margarita González Saravia ha puesto un interés particular en el tema de la seguridad y que ella en lo personal, a diferencia de sus antecesores, encabeza las mesas de paz.

Sin embargo, este esfuerzo y los resultados no se perciben porque la narrativa va en sentido contrario, la gente siente miedo, las instituciones no informan y las redes sociales juegan en contra del discurso oficial, sin que desde el gobierno se haga nada para contrarrestar la percepción negativa.

Mientras el gobierno no tenga una estrategia integral que incluya el trabajo en campo, planes policiacos y comunicación para que la gente sepa lo que se está haciendo, la idea de que estamos peor que antes no cambiará.

Y esta lógica aplica en todas las áreas de gobierno.

·         posdata

A un mes de que se cumpla el primer año de gobierno de Margarita González Saravia, vale la pena recordar cómo han sido los inicios de las ultimas administraciones estatales:

El de Graco Ramírez (2012-2018) fue relativamente prometedor, con campañas de comunicación fuertes que hacían énfasis en transparencia y combate a la corrupción; pasados los primeros meses los hechos de violencia comenzaron a minar su imagen pública, aunque el control casi total del congreso le permitió impulsar programas de alto impacto antes de que la percepción social se volviera negativa.

El arranque de Cuauhtémoc Blanco (2018-2024) fue mediático y carismático, resultado de su popularidad como futbolista y la imagen arrolladora del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena. La falta de experiencia del gobernante lo llevaron rápidamente a padecer escándalos en su gabinete, señalamientos de corrupción y críticas por su capacidad para gobernar; su popularidad local se erosionó rápidamente producto de la percepción de desorganización y frivolidad.

Con Margarita González Saravia (2024-2030) los primeros meses han estado marcados por los cambios tempraneros en su gabinete y las historias de corrupción que se multiplican en su gobierno. En términos de comunicación, intenta proyectar control y acción, pero los escándalos, la corrupción, la falta de resultados y los incesables problemas de inseguridad aumentan rápidamente la opinión de desconfianza y falta de carácter. A diferencia de Graco y Cuauhtémoc, Margarita enfrenta desde el inicio un intenso escrutinio sobre inseguridad y corrupción que superan por mucho el discurso de honestidad y cercanía con la gente.

No se puede decir que el de González Saravia es un arranque peor que el de sus antecesores, lo que pasa es que hoy su figura y su administración enfrentan desafíos más sensibles; el reto de su gobierno es aprender rápido de los errores del pasado.

Los estrategas del régimen deben hacer algo al respecto. Y rápido.

·         nota

La de Cuernavaca es una historia política que se está construyendo al ritmo de la personalidad de su alcalde. José Luis Urióstegui es un hombre prudente, alguien que no se complica la vida y es cuidadoso de las decisiones que toma.

Esa forma de ser le ha servido para avanzar en su primer periodo como autoridad, la gente lo identifica como un hombre serio, honesto, que se ha dedicado a sanear al municipio y avanzar en temas que impedían a la ciudad salir adelante.

Sin embargo, esa situación puede no ser suficiente en el futuro: Urióstegui concluirá su periodo como alcalde en el 2027 y aunque es la figura más fuerte del PAN en la zona metropolitana, su gobierno necesita hacer más en los siguientes meses para afianzar la influencia de esa casa política.   

Digámoslo con claridad: frente a una elección desafiante, el gobierno capitalino y su titular necesitan ahora enfocar más el esfuerzo en lo mediático, en trabajos que la gente pueda apreciar y en un manejo informativo que destaque la imagen del abogado como alguien que pasa de la prudencia a la acción.

La que viene será una elección más difícil que la anterior y la percepción será clave en el resultado.

·         post it

“¿No es una falta de respeto a la ciudadanía y a los militantes de siete estados que se haga turismo político por una pluri y desde un espacio ganado con votos de personas de otras entidades? Se quiere simular que existe trabajo social y político en otra ciudad de otro estado para posicionarse mediáticamente”

El comentario me lo hace un amigo morenista, morelense, cuernavaquense, a propósito del primer informe de labores de la diputada federal Magda Erika Salgado Ponce, representante popular por asignación proporcional de la segunda circunscripción, integrada por los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

El “turismo político” es un concepto utilizado para describir la movilización irregular o fraudulenta de votantes de un lugar distinto al de su residencia, con la finalidad de influir en una elección.

No tengo claro si lo hecho por Meggie Salgado encaja en el llamado turismo electoral, pero me queda claro que se trata de una acción que pretende posicionarla de cara a la elección intermedia, porque desde hace años aspira a competir por Cuernavaca.

En términos formales Salgado Ponce no es representante por Morelos (aunque los diputados federales lo son del país entero), ni ha ganado nunca una elección; la suya es una diputación plurinominal conseguida por amiguismo, resultado de algún tipo de acuerdo personal, sin ningún sustento ciudadano, ético, legal o estructural. Así de claro, aunque no guste y aunque al rato la diputada diga que una opinión así es violencia política de género. Lo que es, es.

·         redes sociales

Debo reconocer que Alito Moreno me cae mal, porque representa lo peor de la política: corrupción, prepotencia, abuso de poder, simulación, perversidad, impunidad, ineptitud, complicidad…

Pero Gerardo Fernández Noroña es peor.

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