Observador político - Veto obligatorio a la Ley del Servicio Civil

Las promesas de cambio y transparencia que tantas veces escuchamos durante las campañas políticas se desvanecen rápidamente al confrontar la realidad de la gestión legislativa, un ejemplo de ello, son los diputados actuales, quienes al igual que los de legislaturas anteriores, han demostrado ser maestros en el arte de transformar sus apariencias de humildes servidores públicos en privilegiados amos del presupuesto. Llegaron como ciervos, pero se han ido como lobos, repletos de beneficios económicos que, lejos de servir al pueblo, les sirven solo a sí mismos.

EXCESOS LEGISLATIVOS. - Uno de los más recientes y flagrantes ejemplos de esta voracidad es la reforma constitucional auto aprobada por los propios legisladores; esta reforma no solo representa un escandaloso conflicto de interés, sino que también desafía la lógica y la justicia.

Por lo que, en lugar de trabajar para el bienestar de la ciudadanía, han diseñado una reforma que los clasifica como trabajadores, cuando en realidad no tienen patrones, trabajan a su conveniencia, y se benefician de un sistema que les concede dietas, viáticos, celulares, apoyo para autos y casas, entre otras prebendas.

Este descaro, en el que se autoasignan beneficios que deberían estar orientados al servicio del pueblo, resulta aún más grotesco al considerar la corrupción inherente en la venta de magistraturas y otros cargos. La actitud de los legisladores se ha convertido en una crónica de un festín perpetuo a expensas del erario público y de los actuales que seguirán en la siguiente legislatura y que se les tiene que reprochar esas acciones gansteriles son: Francisco Sánchez Zavala, Andrea Guadalupe Gordillo, del PAN; Tania Valentina Rodríguez Ruiz y Alberto Sánchez Ortega, ambos del Partido del Trabajo.

Hay que recordar que el reciente retraso en la reacción del secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, resulta inquietante, ya que como profesional del derecho y jubilado del Poder Judicial, debería estar más que consciente de la aberración jurídica que representan estas reformas. La clasificación de diputados como trabajadores, bajo el pretexto de garantizarles pensiones, no solo carece de fundamento legal, sino que además transgrede los principios de justicia y equidad.

¿ABERRACIÓN JURÍDICA LAS REFORMAS EN EL CONGRESO? En un nuevo capítulo de la saga del abuso legislativo, los diputados locales han demostrado una vez más que su prioridad no es el servicio público, sino el auto preservarse y enriquecerse; y un ejemplo de ello, es la reciente reforma que intenta catalogar a los legisladores como trabajadores, al margen de las leyes federales, no solo es una aberración jurídica, sino un flagrante acto de deshonestidad y codicia.

El Artículo 2 de la Ley del Servicio Civil establece claramente quiénes pueden ser considerados trabajadores al servicio del Estado, es decir, define al trabajador como aquella persona que presta un servicio subordinado, ya sea de manera permanente o transitoria, bajo el nombramiento de uno de los Poderes del Estado, un Municipio, o una Entidad Paraestatal o Paramunicipal.

Sin embargo, los diputados no encajan en esta definición, sobre todo por su rol, como depositarios de un poder soberano y representantes del pueblo, los coloca en una posición de autonomía y no de subordinación. Por lo tanto, no pueden ser considerados trabajadores según esta ley.

La Ley Federal es aún más explícita. Excluye de la categoría de trabajadores a diversas figuras públicas, entre ellas los diputados locales, y se debe a la naturaleza de su función: al ejercer un poder representativo, y carecer de subordinación, quedan fuera del ámbito de los trabajadores del Estado; este principio es crucial para evitar que quienes ejercen funciones de alto poder y responsabilidad demanden condiciones laborales y beneficios que no corresponden a su rol, como sueldos desmesurados y jubilaciones doradas.

Por tanto, el intento de clasificar a los diputados como trabajadores no solo vulnera el marco legal establecido, sino que abre la puerta a una catástrofe económica inminente, aunado a que si esta reforma prospera, se sentaría un peligroso precedente que permitiría a todos los actores públicos excluidos de la definición de trabajador, como presidentes municipales, síndicos y regidores, exigir los mismos beneficios que los legisladores; lo que podría desencadenar una oleada de demandas para obtener jubilaciones exorbitantes y sueldos que no tienen justificación en la realidad de su labor.

Es urgente que el Ejecutivo intervenga para evitar que esta reforma sea promulgada, y la propuesta no solo es una violación de los principios legales y constitucionales, sino también un ataque directo a la justicia y la equidad en la administración pública; la impunidad con la que algunos legisladores buscan ampliar sus beneficios a costa del presupuesto público es un claro reflejo del desprecio hacia el bienestar de la ciudadanía y el verdadero propósito del servicio público.

SINOPSIS. - REELECCIÓN Y ABUSO DE PODER. - En el terreno político mexicano, la reelección se ha convertido en una herramienta que perpetúa el poder y el abuso, por lo que la reciente propuesta de Claudia Sheinbaum para limitar la reelección de legisladores y alcaldes es un paso fundamental para frenar el ciclo de poder y la corrupción que ha enraizado profundamente en nuestro sistema político.

Un ejemplo emblemático de esta perpetuación del poder es Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien, con su curul en la Legislatura LVI, se dispone a cumplir casi cuatro periodos consecutivos como diputada. Rodríguez Ruiz no solo ha acumulado poder político, sino que también mantiene un control económico significativo dentro del Partido del Trabajo (PT); este tipo de carrera política prolongada no solo socava la democracia, sino que también perpetúa una elite política que sigue viviendo del presupuesto y obteniendo beneficios indebidos a expensas del pueblo.

La reelección sin límites y la posibilidad de realizar campañas mientras se mantiene el cargo actual son prácticas que favorecen el abuso del poder, los legisladores y alcaldes que buscan reelegirse a menudo utilizan recursos públicos, infraestructura y personal a su favor durante sus campañas, lo que crea una inequidad política flagrante.

Un claro ejemplo de esto es la Legislatura LV, donde más del 50% de sus integrantes utilizaron sus cargos para impulsar sus campañas, sin ninguna separación formal de sus responsabilidades; esta falta de separación entre el ejercicio del poder y la campaña electoral desdibuja la competencia justa y equitativa entre los candidatos.

En México, la ley actual permite a los diputados federales reelegirse hasta por cuatro periodos, es decir, 12 años; a los senadores por dos periodos de 6 años; y a los presidentes municipales y diputados locales por dos periodos, asegurando así una permanencia de seis años en sus cargos. Esta estructura facilita la perpetuación del poder y la influencia desmedida en la política local y nacional.

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