De la libertad de expresión y otras quimeras

La libertad de expresión está en crisis, o, mejor dicho, ha agudizado su crisis dentro de la crisis por la covid-19, esto con base en el último reporte emitido por David Kaye, relator especial para la libertad de expresión de la ONU. En dicho documento, Kaye urge a los gobiernos del mundo a respetar las libertades de opinión y expresión durante la actual pandemia y en futuras situaciones similares.

La desinformación lo invade todo. No hay manera de que las personas desinformadas se protejan como debieran durante esta crisis sanitaria. El descrédito actual de los medios de difusión masiva, contribuye a que la propaganda y la desinformación rebasen con cierta facilidad a las autoridades de salud pública.

La ineficiente e insuficiente infraestructura no permite que la información llegue a un sinfín de comunidades y, en este sentido, Kaye insta a que el derecho al libre acceso a la internet debe ser una “parte crítica de una política de salud pública y su implementación”. Ahora bien, debemos tener en cuenta que el acceso a la red no significa necesariamente el acceso a la información, puesto que, para ello, el cibernauta debe saber obviar primero las toneladas y toneladas de basura digital que bombardean incansablemente la telaraña y, en las cuales gran parte de los usuarios actuales se pierden; empero, esto es una cuestión de educación mucho más compleja aun, que la del acceso a los medios.

Distanciados de lo que Kaye propone, durante esta pandemia, algunos gobiernos del mundo han bloqueado información relacionada con la covid-19; censurando contenidos en redes sociales, impidiendo el acceso a sitios determinados o, de plano, con “apagones de internet”.

En esta parte, nos enfrentamos a un peliagudo debate, puesto que, por un lado, se espera tener una libertad de expresión que permita que todos y cada uno de los seres humanos podamos expresar sin tapujos lo que nos venga en gana; sin embargo, también se espera tener acceso a información confiable y a la no difusión de la desinformación. Luego entonces, si se censura la desinformación, se violenta el derecho de libertad de expresión de los desinformantes. Es decir, la errónea interpretación de lo que llamamos libertad de expresión, sólo ha permitido que aquellos que no tienen nada que decir, se adueñen de los altoparlantes y que su voz se confunda o aplaste aquellas voces que sí tienen un contenido inteligente que compartir.

El reporte de Kaye, hace énfasis en la responsabilidad de los actores gubernamentales de la información (y la desinformación) en temas económicos, de salud pública, seguridad y medioambiente. Y otra vez caemos en aquella contradicción; algunos gobiernos intentan combatir la desinformación, empero, en dicho combate, no deben transgredir el sistema democrático; es decir, deben ser respetuosos de aquel sistema en el que “el elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros”, como en su momento opinara Ambrose Bierce. Y es que casi cualquier medida de control, nueva o preexistente, violenta algún derecho humano o democrático.

Evidentemente, las redes sociales han jugado un rol fundamental en la difusión de información y desinformación durante lo que llevamos de este periodo de pandemia a causa del nuevo coronavirus, por lo que, las plataformas han buscado ser “intermediarios neutrales”; o lo que es lo mismo, ellos deciden qué y cómo ordenan los contenidos que vierten a sus usuarios. La “moderación”, además de ser una tarea titánica, obviamente (a pesar de su supuesta “neutralidad”) no es objetiva. De hecho, empresas como Twitter y Facebook que mandaron a resguardarse durante esta crisis sanitaria a sus moderadores humanos, han estado “moderando” los contenidos a través de algoritmos que, obviamente responden a criterios humanos y subjetivos.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales ha urgido a las empresas de redes sociales a “transparentar sus actuales procesos de moderación y a garantizar que dichos procedimientos cumplan con los estándares en materia de libertad de expresión en línea”. Las plataformas pueden tener un gran efecto en la población a la hora de hablar de salud y derechos humanos, por lo que sus prácticas de “moderación” no pueden responder sólo a un sistema de automatización y, sus políticas (imaginar es gratis) debieran apegarse a un código de ética real.

Por otro lado, David Kaye advierte que, la pandemia ha vuelto exponencial el uso de herramientas de vigilancia que, si en muchos casos la intención es legítima y el objetivo es el rastreo de los casos de contagio; en algunos otros está siendo usado con el fin de la vigilancia por la vigilancia individual (dirigida) o colectiva. Debemos tener presente que en fechas recientes se ha ampliado el gran abanico de ejemplos del uso excesivo y abusivo de la vigilancia. Aunado a esto, muchas de las empresas que se dedican a vender tecnologías de vigilancia, cuentan con un historial que podemos definir como de poco respeto hacia los derechos humanos.

Habría que tener muy vigilada a la vigilancia para que fuera funcional; es decir, tener un control estricto de los sistemas de vigilancia y que ese control fuera público; los cual, de momento suena bastante utópico; así que, mientras tanto, seguiremos caminando por las calles de la “nueva realidad”, en este mundo orwelliano. Por cierto, aquel gran británico opinaba que, “la libertad de expresión es decir aquello que la gente no quiere oír”; puede ser.