Serpientes y escaleras - El regreso de PASA

No nos afecta perder el cargo, nos afecta que la ciudad padezca una nueva contingencia

El regreso de PASA

Por determinación de la juez quinto de distrito el ayuntamiento de Cuernavaca fue obligado a pagar 38 millones de pesos a la empresa PASA y a restituirle el contrato de prestación del servicio de recolección de desechos sólidos que el gobierno 2006-2009 le otorgó por un periodo de veinte años. La decisión de la impartidora de justicia no solo fue legal, también incluyó un interés personal, según lo expresa el alcalde Urióstegui al revelar las presiones y amenazas recibidas de parte de la abogada Martha Eugenia Magaña López. Derivado de ello la ciudad puede enfrentar en los próximos días una nueva contingencia ambiental.

Recapitulemos la historia: durante la administración panista de Jesús Giles Sánchez el gobierno de la ciudad privatizó el servicio de limpia de la ciudad y otorgó a la empresa Promotora Ambiental de la Laguna S.A un contrato de concesión por veinte años; la compañía lagunera creó otra empresa (Promotora Ambiental de Cuernavaca, PACSA) a través de la cual subcontrató los trabajos de recolección de basura.

Durante el gobierno de Manuel Martínez Garrigós (2009 2012) la empresa entró en conflicto con el ayuntamiento por falta de pago y determinó unilateralmente suspender el servicio; en ese momento la administración expuso que no contaba con el total del adeudo, pero ofrecía regularizar el pasivo en parcialidades, a lo que la concesionaria mantuvo su postura de no seguir trabajando hasta que les liquidaran todo. En un último intento de conciliar el gobierno municipal aportó una parte del pago pendiente y advirtió a la empresa que la suspensión del servicio era una causal de recisión del contrato; Pacsa se mantuvo en la misma postura y frente a la contingencia ambiental el ayuntamiento comenzó a recolectar la basura de la ciudad en camiones de volteo y dio por anulado el contrato con la empresa lagunera.

A partir de ese momento comenzó un juicio que ha durado muchos años y generó intereses por alrededor de diez millones de pesos; los representantes legales de PASA han llevado el tema a través de las diferentes instancias legales y en los últimos meses encontraron en la juez Martha Eugenia Magaña un espacio de apertura y acuerdo personal que se refleja en la postura de la impartidora de justicia frente al tema: la representante del juzgado quinto ha pasado de la actuación institucional a lo que pareciera la lucha de un interés individual: en las últimas semanas ha llevado el tema a un nuevo nivel, amenazando al alcalde, a la síndico y al tesorero, imponiendo multas y amenazando con removerlos del cargo si no cumplen de inmediato con dos premisas: pagar el total del adeudo y regresar el contrato a PASA.

Según lo cuenta el propio alcalde José Luis Urióstegui desde que tomaron el control de del ayuntamiento han buscado la conciliación de distintas formas y por diferentes vías, contrario a la indiferencia que hubo en administraciones pasadas, la actual se acercó a la empresa y buscó a la juez para encontrar un punto de encuentro que permitiera al municipio comenzar a saldar el adeudo en parcialidades, la respuesta siempre fue negativa y arrogante, según lo narra el presidente municipal, como si entre las partes existiera una especie de acuerdo con beneficio mutuo. Por escrito en once ocasiones el gobierno de Cuernavaca solicitó a la juez que considerara la problemática municipal y las afectaciones ambientales e hizo caso omiso.

Ante la cerrazón de la empresa y la visible complicidad de la juez, a quien no le interesó que su determinación pusiera en riesgo la salud de miles de personas ante una eventual contingencia ambiental, el gobierno capitalino pagó esta semana el total del adeudo e intereses y fijó un plazo de 48 horas para que PASA retomara los trabajos de limpia de la ciudad. La empresa lagunera ya no tiene presencia en Morelos, las oficinas que marcó para ser notificada no existen y hasta el momento de escribir esta columna no se le había podido notificar.

El regreso de PASA a Cuernavaca depende, además, de que la empresa cumpla con cuarenta puntos que contempla el contrato inicial de prestación de servicios y se adecue a las condiciones económicas del ayuntamiento, es decir, que el costo de sus servicios sea igual o menor que con la empresa KS.

