Observador político - ¿Defensa a maestros o blindarlos del escrutinio social?
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

Antes de que el Congreso de Morelos cerrara su periodo ordinario, todos los diputados de los grupos y fracciones parlamentarios, desde la izquierda hasta la derecha, se dieron la mano para aprobar por unanimidad una iniciativa que, bajo la bandera de proteger a las y los docentes, sin embargo, también abre la puerta a posibles retrocesos en los derechos de la infancia y el derecho de la sociedad a señalar abusos.
LA LEY PROTEM.- Se trata de la llamada Ley PROTEM, impulsada por la diputada de Nueva Alianza, Ruth Cleotilde Rodríguez López, quien a petición de la Sección 19 del SNTE la respaldó, algo que no es casual ya que este sindicato a través de su dirigente estatal, Joel Sánchez Vélez, promovió esta ley.
La narrativa oficial es que la Ley PROTEM busca evitar abusos contra el magisterio: falsas denuncias, linchamientos mediáticos y procesos injustos. ¿Quién puede oponerse a eso? Nadie, empero, como toda legislación, el diablo está en los detalles, y lo que se ha aprobado puede convertirse en un escudo para silenciar críticas legítimas o minimizar denuncias reales de padres de familia.
Si bien la diputada Rodríguez afirmó que "esta ley no defenderá lo indefendible", lo cierto es que no basta con buenas intenciones, puesto que la ley refuerza la “presunción de inocencia” y el “debido proceso”, principios ya contemplados en la Constitución. Lo que hace, en realidad, es duplicar marcos legales existentes para generar un efecto político: blindar al gremio magisterial frente al creciente descontento social.
Y es que en los últimos años, maestras y maestros han sido objeto tanto de desconfianza como de explotación, ya que se les exige más, se les paga menos y se les culpa por los fracasos estructurales del sistema educativo.
Sin embargo, esta ley no atiende esos problemas, ya que no se enfoca en condiciones laborales, falta de recursos, infraestructura escolar o violencia sistémica, y al final, ¿quién paga las consecuencias? Posiblemente niños y niñas que, en contextos de violencia o abuso, ahora enfrentarán mayores obstáculos para que sus voces sean escuchadas. Si la intención era equilibrar la balanza, era necesario un debate mucho más profundo, participativo y con enfoque de derechos humanos.
CONSENSO.- Nadie pone en duda que los docentes merecen protección, pero proteger al magisterio no puede significar silenciar denuncias ni debilitar la voz de madres, padres y estudiantes, más aún en un Estado donde las instituciones han fallado sistemáticamente, depositar más poder sin más contrapesos es una receta conocida: protección para unos, impunidad para otros.
Si se quiere verdaderamente dignificar la labor docente, el camino no es blindar a sus representantes con leyes ambiguas, sino transformar las condiciones estructurales de la educación pública: salarios dignos, formación continua, autonomía pedagógica, escuelas seguras, y participación comunitaria real.
LA DEUDA CON EL MAGISTERIO.- La falta de respeto hacia el magisterio no es un fenómeno aislado ni cultural por accidente, es parte de un modelo que tal parece, busca convertir la educación en mercancía y al docente en un operador sin autonomía; aunado a la desvalorización que se suma a un contexto social profundamente adverso, es decir: violencia estructural, familias rotas por la pobreza y una cultura del individualismo que se ha infiltrado en las aulas.
De ahí que la percepción pública del magisterio como una profesión "de segunda" -mal remunerada, sin prestigio y cargada de responsabilidades imposibles- no nace sola; más aún, porque se ha construido desde arriba, sí, desde gobiernos que criminalizaron la protesta docente, desde medios de comunicación que satanizaron a los sindicatos democráticos, y desde reformas educativas que apostaron por la evaluación punitiva antes que por el acompañamiento pedagógico.
Ate este negro panorama, las consecuencias son evidentes: el ambiente escolar se deteriora, la autoridad pedagógica se diluye, la salud mental del magisterio se quiebra y surgen las interrogantes de ¿Cómo exigir respeto cuando ni siquiera se garantiza un salario digno o condiciones básicas de trabajo?
Por eso es la importancia de defender a las y los docentes no solo como trabajadores, sino como agentes transformadores de la realidad social, es urgente y necesario recuperar el respeto hacia ellos porque no se logra con discursos vacíos ni con campañas publicitarias, sino con acciones concretas:
En primer término, es importante invertir en su formación, no para "actualizarlos" tecnocráticamente, sino para fortalecer su papel emancipador; además de garantizar que sus condiciones laborales sean dignas, con estabilidad, salarios justos y oportunidades reales de desarrollo profesional. Además, se debe de promover una formación ética en niñas, niños y jóvenes, que incluya el respeto al otro, el valor del trabajo colectivo y el reconocimiento a quien enseña; combatir frontalmente la violencia escolar y la deserción, consecuencias directas de un sistema desigual que abandona a sus jóvenes y a quienes los forman; y, crear una infraestructura escolar que respalde el aprendizaje, no que lo obstaculice porque la escuela pública es uno de los últimos espacios donde aún se puede soñar con una sociedad más justa.
Sin embargo, ese sueño solo es posible si quienes enseñan son también respetados, cuidados y escuchados, por lo que defender al magisterio es defender la posibilidad de un país más digno, más libre y verdaderamente democrático.
De ahí que el espíritu de esta propuesta, la llamada Ley PROTEM, tiene un mérito innegable: poner el foco en la presunción de inocencia del magisterio y en la necesidad de frenar la criminalización sin juicio previo que hoy campea en redes, medios y pasillos escolares.
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