Observador político - A 10 años de la alerta de violencia de género

La Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos, decretada en 2015, se ha convertido en una cruda radiografía de la burocracia estatal y la ineficacia institucional frente a una de las violencias más lacerantes de nuestro tiempo: el feminicidio.

PROMESAS INCUMPLIDAS.- Lo que en su momento fue presentado como un "conjunto de acciones gubernamentales de emergencia", hoy, diez años después, se percibe más como un fardo de promesas incumplidas que como un escudo protector para las mujeres.

La reciente cifra de 1,590 feminicidios documentados desde el año 2000 hasta junio de 2025 por parte de Juliana García Quintanilla y José Martínez Cruz, de los pocos activistas y verdaderos luchadoras sociales que sin importar tantas limitaciones económicas y lo complejo del tema, se han dedicado a recopilar la información que hoy los colocan como los responsables de que la AVG se haya implementado en Morelos.

Por ello, no es un mero dato estadístico; es el eco de vidas arrancadas, de familias destrozadas y de una sociedad que naufraga en la impunidad. Es un testimonio implacable de que, pese a los protocolos, las reuniones de "grupos de trabajo" y las "acciones mandatadas", el Estado ha fallado.

SIMULACIÓN BUROCRÁTICA.-

La simulación burocrática como respuesta a la muerte, y es que el

camino que llevó a la declaratoria de la AVG en 2015, detallado en la información proporcionada, parece una hoja de ruta impecable en el papel.

Es decir, una solicitud presentada por la Comisión Independiente de los Derechos Humanos en Morelos en 2014, donde se dio el cruce de oficios, la conformación de un "grupo de trabajo" con representantes de la CONAVIM, el INMUJERES y académicos. Todo parece seguir el debido proceso, pero la realidad en la calle, en los hogares y en los campos de Morelos, era (y sigue siendo) radicalmente distinta.

La convocatoria para seleccionar a académicos locales se declaró desierta, lo que obligó a la "designación directa".

Este hecho, aunque aparentemente un detalle menor, subraya una desconexión fundamental. ¿Dónde estaba la academia local, los expertos y las expertas que debieron estar al frente de esta lucha? Su ausencia en el proceso, o la incapacidad para convocarlos eficazmente, revela una grieta profunda entre el formalismo institucional y la realidad social. La burocracia se auto-contiene y se auto-justifica, mientras las víctimas se apilan.

El resultado de este proceso, la declaratoria para ocho municipios específicos, fue un paso necesario, pero insuficiente.

Las recomendaciones y acciones mandatadas que le siguieron, desde la capacitación de servidores públicos hasta la creación de un banco de datos, son un catálogo de buenas intenciones.

SIGUE LA VIOLENCIA.- Empero, la persistencia de la violencia, el aumento de feminicidios en años clave como 2019 (100 casos) y, de manera alarmante, el récord de 125 en 2023, demuestran que estas medidas no han permeado la estructura de un sistema corrupto y patriarcal.

La violencia no ha sido contenida; se ha desbordado.

Justicia tardía, justicia negada por lo que el concepto de la AVG, tal como se define en la Ley General de Acceso, es claro: garantizar la seguridad, el cese de la violencia y la eliminación de las desigualdades. La información proporcionada nos muestra una serie de recomendaciones para lograrlo: fortalecer instituciones, asignar presupuesto, y garantizar el acceso a la justicia. Sin embargo, la cruda realidad del Código Penal de Morelos, con un artículo 213 Quintus que define el feminicidio, contrasta con la falta de resultados.

Definir el delito no basta si no se persigue, investiga y castiga con la debida diligencia.

La recomendación de crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios, con análisis sociológicos y psicosociales, es un reconocimiento implícito de la complejidad del fenómeno.

El feminicidio no es un acto aislado; es la culminación de un proceso de violencia sistémica. No obstante, estas propuestas quedan en el papel cuando los datos nos gritan que el 2023 fue el año más violento para las mujeres en la historia documentada de Morelos, y que el 2025 va camino a superarlo. La burocracia de la AVG no ha logrado detener la maquinaria de muerte.

DEUDA DEL ESTADO.- La columna de cifras no deja lugar a dudas. Con 1,590 feminicidios en casi 25 años, la inercia institucional es insostenible. El documento concluye con un llamado a la acción: "hoy se requiere con urgencia un Programa General que articule las medidas necesarias para garantizar Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

Es hora de que el Gobierno presente resultados y no, no se trata de pedir más oficios, más reuniones o más "grupos de trabajo".

Se trata de exigir un cambio de paradigma; un programa general no puede ser otra capa de burocracia, sino una rearticulación radical del Estado para priorizar la vida de las mujeres por encima de cualquier otra consideración.

Esto implica una reforma profunda del sistema de justicia, la capacitación real y consecuente de las fuerzas del orden y del poder judicial, y la asignación de presupuestos que reflejen la emergencia humanitaria que se vive.

La lucha por la vida de las mujeres en Morelos no es una abstracción legal; es una batalla por la existencia.

La AVG se ha quedado corta porque, en lugar de ser un grito de auxilio del Estado, se ha convertido en un susurro burocrático que apenas se escucha por encima del ruido de la impunidad.

Es hora de dejar de contar muertes y empezar a construir un futuro donde las mujeres no tengan que vivir con miedo.

La vida, como derecho fundamental, es la única meta y el Estado, hasta ahora, ha fallado en garantizarlo.

La deuda con las víctimas, sus familias y la sociedad entera es impagable, y la única forma de empezar a saldarla es con resultados concretos. No más promesas, no más burocracia. Es tiempo de actuar.

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