La decisión de la juez Martha Eugenia Magaña López puede estar apegada a la ley, pero no toma en cuenta la situación del municipio ni los efectos sociales y sanitarios que acarrearía; peor: la actitud de la abogada no es imparcial, se ha caracterizado por tomar el asunto con un interés personal a sabiendas del riesgo en que colocaría a la ciudad.

Frente a ello la decisión del alcalde y del cuerpo edilicio es valiente e inteligente, hicieron un ajuste económico para obtener los recursos necesarios para pagar el adeudo a la empresa sin afectar el funcionamiento de la ciudad, particularmente el salario de los trabajadores. Pero aunado a ello pusieron un plazo a PASA para que retome el servicio de recolección so pena que de no hacerlo se tomarán decisiones “aunque no gusten a la jueza”, porque no están dispuestos a poner en riesgo a la ciudad y a sus habitantes. “Lo que está por suceder no es culpa de esta administración, sino de gobiernos pasados, de la empresa PASA y de la titular del juzgado quinto de distrito” señaló José Luis Urióstegui.

Operativamente hablando resulta imposible que PASA retome los trabajos de recolección de basura en el tiempo que le ha fijado el ayuntamiento; lo primero que se debe considerar es que la empresa no tiene infraestructura ni personal en Cuernavaca, tampoco tiene un lugar que opere como centro de transferencia, ni mucho menos donde depositar los desechos sólidos de la capital. Cumplir con estos cuatro aspectos básicos toma mucho más que 48 horas y después de ello quedan 36 puntos más que se deben atender como parte del contrato que la juez ordenó que se retome.

Estos aspectos debieron ser considerados por la impartidora de justicia, dice el presidente municipal capitalino al tiempo de exponer que ante el incumplimiento de PASA la empresa que actualmente presta el servicio podría continuar realizando los trabajos en la ciudad. “La jueza quinto de distrito no tomó en cuenta la situación, solo impuso la obligación de pagar y restituir el servicio sin analizar si la empresa tiene el centro de disposición final, los vehículos, las garantías, el capital social y las condiciones para cumplir con las otras obligaciones estipuladas en el contrato. Hemos presentado ya una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de la juez Martha Eugenia Magaña López por el exceso con el que está actuando a favor de PASA”

La determinación de la juez es abusiva y no puede entenderse fuera de un contexto que incluya un interés económico personal. La abogada aplicó la ley a rajatabla sin tomar en cuenta elementos sociales, operativos y conciliatorios; a diferencias de las anteriores, la administración de José Luis Urióstegui no se escondió, buscó un acuerdo y una negociación que conviniera a las partes, pero nunca obtuvo eco ni de la empresa ni de la impartidora de justicia.

Hoy el ayuntamiento ha pagado el total del adeudo, aceptó la determinación de Martha Eugenia Magaña de restituir el contrato a PASA y está en su derecho de exigir a la empresa que cumpla con la recolección en un plazo no mayor a 48 horas, porque se trata de un servicio que por salud pública y seguridad sanitaria no puede detenerse.

El gobierno capitalino ha actuado de manera correcta, lo que queda una vez más en el ambiente es la exposición de un integrante del poder judicial que utiliza los procesos legales que llegan a sus manos para actuar de manera arbitraria o convertirlos en un negocio personal.

Como lo dijo Urióstegui: el riesgo de contingencia es real y si ocurre hay a quienes culpar de ello.

• posdata

La decisión de nombrar a un nuevo integrante del congreso local tras el deceso del diputado Yáñez corresponde a los legisladores a través de la Junta Política, dice el presidente de la mesa directiva Francisco Sánchez. En paralelo la presidenta del Impepac se pronunció porque se respete la voluntad popular y se asigne un relevo “con las mismas características y bajo condiciones similares a la del exdiputado Juan José Yáñez Vázquez, es decir: un hombre, preferentemente indígena”.

