Observador político - Dejará Carmen Cuevas al TSJ en una profunda crisis

En medio de la contingencia sanitaria por el covid-19 y de una terrible división entre los magistrados, concluye el plazo constitucional del cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de María del Carmen Cuevas López, situación que será inaplazable aún y a pesar de la pandemia que ha colapsado a los poderes y que tiene en sus casas a prácticamente todos los trabajadores. Es por ello, inaplazable de acuerdo a la constitución el proceso de sucesión a partir del próximo 17 de mayo.

LO QUE ESTABLECE LA LEY.- Durante el periodo de María del Carmen Cuevas López se han registrado claroscuros, en razón de que constante y permanentemente ha sido cuestionado la actual administración por profesionistas del derecho quienes incluso, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía por documentación falsa, pero además, por la falta de claridad en el manejo de los recursos y designaciones dentro del poder Judicial, en la que favorece a sus amistades, así como los vínculos que tuvo directamente con el ex gobernador Graco Ramírez. En tanto, la magistrada presidenta ha rechazado todos estos señalamientos y precisado que su periodo es de lo mejor.

Es importante mencionar que el artículo 89, párrafo tercero de la Constitución de Morelos, establece lo siguiente: “El presidente del Tribunal Superior de Justicia durará en su encargo dos años, pudiendo ser reelecto sólo por un periodo más, sin posibilidad de volver a ocupar ese cargo”. Solo que Cuevas López ya fue reelecta y por tanto deberá dejar el cargo el próximo 17 de mayo porque la Ley así lo establece.

La controvertida magistrada que incluso tuvo diferencias con gente cercana a ella por las decisiones que tomó, como sucedió con Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, cuando intentó con las reformas que presentó, desaparecer el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA); además de otros yerros cometidos en su administración y que narramos a continuación de los registros cronológicos de los que esta redacción dio cuenta en su oportunidad, derivado de investigaciones periodísticas propias y de información que ofrecieron los miembros del Poder Judicial.

Por ello, insisto en que la administración de Cuevas López en los últimos dos años ha sido controversial. En primer término, su cercanía con el gobierno pasado se ha convertido en un fantasma que le acompaña y le precede sobre todo, cuando Graco Ramírez le concediera a ella y a otros magistrados seis años más en el cargo, para ir de un periodo de 14 a 20 años.

Sin embargo, no fue sólo la ampliación del plazo, sino que además Cuevas López, a través de una reforma, eliminó la evaluación de los magistrados que se realizaba a los seis años; así que ahora los integrantes del poder Judicial ya no rinden cuentas de sus funciones jurisdicciones, durante su período de 20 años.

Por otra parte, logró también extinguir el Consejo de la Judicatura, que era un órgano colegiado integrado por los poderes del estado que servía de contrapeso para vigilar las finanzas, la carrera judicial y la disciplina de los jueces, entre otros temas de suma relevancia interna del Poder Judicial.

Y bueno, basta recordar el tema de aquellos nombramientos de jueces que fueron seriamente cuestionada por dos razones: por haber hecho realizado sus designaciones sin examen o concurso de oposición, y por nombrar jueces afines a Cuevas López y sus homólogos cercanos a su grupo, tal como en su momento lo denunciaron los propios magistrados disidentes que lo hicieron público.

MÁS INCONFORMIDADES EN EL TSJ.- Otro tema controvertido es el tema de los jubilados que no fue un asunto menor de la actual administración de Carmen Cuevas López, ya que hoy es una carga presupuestal del Poder Judicial que supera los 125 millones de pesos de los que históricamente no tenía precedentes financieros el Poder Judicial.

Y no es exagerado mencionar que esta situación es histórico, sobre todo en su afán de confrontación con quienes hoy integran los poderes del estado, a través de más de 135 controversias constitucionales que logró un acuerdo del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se sentenció que los poderes del estado de Morelos fueron responsables de una conducta contumaz; esto significa que de manera recurrente no cumplían con las sentencias del Poder Judicial Federal. Aunque lo relevante es que siendo el TSJ de Morelos quien denunció, este término fue señalado también de tenaz que el Ejecutivo y Legislativo actual, según consta en una publicación del Diario Oficial de la Federación, de la que este medio dio cuenta.

Al respecto, algunos jubilados consultados a lo largo de los últimos años sostuvieron que fue por el constante hostigamiento laboral y aún con el mínimo de años de servicio que mejor optaron por pensionarse que continuar activos en el tribunal, lo que generó el quebranto financiero que puso en riesgo la permanencia de los titulares de los poderes del estado incluida la propia presidenta.

De igual manera, está otro tema polémico como lo es la extinción de los juzgados familiares, un hecho calificado como un “retroceso” por diversos académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y por un número importante de asociaciones de abogados, de los que en su momento se dio cuenta. Sobre el particular, la misma suerte tuvo la desaparición de los juzgados penales del sistema tradicional, acción que también fue considerado como un duro golpe para los justiciables en las regiones Oriente y Sur del estado y quienes ahora tienen que acudir desde las distintas regiones del estado hasta el penal de Atlacholoaya, ya que sólo existe un solo juzgado para todo el estado.

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Y bueno, la lista es larga, pero en los últimos meses, el pleno del TSJ, quién es la máxima autoridad, no ha podido sesionar con el quórum legal, según afirman los magistrados disidentes, y que ha generado una parálisis del órgano más importante del Poder Judicial del estado y que también ha trasladado su problemática a la actual Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina para poder operar correctamente en su integración, y que incluso se encuentra cuestionada en la vía del amparo por los magistrados disidentes.

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