Observador político - Las pensiones ¨doradas¨ del Congreso

La actual legislatura que está a punto de concluir su periodo y durante estos tres años, lo relevante y trascendente no fue prácticamente nada positivo sino por el contrario, prevaleció la división y confrontación entre las 14 mujeres diputadas y los seis legisladores. Aunado a casos bochornosos por los que se dio a conocer el Congreso como sucedió con Marco Zapotila Becerro, acusado por el supuesto delito de violación. O el de Pepe Casas, quien en reiteradas ocasiones fue señalado por sus actos de misoginia. Por si fuera poco, votaron muchas leyes y se aprobaron acuerdos con 13 votos cuando la Ley les obligaba a ser 14 integrantes.

LA LEGISLATURA QUE SE VA.- Los diputados que en 61 días se irán y cederán su espacio a los de la legislatura 53, juraron y perjuraron que no serían cómplices ni omisos de los señalamientos que se hicieron contra sus antecedentes, y por ello incluso, decidieron presentar denuncias penales en contra de algunos. Sin embargo, realizaron querellas débiles, frágiles que para varios especialistas del derecho, fue suficiente para permitirle a los imputados a defenderse de una manera tal, que sería prácticamente imposible que perdieran los casos porque las averiguaciones jamás estuvieron bien sustentadas y dieron pauta para perder los juicios en un abrir y cerrar de ojos, contribuyendo con ello, a la impunidad total de quienes hicieron tanto daño al pueblo de Morelos.

Basta recordar como con bombo y platillo, convocando a los medios de comunicación, varios legisladores hombres y mujeres, tan solo un mes después de que tomaron protesta en el 2018, decidieron ir con todo contra al menos 15 de los 30 diputados que habían incurrido en diversos actos de corrupción, como por ejemplo, haberse autorizado la entrega de 46 cheques por casi diez millones de pesos.

Las denuncias tal parece, vivieron el sueño de los justos porque jamás hubo elementos contundentes para primero, obligar a regresar esos casi diez millones de pesos que supuestamente se llevaron 15 dizque representantes populares que traicionaron la confianza ciudadana, y segundo, que recibieran un castigo ejemplar en las frías celdas de Atlacholoaya. Por lo tanto, no se sentó un precedente para hacer conciencia y evitar que los que vienen, incurran en los mismos errores, porque saben que al final, hagan lo que hagan, sin importar que sean delitos consumados, no les sucederá nada porque el sistema está a su disposición para prácticamente impedir cualquier acto jurídico en su contra.

Los casos de corrupción están detectados y comprobados. Los cheques otorgados a los 15 diputados por la institución bancaria de Banorte, y los señalados fueron Hortencia Figueroa Peralta, Enrique Javier Lattiffe Betron, Beatriz Vicera Alatriste, Anacleto Pedraza Flores, Julio Espín Navarrete, Francisco Navarrete Conde, Silvia Irra Marín, José Manuel Tablas Pimentel, Edwin Brito Brito, Rodolfo Domínguez Alarcón y Ricardo Calvo Huerta, y de éstos, solo dos o tres fueron vinculados a proceso pero con todas las de la Ley de librarse de las denuncias penales en su contra. Para muchos abogados, hay “sospechosismo” que no hayan prosperado las querellas pero aún, que varios de los señalados hayan sido candidatos a diputados locales, es decir, querían regresar al Congreso… y no precisamente lo que se llevaron. Por fortuna casi todos perdieron.

NO PASA NADA.- Es tan burdo todo lo que ha sucedido con los ex diputados de la 53 legislatura que están prácticamente ya con la frente en alto, en razón de que a finales del 2020 literalmente se legalizó lo de las famosas “pensiones doradas” y sin importar que muchos incurrieron en actos de corrupción al entregar documentación de años de servicios cuando no tenían el tiempo requerido y otros ni siquiera laboraron donde dicen que lo hicieron. Por tanto, perdieron la batalla jurídica y los beneficiarios han estado cobrando sin problema alguno su pensión si hacer esfuerzo alguno debido a que la mayoría se amparó ante la justicia federal y ganaron.

A manera de ejemplo, basta recordar que pese a todo el show político de los actuales de la 54 legislatura, al final perdieron y ello quedó reflejado en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, con número 5871 en donde se publicaron 15 decretos en los cuales se abrogaron las determinaciones de los actuales legisladores locales quienes no pudieron bajo ninguna circunstancia revocar las prestaciones, sin importar que denunciaron que se les otorgó con irregularidades y actos de corrupción en razón de que jamás pudieron probar con actos jurídicos sus dichos políticos que fueron constantes y permanentes. De nada sirvió que el propio Ejecutivo se haya pronunciado en el sentido de que esos patrocinios se presentaron con antigüedad falsa o inexistente y se otorgaron el mismo día que fueron aprobadas. Al final, todos perdieron, hasta los morelenses que les tendrán que pagar con sus impuestos jugas pensiones.

VA JESÚS ROMÁN OTRA VEZ POR EL SINDICATO. Los actos de corrupción de la 53 salpicaron de fea manera al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Morelos (SUTSPLEM) que presidía Jesús Román Salgado, quien había logrado acuerdos amañados para beneficiar a los familiares de los diputados y a los suyos. Hoy, intenta regresar y de forma cínica está pidiendo el apoyo de los homólogos.

Ya se le olvidó los acuerdos que había hecho de basificar a Adriana Ríos Irra con salario de 20 mil pesos mensuales (hija de la entonces Diputada Silvia Irra), Gabriel Irra Vázquez 18 mil 300 (Sobrino de Silvia Irra), Agustín Figueroa Peralta 31 mil 200 pesos (hermano de Hortencia Figueroa) y para poder aceptar la lista que presentaron los diputados, el entonces Secretario General Jesús Román, aprovechó incluir en la misma a su hermana de nombre Maribel Román Salgado, con el sueldo de 18 mil 300 mensuales, misma que para poder ser sindicalizada tendría que tener una antigüedad mínima de 6 meses, los cuales no cubría.
Otros más que estaban en esta irregularidad fueron: Alfredo Flores Tablas, de 16 mil 500 (sobrino del entonces diputado Tablas); Francisco Javier Beltrán Carrillo, 20 mil 380 (hermano de la entonces diputada Edith Beltrán); Josefina Román Flores 13 mil 500 (Edith Beltrán); Gerardo Flores Oceguera 19 mil 500 y Rafael Villegas Milán con 19 mil 872 (Julio Espín); Marco Antonio Salgado de 20 mil 433; Pablo Eric Pérez Juárez, 20 mil 064 (del ex diputado Montes); Roberto Carlos Soto Maya, con 20 mil 375 (del ex diputado Eder Rodríguez); Óscar Guadarrama de la Luz, 14 mil 400 (del ex diputado Francisco Santillán). Y todo se dio durante la gestión de Román Salgado sin importarle la afectación de los sindicalizados.

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