Observador político - El historial de alcaldes

Por largo tiempo, el murmullo sobre la complicidad de los ediles con el crimen organizado ha sido un secreto a voces; una verdad incómoda que se evade sistemáticamente. No es una ficción periodística ni una alucinación colectiva: es una certeza que se respira en las avenidas, en los conciliábulos oscuros, en la falta de patrullaje efectivo y en la inercia de la justicia.

LOS EXPEDIENTES CORONA Y TOLEDANO. Los casos de los munícipes de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro, supuestamente capturados en un encuentro a inicios de año con un cabecilla de una facción del Cártel de Sinaloa —y señalados por posibles nexos—, han quedado sepultados bajo la eterna simulación de las instituciones.

Pese a esto, la Fiscalía General de la República (FGR) posee la información, afirma estar investigando, pero elude la acción. El tiempo avanza, los elementos de prueba se desvanecen o terminan engavetados. Mientras, el ciudadano padece una agonía legal insufrible, sin claridad: ni declarados culpables, ni absueltos. Solo una impunidad rampante.

¿Dónde reside el compromiso de rendir cuentas? ¿Dónde se halla el resarcimiento para las localidades asoladas por la extorsión, las desapariciones, el cobro de piso y los homicidios? ¿Cuál es la utilidad de los cargos de elección popular si quienes los ejercen se parapetan tras el miedo, el silencio cómplice o la conveniencia política?

“QUE SE VAYAN A CASA SI SON INCAPACES”. El legislador federal por Morena, Juan Ángel Flores Bustamante, lo expresó sin ambages: una pléyade de alcaldes aparenta trabajar, posan para la fotografía, inauguran obras ajenas y celebran éxitos que no les corresponden, mientras las demarcaciones bajo su tutela se desangran, una constante en Morelos durante los años recientes.

Si bien su llamado es severo —"si no poseen la aptitud... deberían retornar a sus casas"—, resulta imperativo. En este país, la mera buena voluntad es insuficiente. Hoy, en territorios donde la delincuencia organizada ha suplantado a la autoridad local, la incompetencia o la colusión tienen un costo vital.

Es un hecho irrefutable que los gobiernos tanto federal como estatal no deben ignorar estas circunstancias, como suelen hacerlo los ediles, quienes se escudan en el supuesto temor a atentados contra su integridad o la de sus familias. El exalcalde y actual diputado federal, aspirante a la gubernatura y a gobernar la capital morelense, Juan Ángel Flores, señaló: “Por ende, la transformación que ofrecemos no se erige sobre verborrea vacía o pactos de mutismo. Se edifica con justicia, con pulcritud, con un Estado que no se doblega ante el temor ni abandona a aquellos que sí desean cumplir con su deber”.

Flores Bustamante identifica una metamorfosis en la dinámica entre funcionarios y criminalidad: la relación ha evolucionado del simple soborno a la extorsión. Pero esto no exime de la obligación. Quien opta por gobernar acepta los riesgos inherentes. Si la voluntad o la capacidad para enfrentarlos es nula, deben hacerse a un lado.

Más allá del coraje individual, esto es un asunto de política pública, estrategia y coordinación. La Ley de Uso de Inteligencia y Tecnología en Seguridad Pública —promovida en el Congreso por el mismo diputado— constituye un instrumento esencial. Pero como cualquier herramienta, es inútil si sus responsables están más preocupados por preservar el puesto que por ejercerlo con decoro.

Dejó meridianamente claro que la función de los alcaldes morelenses no es ser cómplices, sino denunciar, reformar, exigir al Estado que sea Estado y no un rehén. Si la meta es forjar una nación diferente, el primer paso es dejar de consentir a quienes simulan mandar mientras el crimen impone su ley.

GOBIERNO IMPULSA ZONAS DE SOSIEGO Y BIENESTAR. Bajo un enfoque de equidad e inclusión social, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, presidió la Primera Concentración Estatal de Consejos Comunitarios, enmarcada en el plan Territorios de Paz y Buen Vivir. Este acto tuvo lugar en el Polideportivo Uno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde se invistió a los primeros 103 Consejos de Desarrollo Comunitario, parte de una estrategia estatal para asistir a las poblaciones con mayor grado de marginación.

Durante su intervención, la titular del Poder Ejecutivo estatal aseveró el compromiso inquebrantable de su administración para atender y transformar las 800 localidades morelenses con índices de marginación altos y muy altos, conforme a los datos del INEGI. Esta labor arranca con 103 comunidades, mediante una táctica intersectorial que centra a las personas en el núcleo de las acciones gubernamentales, involucrando de manera transversal a todo el gabinete legal y ampliado.

"Morelos se reestablece como referente político nacional. Esta tierra que vio nacer civilizaciones y movimientos revolucionarios, hoy planta una nueva semilla: un legado donde el bienestar no se distribuye, sino que se cultiva; donde la paz no se impone, sino que se gestiona; donde el gobierno no ordena, sino que acompaña", declaró la gobernadora.

"Así como antaño Zapata alzó la voz por la tierra, hoy nosotros elevamos la consciencia por la vida. Si la historia nos legó una identidad, ahora nos corresponde dotar de humanidad al porvenir. Por el bien de Morelos, la prioridad son los desfavorecidos", concluyó.

Un instante significativo del evento fue la entrega oficial de un Plan de Desarrollo Comunitario por Irving Pavel Piedra Reyes, líder del Consejo Comunitario del Barrio de Santiago, en Tetela del Volcán, en representación de las comunidades participantes.

El esquema Territorios de Paz y Buen Vivir constituye una iniciativa inédita en la región central del país, orientada a disminuir la marginación y asegurar la inclusión, la justicia social y el bienestar de las comunidades.

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