Serpientes y escaleras - No mates al mensajero

A los políticos les gusta que se hable de corrupción, siempre y cuando no sea la de ellos

No mates al mensajero

Los últimos sexenios nos hemos acostumbrado a ver que en Morelos todo pasa y nunca pasa nada; gobernantes van y vienen sin que las cosas cambien de fondo. La oferta recurrente es el combate a la corrupción, pero hasta ahora todo ha quedado en promesas incumplidas, por eso la gente ha dejado de creer, normalizó la impunidad y se acostumbró al moche. Nunca como hoy se volvió vigente la frase: el que no tranza no avanza.

El de Margarita González Saravia pretende ser un gobierno distinto y se nota, la dama demuestra con esfuerzo personal que quiere que las cosas sean diferentes, se levanta muy temprano todos los días y recorre la entidad de norte a sur y de oriente a poniente como nunca lo hicieron sus antecesores. En su mente tiene claro que el mejor camino es estar en contacto directo con el pueblo y escuchar de viva voz las cosas.

Lo suyo no es pose ni moda, se trata de una mujer que ha hecho lo mismo toda su vida, que cree en el proyecto obradorista y está comprometida con las causas de los más necesitados. Nunca en treinta años de trayectoria pública ha estado envuelta en escándalos, ni ha sido señalada por malos manejos del recurso público. El dinero nunca ha sido su objetivo.

Para Margarita González Saravia el poder y la autoridad que le confiere ser gobernadora de Morelos no es nuevo, a lo largo de su vida ha ocupado posiciones importantes en la administración pública y desde la iniciativa privada ha sobresalido por su trabajo. Por convicción personal y trayectoria de vida, la dama no es alguien que se maree con un cargo.

Pero aunque la suya es una imagen pulcra y transparente, lo que ocurre a su alrededor es, en algunos casos específicos, la cara opuesta de la moneda. Se los explico de esta forma:

Imagina lectora lector queridos, que el gobierno es un matrimonio y la corrupción es la infidelidad. En una relación personal las señales de alerta aparecen con las llegadas tarde a casa, los gestos nerviosos, las llamadas privadas y los gastos inexplicables. En la administración pública son las licitaciones a modo, apoyo a ciertas empresas, contratos privados a empresas directamente relacionadas con figuras del poder, facturas infladas y los rumores sobre personeros que ofrecen negocios a diestra y siniestra.

Así como en el matrimonio el cónyuge prefiere el autoengaño, el gobernante suele convencerse de que en su equipo “no hay corrupción”. Lo segundo es común, aunque las pruebas estén a la vista: los señalamientos se desestiman bajo la lógica de que se trata de rumores, cosas sin comprobar, intrigas o politiquerías. “Si no hay pruebas es chisme” afirman los mandatarios, para salir del paso.

Pero igual que en el matrimonio, donde al final todo queda al descubierto, con el tiempo en el gobierno las cosas caen por su propio peso. El problema en ambos casos es el descubrimiento tardío, cuando el daño está hecho, la imagen pública cambió y las cosas casi siempre son irremediables. En ese momento se llega a una encrucijada: actuar conforme a la ley o tratar de esconder los pecados para minimizar el perjuicio. Y casi siempre recurren a lo segundo, porque las redes de complicidad son enormes e involucran a muchas personas.

En el gobierno de Graco Ramírez la gente comenzó a hablar de corrupción en el tercer año, cuando apareció Rodrigo Gayosso; en ese momento se supo que el hijastro había construido una red operativa a través de todos los titulares de finanzas de las dependencias y junto con Elena Cepeda manejaban todos los contratos, licitaciones, obra pública y cualquier negocio que se hiciese en la administración estatal.

Con Cuauhtémoc Blanco las acusaciones de corrupción empezaron en el segundo año y el personaje central fue Ulises Bravo. El hermano incómodo fue tanto o más protagonista que Gayosso, también tejió una red operativa en las dependencias, concentró el poder que le cedió el gobernador y de la misma manera que en el sexenio anterior, no se conformó con el poder económico, también buscó poder político e intervino en la vida interna de su partido.

Por tercer sexenio consecutivo la historia se repite, con distintos personajes, pero con la misma dinámica. Las señales están a la vista, aparecen en todos lados y los propios funcionarios lo comentan; es secreto a voces que existe un oprobioso tráfico de influencias, que hay figuras que ofrecen negocios, presionan a los secretarios y concentran el recurso público en sus empresas y las de sus aliados.

Para evitar este tipo de cosas es necesario vigilar a detalle el desempeño del equipo, observar con cuidado la manera cómo funciona la administración y establecer controles autónomos y de protección que eviten que las prácticas del pasado se repitan en este gobierno. Pero nada de eso se hace.

Las señales de anomalías son inocultables, son del dominio público y comienzan a poner en tela de duda el discurso institucional. La mayor parte del equipo que acompaña a la gobernadora es gente buena, no todos tienen la misma capacidad ni compromiso, pero en general tratan de mantener la misma sintonía, atendiendo la máxima de no mentir, no robar y no traicionar.

El problema, como en todo, son las excepciones, los que se mueven en paralelo al gabinete, los que ponen en la mesa el nombre de la gobernadora y se presentan como embajadores del ejecutivo, presumiendo su cercanía desde la campaña y su encomienda de retornar los aportes.  

Es justo ahí donde está el problema y donde la crisis comienza a escribirse. Como ya ha ocurrido en el pasado, la consecuencia de hablar de estos temas deriva en la amenaza de romper relación institucional y castigar la opinión, porque se considera “un ataque” a pesar de que sea verdad. El gobernante tiene el poder de actuar de esta manera, lo ha hecho siempre, pero la realidad no cambia porque los hechos son reales, conocidos y del dominio público. Aunque no se publique, la verdad está ahí, la gente se da cuenta y habla de ella.

