Serpientes y escaleras - Los narcopolíticos

El discurso político ha subido sustancialmente de tono. Y no pasa nada.

Los narcopolíticos

El señalamiento es duro, pero la declaración no es nueva ni ha ido más allá del discurso: En Morelos hay narcopolíticos. El gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco ha insistido desde que asumió la gubernatura que la clase política local está pervertida, que entre los actores de poder y la delincuencia existen lazos indisolubles y en muchos casos hay una relación de complicidad. ¿Y luego?

Esta semana por enésima ocasión el jefe del ejecutivo morelense puso el dedo en la llaga: alcaldes y diputados han sido apoyados por grupos criminales y tanto el exgobernador Graco Ramírez como el excomisionado de seguridad Alberto Capella pactaron con el narcotráfico. “Hay audios que obran en poder de la fiscalía general de la República” dice contundente el mandatario.

La declaración surge unos días después del choque entre el diputado Agustín Alonso Gutiérrez y el comisionado estatal de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros; en ese duelo el legislador acusó al funcionario estatal de omiso e incompetente al grado de pedirle, “por dignidad”, que abandonara el cargo. La respuesta del marino fue inmediata y en el mismo tono, pues sin hacer un señalamiento directo el jefe policiaco habló de acuerdos, complicidades y financiamiento a grupos de la delincuencia organizada.

El análisis sobre lo ocurrido en el congreso estatal y las posteriores declaraciones del jefe del ejecutivo no pueden quedar solo en lo policiaco; las supuestas redes de complicidad que del lado institucional se señalan entre grupos criminales y figuras de la vida pública estatal son sumamente graves y ameritan una acción legal por parte de las autoridades correspondientes. Lo dicho por el comisionado Guarneros y el gobernador Blanco es grave y el efecto de las acusaciones va más allá de lo mediático. Explico:

Queda claro que hasta que alguna instancia judicial confirme la complicidad entre actores de la vida política y grupos delictivos todo será dimes y diretes, acusaciones al aire que generan morbo y tensan la relación institucional, pero no pasan de eso. Sin embargo este tipo de posturas modifica es el escenario político y complica el diálogo en otros temas, como el presupuesto que actualmente analiza el congreso.

En estas primeras semanas de la nueva legislatura el trato entre poderes ha sido civilizado, mucho más terso de lo que muchos imaginábamos tomando en cuenta los antecedentes en la relación entre algunos excalcaldes que hoy son diputados y el jefe del ejecutivo, particularmente en lo referente a la seguridad.

Hasta antes de la comparecencia del comisionado de seguridad todo era cordialidad entre poderes, después de ese choque y de las declaraciones del mandatario habrá que esperar qué es lo que sigue y si esta rispidez afecta de alguna manera la discusión del paquete económico del próximo año.

La relación entre el poder ejecutivo y los legisladores locales es una sola, aunque incluya diferentes temas; el de la semana pasada fue un enfrentamiento por el tema de la seguridad, pero hablamos de los mismos diputados que analizarán y aprobarán el presupuesto enviado por el gobernador. Ítem más: Agustín Alonso no es un representante popular cualquiera, preside la comisión de Hacienda. ¿Ha habido operación política después del altercado de la semana pasada?

Respecto a los supuestos vínculos de figuras de la vida pública estatal con miembros de la delincuencia organizada la historia es compleja, porque los temas y los tiempos se entremezclan: el comisionado de seguridad habló en presente cuando se refirió a quien financia, dialoga, pacta y protege a un grupo criminal; el mandatario lo hizo en presente y pasado, es decir, además de respaldar los dichos del jefe de la policía Cuauhtémoc Blanco trajo a colación el supuesto pacto que hubo en el gobierno anterior con el narcotráfico.

Insisto: la historia es compleja no solo por lo que representan las acusaciones, también lo es por los personajes que involucra y el efecto de ello en la agenda estatal; el gobernador de Morelos hizo referencia directa a alcaldes, diputados y senadores que han sido apoyados por grupos criminales, se trata de “narcopolíticos” que están siendo investigados por la FGR, la SEIDO y la UIF; eso tensa la relación entre poderes.

