Observador político - Fiscalías de papel: el negocio de la impunidad en Morelos

Por décadas, en Morelos, el discurso del combate a la corrupción ha sido una burla cínica. Y es que, en lugar de instituciones al servicio del pueblo, lo que se ha edificado son verdaderas estructuras de encubrimiento, cuyo único objetivo ha sido proteger a las élites políticas -de todos los colores- mientras la ciudadanía paga el costo de la podredumbre institucional. El caso del maestro Juan Salazar Núñez es ejemplo perfecto de ello.

CONTROVERTIDA DESIGNACIÓN DESDE SU ORIGEN.- Designado el 28 de agosto de 2015 como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez llegó al cargo en un contexto profundamente cuestionable: impuesto por el entonces gobernador Graco Ramírez, con el aval de un Congreso sometido y sesionando en sede alterna y en periodo extraordinario debido a la presión popular en las calles. Desde el inicio, el nombramiento fue un guiño al autoritarismo y al blindaje político, más que un intento por sanear la vida pública.

Lo que vino después solo confirmó las sospechas: durante su gestión, Salazar Núñez se convirtió en pieza clave del pacto de impunidad que benefició tanto al exgobernador perredista Graco Ramírez como a su sucesor, el futbolista devenido en gobernante, Cuauhtémoc Blanco. Con la complicidad del exfiscal general Uriel Carmona Gándara, Salazar fue parte de una maquinaria que operó no para investigar, sino para enterrar denuncias, diluir expedientes y proteger a los suyos.

Casos documentados de corrupción en instituciones clave como la Comisión Estatal del Agua, el DIF, la Secretaría de Obras Públicas y la Jefatura de la Gubernatura terminaron en nada; las querellas se acumularon y el tiempo hizo su trabajo sucio: prescripciones, archivos muertos, carpetas congeladas. No hubo justicia, pero sí hubo favores, complicidades y acuerdos en lo oscuro.

No basta con cambiar de partido o de rostro: lo que urge es desmontar este régimen de impunidad que ha saqueado el estado y ha traicionado las esperanzas de quienes luchan por un país más justo.

Hoy, Salazar Núñez ya no ocupa el cargo, pero su legado es el del olvido, de la omisión deliberada, del "no pasó nada". Y eso es precisamente lo que no debemos permitir que continúe, porque mientras el poder siga poniendo a fiscales a modo, disfrazando su lealtad política de legalidad, la corrupción no será una enfermedad del sistema: será el sistema mismo.

¡CUANDO EL ESTADO SE INVESTIGA ASÍ MISMO! - La herencia que le dejaron a Leonel Díaz Rogel, actual titular de la Fiscalía Anticorrupción está para llorar; un cerro de denuncias que será prácticamente imposible de atender y resolver sin embargo, tendrá que darle prioridad a las de mayor peso, aquellas que acumulan varios cientos de millones de pesos que fueron desviados o mal utilizados por funcionarios poco honestos y sancionarlos, al tiempo de obligarlos a que resarcir el daño provocado como lo ha anunciado José Blas Cuevas Díaz, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, para con ello, dar un golpe en la mesa y un ejemplo para los actuales servidores públicos.

Más aún, cuando en Morelos, la corrupción no solo se tolera sino que se administra, tal y como lo ha denunciado de manera constante y permanente, Roberto Salinas del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, quién reveló que en el 2023 la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) solo judicializó el 14.5% de las carpetas de investigación iniciadas por denuncias de actos irregulares. Es decir, el 85.5% de los casos quedaron en el limbo burocrático, sin consecuencias, sin justicia, sin Estado de derecho.

Este dato no es solo una cifra, es un retrato fiel del deterioro institucional, en un país y un estado con una larga historia de simulación, donde los organismos "autónomos" y "especializados" son en realidad extensiones decorativas del poder político, la FECC se suma a la lista de instituciones que funcionan más como mecanismos de encubrimiento que de justicia.

No se trata de un año atípico: en los últimos seis años, esta fiscalía ha recibido más de 3,100 denuncias, pero la judicialización ha sido la excepción, no la regla. En 2023 se abrieron 732 carpetas, pero apenas 106 llegaron a un juez. La mayoría sigue en proceso, duerme el sueño de los justos o fue archivada discretamente.

MÁS DE LO MISMO: JUSTICIA INMÓVIL.- Insistimos, la herencia que le dejaron a Leonel Díaz Rogel, le impedirá atender y resolver la montaña de denuncias que tendrá que dar celeridad, por ejemplo, a las de más de 40 millones de pesos desviados de cinco dependencias involucradas en la administración de Cuauhtémoc Blanco y cuyas querellas se presentaron en enero de este año cuando aún estaba el maestro Juan Salazar Núñez.

Hoy, surge la otra vez la esperanza y en el mejor de los casos, dicha dependencia funciona como buzón de quejas.

Y es que, a principios de este año, el gobierno de Margarita González Saravia recién llegado a la administración estatal- hizo lo que corresponde: denunció formalmente las irregularidades detectadas en secretarías y fideicomisos clave del gobierno saliente. Pero en Morelos ya sabemos cómo termina esta película. El guion se repite cada sexenio: una nueva administración denuncia, la fiscalía promete investigar “conforme a derecho” y, al final, no pasa absolutamente nada.

Lo preocupante no es solo el desfalco —que lo es—, ni siquiera que las dependencias señaladas (Infraestructura, Desarrollo Económico, Agropecuario y dos fideicomisos) concentren funciones clave para la obra pública y el desarrollo. Lo verdaderamente grave es que la FEECC es un órgano que ha demostrado estar más cerca de la simulación que de la acción real. Tan solo en 2023, de 732 denuncias iniciadas, apenas se judicializó el 14.5%. Más del 85% sigue empantanado en “etapas de investigación”.

¿De verdad podemos esperar justicia de un organismo que ha sido incapaz de actuar incluso frente a delitos flagrantes, con pruebas documentadas y con responsables plenamente identificados?

Cuauhtémoc Blanco llegó al poder sin estructura política, pero con alianzas funcionales para el despojo. Su gobierno fue una mezcla de improvisación, corrupción y abuso del aparato estatal para fines privados. Ahora, ante el cambio de administración, las denuncias no son más que una punta del iceberg. Y sin una FEECC autónoma y con dientes, serán también papel mojado.

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