Advertir un problema no es atacar, por el contrario, es una manera de ayudar a que el pasado no se repita y derive en las mismas consecuencias. La gobernadora Margarita González Saravia no es una gobernante cualquiera, su principal diferencia no es el género, sino su historia de vida, actitud y convicciones. Precisamente por eso la gente ha conectado con ella, la ve con buenos ojos y la apoya.

El problema está abajo y a su lado, entre quienes no han entendido que su discurso de honestidad es real, legítimo y no admite interpretaciones. Todos los gobernadores nos han prometido actuarán contra la corrupción, la diferencia con Margarita González Saravia es que ella sí lo dice en serio.

Ojalá la gobernadora advierta las señales a tiempo.

·         posdata

Ejemplifiquemos la corrupción de Morelos con un caso real:

Antonio Villalobos Adán fue alcalde de Cuernavaca del 2018 al 2021, llegó al poder por casualidad, derivado de un conflicto interno en Morena, sin ningún mérito, cualidad, experiencia o preparación. Fue como el burro que tocó la flauta.

Profesionalmente hablando Villalobos había sido funcionario menor en el ayuntamiento y fue sancionado por su mal desempeño; a pesar de ello lo hicieron suplente de José Luis Borbolla por intervención directa de Rabindranath Salazar y Miguel Lucia. Lo que nadie pensó en ese momento es que Choche iba a ser descalificado y El Lobo llegaría sin haber aparecido en la boleta.

Como presidente municipal de Cuernavaca, Villalobos demostró que además de incapaz y falto de talento, era ocurrente: se inventó viajes al extranjero, implementó programas absurdos y se burlaba de la gente que se manifestaba por falta de agua enviándoles pipas a los puntos de bloqueo.

La torpeza, frivolidad y protagonismo del alcalde morenista se magnificó con la intervención de su familia en la toma de decisiones de su gobierno; en el ayuntamiento era secreto a voces que había dos mandos, dos personas que tomaban decisiones y un solo objetivo: hacerse millonarios en tres años.

Las torpezas de Antonio Villalobos se volvieron memes, pero su falta de capacidad y preparación llevó a la ciudad a un punto crítico, como nunca se había visto; a pesar de ser el municipio con más recursos, la displicencia con la que se ejerció el presupuesto colocó a Cuernavaca en una quiebra técnica y elevó la deuda municipal en cientos de millones de pesos.

Frente a la parálisis operativa del gobierno, el impago a los trabajadores y la crisis de servicios, aparecía la frivolidad de un alcalde que se compraba autos de alta gama y motocicletas de lujo, adquiría propiedades en otros estados y en el extranjero, organizaba viajes con decenas de amigos y se consentía con operaciones estéticas para marcar su abdomen y aumentarse los glúteos.

La torpeza de Villalobos solo era equiparable con su ambición y la crisis estalló cuando sus propios colaboradores comenzaron a denunciar malos manejos, enriquecimiento y vínculos con la delincuencia organizada. Siendo aún alcalde, se presentaron denuncias por estos hechos, promovidas, decían en el propio ayuntamiento, por su hermano; los colaboradores más cercanos de Villalobos declararon ante la FECC y aportaron pruebas en su contra en la fiscalía anticorrupción.

Con tantos problemas y malas decisiones era evidente que la carrera política de Antonio Villalobos acabaría de manera fugaz; las faltas cometidas fueron documentadas y denunciadas ante la FECC, hecho que derivó en su encarcelamiento por unos meses, pero como la fiscalía era un nido de pillos encabezada por Juan Salazar y Edgar Núñez Urquiza, el proceso solo sirvió para extorsionar al exalcalde.

Las historias de corrupción no ocurren en solitario: antes, durante y después del encarcelamiento temporal de Villalobos hubo tratos extrajudiciales con funcionarios de la fiscalía anticorrupción y con jueces; se habló de millones de pesos en sobornos que permitieron al acusado salir de prisión y continuar el proceso en libertad a pesar de que en su contra obran más de 40 denuncias por diversos delitos cometidos durante su administración. Hoy Antonio Villalobos presume que ya libró las acusaciones y se presenta como perseguido político.

El punto central en esta historia está en lo evidente: Antonio Villalobos asumió la alcaldía siendo un hombre pobre, que rentaba un departamento de interés social y según su propia declaración patrimonial no tenía cuentas de banco, bienes raíces, ni vehículos. Al final terminó con una casa de más de 8 millones de pesos en Palmira, dos departamentos en Averanda, otro en Acapulco y una propiedad en Houston.

Ahora resulta que Villalobos es inocente, que fue acusado y encarcelado sin pruebas y hasta podría demandar la reparación del daño a la FECC. Una vez más el inculpado le ganó la partida a la fiscalía anticorrupción, ahora con un nuevo titular, dejando claro que las complicidades son institucionales y no personales.

Leonel Díaz Rogel ha perdido una importante batalla con el caso de Villalobos y eso abre la interrogante ¿Es jurídicamente capaz y moralmente pulcro para llevar los casos contra los corruptos o ya entendió cómo se hacen negocios en esa oficina?

Por cosas como estas la gente ha dejado de creer en las autoridades.

·         nota

Las lluvias de los últimos días han dejado severas afectaciones en varios municipios y expuesto la mala calidad de los materiales utilizados en las obras públicas de los gobiernos.

Pero en lugar de aplicar las fianzas respectivas, seguramente se volverá a hacer y pagar la obra. Negocio redondo.

·         post it

Averanda y el Mascareño se convirtieron en el refugio de los nuevos ricos del estado.

·         redes sociales

“Cero corrupción en este gobierno” dice el secretario de gobierno Juan Salgado Brito.

¿¡Atekai!?

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