Aquí entra un tercer actor a escena: el gobierno federal. Cuauhtémoc Blanco hizo referencia a audios que obran en poder de la fiscalía general de la república, de investigaciones que confirmarían que políticos morelenses pactaron con el narcotráfico y funcionarios que desde diferentes oficinas los protegen. ¿Qué ha hecho la FGR con esa información?

Si el gobierno de la república tiene esos expedientes y ha confirmado por medio de audios que algunos actores de la vida política estatal, incluyendo servidores públicos y representantes populares están relacionados con el crimen organizado la pregunta es obvia ¿Por qué no han detenido a nadie?

Respecto a las investigaciones en contra de funcionarios de la administración pasada, incluyendo al exgobernador Graco Ramírez y al excomisionado de seguridad Alberto Capella las aseveraciones son contundentes en lo verbal, pero tibias en lo institucional, porque después de tres años no les han podido comprobar ninguna falta cometida, ni tampoco han sido capaces de presentar pruebas contundentes.

Una y otra vez el recientemente destituido asesor anticorrupción del gobierno estatal Gerardo Becerra se excusó diciendo que a Graco Ramírez lo protegen los fiscales estatales, pero tomando en cuenta la buena relación del gobernador con el gobierno federal y considerando la amistad de Becerra con los fiscales Uriel Carmona y Juan Salazar resulta insostenible esa hipótesis. No actuaron porque no quisieron o porque no supieron como hacerlo.

Elevar la temperatura del diálogo político local con acusaciones que solo quedan en el discurso no es algo que convenga a nadie, sobre todo cuando no existe operación política del gobierno estatal; muchos aplaudieron la reacción del comisionado Guarneros frente al diputado, celebraron la contundencia de sus argumentos y festinaron que ante la opinión pública ganó el debate. El problema es que en paralelo no hubo ni hay operación política que ayude a limar asperezas y a superar el momento.

Cuando Graco Ramírez tomó protesta del cargo de gobernador en la plaza de armas de Cuernavaca dijo que recibía un narcoestado de manos del gobierno del PAN y aseguró que acabaría con el manto de impunidad que protegía a muchos actores de la vida política estatal. Nueve años después Cuauhtémoc Blanco reitera que en Morelos hay narcopolíticos, pero igual que en el pasado no se ve una sola acción concreta para ponerle un alto a esta situación.

Lo dicho hace unos días por el diputado Agustín Alonso es sustantivo: Si las autoridades tienen pruebas de que alguna persona está vinculada a la delincuencia organizada ¿Qué esperan para proceder legalmente contra ella?

En cualquier otra administración pública, cuando se sube el tono del discurso se refuerza la operación política. Aquí no se ha hecho.

• posdata

Esta semana las administraciones saliente y entrante de Cuernavaca instalaron las comisiones encargadas del proceso de entrega recepción; con la presencia de los alcaldes Antonio Villalobos y José Luis Urióstegui se presentó a quienes tendrán la responsabilidad de conducir los trabajos bajo una óptica profesional, libre de prejuicios y apegada a derecho, dijo el abogado que el 01 de enero tomará el mando de la capital.

En este plano hay figuras del equipo entrante que llaman la atención: Carlos de la Rosa y Alicia Vázquez Luna, el primero responsable de recibir la secretaría del ayuntamiento y la segunda la de seguridad; ambos, principalmente De la Rosa, destacan por su seriedad, su cercanía con el alcalde y su capacidad profesional; las dependencias que recibirán son, junto con el área financiera y la de comunicación, piezas claves para cualquier gobierno y deben ser ocupadas por personajes capaces que además, gocen de la confianza del presidente y sean leales con su proyecto.

El acto de instalación fue institucional, es decir, todos los presentes se manejaron con prudencia evitando juicios de valor o expresiones que se prestaran a especulaciones; Urióstegui, fiel a su estilo, habló mucho sin decir nada y Villalobos, como siempre, cantinfleo. Al día siguiente el edil saliente presumió a través de un comunicado y en sus redes sociales que entregarían una administración con “cero deudas” que había logrado reducir los adeudos históricos de la ciudad.

Todo el cuidado que José Luis Urióstegui tuvo en el acto de instalación contrasta con la torpeza de Antonio Villalobos al presumir algo absolutamente falso; aunque nadie cree en la palabra del edil en funciones, su imagen al lado de su secretario del ayuntamiento, la síndico municipal y los regidores parece una burla y un reto a las autoridades entrantes, porque no faltará el despistado que en el futuro reclame a la nueva administración los enormes pasivos que existen en la ciudad.

