Observador político - La democratización del Poder Judicial: ¿Una transformación o espejismo electoral?

En el marco de la armonización del Poder Judicial federal en Morelos, el proceso electoral para elegir un total de 881 cargos judiciales a nivel nacional se ha puesto en marcha, con una especial atención a los 22 cargos correspondientes a esta entidad, entre ellos, magistraturas y jueces de distrito.

SOBRAS Y DUDAS LA ELECCIÓN JUDICIAL.- Sin embargo, lo que podría parecer un paso hacia la democratización de la justicia es, en realidad, un proceso lleno de sombras y dudas que debe ser analizado con un enfoque crítico.

Este proceso, que se celebrará el 1° de junio, representa un hecho histórico ya que por primera vez en el país, 881 cargos judiciales serán sometidos a votación popular; es cierto que el voto directo del pueblo podría dar lugar a una justicia más cercana a las necesidades de la sociedad, pero ¿realmente el sistema está preparado para una reforma de tal magnitud?

A nivel estatal, Morelos será testigo de la elección de 12 magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, 10 jueces de distrito y tres magistrados para la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Morelos cuenta con un padrón electoral de más de un millón y medio de ciudadanos, se pone sobre la mesa la pregunta de si la ciudadanía, en su mayoría alejada de los tecnicismos legales, está en condiciones de elegir a los mejores perfiles para ocupar estos cargos de gran relevancia.

La incorporación de los cargos judiciales al proceso electoral podría verse como un paso hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, en un contexto político cada vez más polarizado y en el que los recursos para las campañas judiciales son elevados, existe el riesgo de que los postulantes se conviertan en simples piezas dentro de un juego político más amplio.

LOS TOPES DE CAMPAÑA.-  Con topes de campaña que alcanzan los 1.4 millones de pesos para las candidaturas más relevantes, el financiamiento de las campañas judiciales podría distorsionar el proceso democrático, favoreciendo a aquellos con mayores recursos o conexiones políticas.

El proceso también plantea interrogantes sobre la politización de la justicia. Si bien los aspirantes tienen derecho a difundir sus propuestas y logros, el hecho de que su ascenso dependa del voto popular introduce una variable peligrosa: ¿cómo se garantizará la independencia judicial cuando los jueces y magistrados son elegidos con base en simpatías políticas y no en méritos profesionales?

Un punto preocupante es la presencia de 72 candidatos para las 12 magistraturas del Circuito Judicial XVIII en Morelos y de 60 aspirantes para los 10 puestos de jueces de distrito. Si bien la competencia puede ser un indicio de un sistema judicial dinámico, también genera la pregunta de si realmente existe una preparación adecuada de los votantes para tomar decisiones fundamentadas en temas tan complejos como la justicia penal, laboral o mixta.

Los ciudadanos pueden verse sobrepasados por una oferta tan amplia de perfiles, sin contar con los elementos necesarios para evaluar sus competencias técnicas y éticas.

Por otro lado, la ley establece ciertos límites y regulaciones para las campañas, como la prohibición de distribuir publicidad que no sea biodegradable o la suspensión de propaganda tres días antes de la jornada electoral. Si bien estas medidas suenan positivas desde una perspectiva ecológica, no son suficientes para contrarrestar el riesgo de que el dinero y la exposición mediática influencien más que las cualificaciones reales de los candidatos.

El proceso de elección del Poder Judicial debería ser una oportunidad para fortalecer la legitimidad de la justicia, pero no parece que este modelo, que ya ha sido cuestionado en otros países, sea el camino correcto.

EXIGE EL CAMPO JUSTICIA; MARCHAN A LA CDMX.- Desde el 7 hasta el 10 de abril de 2025, la Ciudad de México se verá envuelta por una de las movilizaciones campesinas más significativas en años.

Y es que, miles de campesinos, organizados por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), marcharon desde diversos puntos del país para demandar lo que el gobierno les ha negado durante décadas: justicia agraria, respeto a sus derechos y una política pública que, de verdad, fortalezca al campo mexicano.

En un contexto crítico de pobreza y despojo, los campesinos, quienes a menudo son vistos como la "espina dorsal" de nuestra nación, han decidido alzar la voz en las calles capitalinas. Y lo hacen con un grito que resuena más fuerte que nunca, especialmente en este 2025, cuando se conmemoran 106 años del asesinato de Emiliano Zapata, uno de los máximos exponentes de la lucha agraria.

La fecha no es casual, ya que simboliza al general Emiliano Zapata la esperanza de un campo más justo, una esperanza que hoy se convierte en un reclamo urgente ante el fracaso de las políticas agrarias actuales.

LAS DEMANDAS.- Son claras y urgentes las peticiones de los campesinos que exigen, por un lado, un aumento significativo en el presupuesto destinado al campo, que, lejos de ser un gasto superfluo, representa una inversión en la soberanía alimentaria y en la dignidad de quienes alimentan al país.

De acuerdo con las cifras más recientes, México depende en un alarmante 56% de las importaciones de alimentos, lo que no solo compromete nuestra seguridad alimentaria, sino que pone en riesgo la autonomía económica del país. Este es un claro ejemplo de cómo la política agraria ha fracasado rotundamente, dejando al campo mexicano en una situación de constante vulnerabilidad.

Además, las movilizaciones también tienen como bandera la exigencia de una reforma integral de las políticas agrarias, que permita solucionar el rezago agrario que ha afectado durante años a las comunidades rurales. El agua, un recurso vital que ha sido saqueado por intereses privados, se presenta como otra de las grandes demandas de los campesinos. El despojo de este recurso, que afecta gravemente a sus cosechas, es una clara muestra de la precariedad en que viven, a pesar de ser los principales productores de lo que consume la nación.

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