Recordemos que la curul que ocupó Yáñez Vázquez corresponde al partido Morelos Progresa y el siguiente nombre en la lista de prelación es el de una mujer de nombre Helena Marín, esposa del exalcalde de Ciudad Ayala y presidente del partido José Manuel Tablas Pimentel. El tercer nombre corresponde al sobrino del finado, Roberto Yáñez, hermano de Julio, exdiputado y parte del clan graquista a través de su hijastro Rodrigo Gayosso. Roberto fue registrado en un lugar que corresponde a la comunidad lésbico gay.

Otorgar la diputación a Roberto Yáñez solo formalizaría lo que ya es un hecho, los hermanos Julio y Roberto ya están en la cámara de diputados y desde que arrancó la legislatura hablan en nombre de su tío: toman decisiones, operan políticamente y participan en reuniones en las que formalmente solo deben estar representantes populares; durante mucho tiempo buscaron quitar a su tío con la ayuda del diputado Eliasib Polanco, pero nunca pudieron.

Sea cual sea la determinación que tomen los integrantes de la 55 legislatura se puede anticipar que el tema se irá a tribunales; la Helena Marin apelará al segundo lugar que ocupa en la lista y defenderá su llegada en lugar de un varón con el argumento de “discriminación positiva”; Roberto Yáñez cabildeará con sus amigos del G10 y defenderá su condición de integrante de la comunidad lésbico gay.

La decisión final sobre el tema dependerá en la mayoría, es decir, en el voto de al menos 14 legisladores.

• nota

Pasado el proceso de revocación de mandato y la votación por la reforma eléctrica se han encendido los motores para la sucesión. En Morelos hay perfilados cuatro personajes de Morena con posibilidades reales de competir y dos más que se añadirían a la lista de parte del gobernador para entrar en la baraja de candidaturas. Pongámosle nombres: Rabindranath Salazar, Juan Ángel Flores, Rafael Reyes, Margarita Saravia, Ulises Bravo y Víctor Mercado.

Los tres primeros tienen una estructura propia y madura, probada en varios procesos electorales y medida en la consulta del diez de abril; Margarita es parte de Morena y camina por esa vía, su base será la del partido y su condición de mujer la coloca en un lugar privilegiado ya sea para la gubernatura o para el senado.

El caso de Ulises Bravo y Víctor Mercado es distinto: apenas se están acercando a Morena, lo hacen bajo la sombra del gobernador y con el visto bueno de la dirigencia nacional del partido; el primero mostró su capacidad operativa en la consulta de revocación de mandato y el segundo se ha convertido en una figura preponderante del tablero político de Cuauhtémoc Blanco.

En este recuento hay que añadir el nombre de un personaje que no se perfila a esas posiciones, pero ocupa un lugar preponderante en el proyecto del subsecretario de gobernación: Miguel Lucia. El abogado ha destacado por su habilidad política, por los resultados de su trabajo y por su capacidad para leer escenarios. Miguel no solo es el brazo derecho de Rabín, es también su voz en el estado y su representación en lo que corresponde a la construcción del proyecto 2024. Obvio: la personalidad de Lucia es distinta a la de Rabindraath, pero eso es precisamente lo que ha hecho funcionar la mancuerna y lo que ha provocado que algunos personajes locales lo vean con recelo.

Rabín Salazar tiene en Miguel Lucia lo que los otros seis personajes no tienen: un operador político.

• post it

Aunque al principio los defendió, al final José Luis Urióstegui se disculpó por la actuación de su policía en el caso del desalojo de los seis manifestantes del jueves pasado en la Paloma de la Paz.

El haber aplicado la ley representó un bono a favor del gobierno municipal: ocho de cada diez personas que opinaron en redes sociales sobre el tema lo hicieron de manera positiva, aplaudiéndole al ayuntamiento haber actuado.

Dicho sea de paso: ¿En dónde está la brutalidad policiaca que las feministas reclamaron y el alcalde aceptó?

• redes sociales

¿Por qué en las denuncias de Gerardo Becerra y Enrique Paredes presentadas en la oficina de Juan Salazar no se incluyen los nombres de José Manuel Sanz ni el de Pablo Ojeda?

Pregúntenle a Hugo Eric Flores.

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