De voz en voz - Alerta sin eco: diez años de violencia feminicida en Morelos

El pasado 10 de agosto se cumplieron diez años desde que en Morelos se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Una década después, la pregunta es obligada: ¿qué cambió? La respuesta, por dura que parezca, es que nada cambió para bien. Las cifras muestran no un avance, sino un retroceso doloroso.

Cuando la AVG se decretó en 2015, se pensó como un mecanismo de emergencia para contener y revertir la violencia feminicida. Sin embargo, lo que debía ser un parteaguas se convirtió en un procedimiento rutinario, atrapado en la burocracia. Los números lo dicen todo: en el año de la declaratoria se registraron 57 feminicidios; en 2016, la cifra se disparó a 97; para 2019 fueron 100; y el 2023 se convirtió en el año más sangriento con 125 casos. Hasta junio de este 2025 ya se contabilizan 56 asesinatos de mujeres, lo que anticipa otro cierre trágico. En total, en diez años suman 941 feminicidios.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno fallaron en lo esencial: proteger la vida. No se cumplieron las medidas ordenadas, no hubo políticas públicas con perspectiva de género y los presupuestos fueron insuficientes o mal ejecutados. En lugar de acciones contundentes, abundaron informes maquillados y actos simbólicos que nada cambiaron en las calles, en los hogares, en la vida de las mujeres. La violencia siguió creciendo mientras las instituciones se enredaban en la simulación.

La investigación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos es contundente: la violencia contra las mujeres es estructural, sistemática y generalizada. Entre 2000 y junio de 2025 se han documentado 1,590 feminicidios. La mayoría de las víctimas son jóvenes entre 21 y 30 años, lo que refleja cómo la violencia está arrebatando el futuro de toda una generación.

Pero más allá de las cifras, lo que más duele es la impunidad. Los ministerios públicos, las fiscalías y los juzgados arrastran omisiones, negligencia y corrupción. Las familias que buscan justicia se topan con expedientes mal integrados, ausencia de peritajes, criminalización y revictimización. A la pérdida de una hija, hermana o madre se suma la violencia institucional que les niega la verdad y la justicia.

Diez años después, la conclusión es clara: la AVG fracasó como mecanismo de protección. No puede seguir siendo un trámite administrativo que se reduce a reuniones y reportes. Se necesita un compromiso político real, acompañado de recursos, estrategias integrales y rendición de cuentas. Se necesita la voz activa de la sociedad civil y de los colectivos feministas, porque son ellas quienes han sostenido la lucha y han documentado lo que el Estado ha querido ocultar.

La vida de las mujeres en Morelos no puede seguir reducida a estadísticas. La violencia feminicida es una crisis humanitaria que exige acciones urgentes y coordinadas. Cada feminicidio es una historia interrumpida, una familia rota, una deuda pendiente del Estado.

Hoy, con una mujer en la Presidencia y otra en la gubernatura, el discurso debe transformarse en hechos. Las promesas de campaña de garantizar una vida libre de violencia no pueden quedarse en retórica. Tienen la responsabilidad histórica de demostrar que el poder en manos de mujeres puede significar un cambio real para las mujeres. Porque la democracia solo será auténtica cuando en Morelos ninguna mujer tenga que vivir —ni morir— con miedo.