De manera oficial el presidente municipal Antonio Villalobos está asegurando que entregará un gobierno con finanzas sanas, sin adeudos y con menos pasivos de los que recibió; con ello José Luis Urióstegui no tiene pretextos para no resolver problemas de operación diaria en la ciudad, ni necesita contratar nuevos empréstitos porque la administración que recibirá goza de buena salud financiera.

El silencio del alcalde electo ante un comentario así no es aceptable, porque dejar pasar esta información oficial implica aceptar los dichos del edil saliente; sin conocer el estado que guardan las finanzas municipales cualquiera puede notar que las afirmaciones de Villalobos son falsas; tan solo hay que ver el millonario adeudo del sistema de agua potable con la CFE, los cientos de juicios y laudos laborales generados en esta administración, los pagos pendientes a trabajadores jubilados y los cientos de millones que se adeudan a proveedores, empezando por el encargado de la recolección de basura.

El comunicado del ayuntamiento de Cuernavaca no solo es una burla, conlleva responsabilidad legal para quien hace la afirmación y para quien en su carácter de presidente municipal la acepta.

A lo largo de tres años ha quedado claro que además de torpe, Antonio Villalobos es un sujeto imprudente; hoy la duda es si continúa actuando con la imbecilidad que le caracteriza o algo hay de cierto en el supuesto pacto de inmunidad que presume tener con José Luis Urióstegui.

El futuro alcalde de Cuernavaca tendría que fijar una postura respecto a esta afirmación; su silencio abre espacio para la especulación.

Dicen que quien calla otorga.

• nota

Cuernavaca saldrá de convenio de mando coordinado de policía, pero tendrá drones para coadyuvan a la prevención y vigilancia de la ciudad, dice el alcalde electo; en principio habrá diez drones distribuidos en todo Cuernavaca y un vehículo portador de radares lectores de chips que pueden detectar vehículos robados.

Con uso de tecnología, dice José Luis Urióstegui, los policías de la capital serán más eficientes en su trabajo, con “tiros de precisión” a la hora de identificar a probables delincuentes.

A partir del primero de enero la historia de seguridad en la capital del estado se verá y se contará de manera diferente, Cuernavaca recuperará el manejo total de su policía con todo lo que ello implica a favor y en contra. La apuesta del presidente municipal José Luis Urióstegui es muy alta y suena bien en la teoría, esperemos que en el terreno de los hechos sea tan eficiente como lo plantea.

En cualquier caso, fuera del mando único y con tantos problemas acumulados en el ayuntamiento el próximo gobierno de la capital necesitará una extraordinaria estrategia de comunicación, porque el primer cambio que debe sentirse en la ciudad está en el terreno de la percepción.

• post it

Juan Ángel Flores es uno de los alcaldes con más reconocimiento en el estado, no solo por su desempeño como autoridad, sino porque históricamente se ha caracterizado por su buen corazón y compromiso con las causas sociales.

En la última encuesta de Mitofsky el edil de Jojutla se ubica en el doceavo lugar nacional, es decir, es uno de los mejores calificados del país con 61.1% de aprobación; en el ranking de Morena Juan Ángel ocupa el quinto lugar. El primer lugar nacional es para el panista Jesús Antonio Nader Nasrallah, presidente municipal de Tampico Tamaulipas con 70.6% de aprobación.

La cara opuesta de la moneda en Morelos la representan los alcaldes de Morena Jesús Antonio Damián de Cuautla y Antonio Villalobos Adán de Cuernavaca, con el 25.5% y 25.3% de calificación respectivamente; son los peores en el estado y de los peores en el país.

La buena imagen que tiene Juan Ángel Flores no es casualidad, le ha tomado mucho tiempo y esfuerzo ser percibido como un presidente municipal popular y exitoso. Todo ese esfuerzo, empero, se puede ir a la basura con la incorporación a su equipo cercano de Román Contreras Nahón, un sujeto prepotente que hace unos años golpeó y mandó a su pareja sentimental al hospital.

Es inconcebible que una persona sensible y comprometida con la lucha contra la violencia de género como Juan Ángel cobije y proteja a un golpeador de mujeres.

Again: dime con quien andas…

• redes sociales

En política los errores se pagan caro.

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