TERCERO INTERESADO - Ahorro malentendido

En el año dos mil, el auge del panismo trajo consigo un incremento considerable en los tabuladores de sueldos y compensaciones en todos los niveles de la administración pública del país. Se llegó incluso a excesos en los que ciertos ediles ganaban más que algunos ejecutivos de las compañías y empresas más relevantes del país; sin embargo, en general, se revaloraron las percepciones de las personas servidoras públicas y, en consecuencia, se volvió atractivo incorporarse a la función pública con un nuevo perfil gerencial, para quienes su capacidad y preparación tradicionalmente solo encontraban la retribución correspondiente en la iniciativa privada.

No obstante, dos décadas después y en un contexto donde la inflación y el costo de vida están en constante cambio, la revisión y actualización de los tabuladores de sueldos de los gobiernos a nivel estatal y municipal se ha vuelto una necesidad imperativa, sobre todo en los casos en los que durante todos estos años, no han sufrido incremento alguno, es decir, niveles salariales que llevan más de veinte años sin ser actualizados, lo que ha llevado a una disminución significativa del poder adquisitivo y la calidad de vida de los servidores públicos. Esto no solo afecta a los trabajadores, sino que también tiene repercusiones negativas en la eficiencia y calidad de los servicios públicos.

La inflación erosiona el valor del dinero con el tiempo, por tanto, si los salarios no se ajustan para reflejar este aumento en los precios, los trabajadores ven disminuido su poder adquisitivo, lo que afecta su capacidad para cubrir necesidades básicas. En México, la inflación acumulada desde el año 2000 hasta la fecha alcanza niveles de alrededor del 120%; esto significa que el poder adquisitivo de los salarios que no se han ajustado ha disminuido más que considerablemente. En la mayoría de los casos, esto se debe a la presión social y política hacia los gobernantes y sus administraciones públicas, en las que el discurso de “no subir sueldos” o incluso “disminuir sueldos”, es altamente rentable ante un electorado y una ciudadanía que ha incrementado su mal humor social y animadversión contra todo lo que implica a la política y el gobierno.

Dicho fenómeno ha generado desmotivación, baja productividad y una disminución en la calidad de los servicios, así como fuga de talentos. Los profesionales altamente calificados optan por empleos en el sector privado, donde los salarios suelen ser más competitivos y se ajustan con mayor frecuencia, dejando a las administraciones públicas, sobre todo municipales y estatales, con una falta de personal capacitado y, por tanto, una menor eficiencia operativa que en algunas áreas puede llegar a ser crítica, sobre todo en temas como salud, educación y seguridad pública.

Es evidente que no se trata de tener gobierno rico con pueblo pobre, pero tampoco de que existan gobiernos que hacen como que pagan, con funcionarios que hacen como que trabajan. Los salarios competitivos atraen y retienen a recurso humano altamente calificado, lo que es crucial para la eficiencia y efectividad de las administraciones públicas para mantener un alto nivel de competencia y experiencia. La revisión y actualización de los tabuladores corrige desigualdades salariales, promueve un entorno de trabajo más justo, equitativo y con estabilidad laboral en las instituciones públicas. Para ello, es fundamental establecer un mecanismo de evaluación periódica de los tabuladores de sueldos, que tenga en cuenta factores como la inflación, el costo de vida, las condiciones del mercado laboral y circunstancias económicas actuales.

Y en todo ello, se concentra también el positivo resultado de apostar por la eficiencia y calidad de los servicios públicos, claro que sin abusos ni excesos pero tampoco con simulaciones ni concesiones populistas que resulten en ahorros malentendidos, sino concibiéndolo como un proceso de actualización y mejora continua, una inversión a favor del bienestar de los empleados públicos y sobre todo en la calidad de los servicios, acciones y programas de las instituciones; rompiendo el círculo vicioso: mala paga - bajo perfil de servidores públicos - administración y gobierno ineficiente - insatisfacción ciudadana.

Carlos Tercero

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