Serpientes y escaleras - El graquismo

Llegaron, robaron y se fueron.

El graquismo

Luego de perder la elección y antes de dejar el cargo, el ex gobernador Graco Ramírez trazó un plan para evitar ser perseguido y enjuiciado. El tabasqueño sabía que era indispensable retener el control del estado para que alguien de los suyos tapara los enormes boquetes económicos que su régimen causó a las finanzas estatales y por eso sembró figuras afines en distintas posiciones. La lucha del tabasqueño contra el futbolista sigue y aún tiene pila para rato.

La del PRD fue una administración de opulencia, de contratos multimillonarios y de múltiples negocios en todas las áreas de la administración pública. Todos los funcionarios de primer nivel en ese gobierno hicieron negocios al amparo del régimen, desde todas las áreas se orientaban los recursos públicos y se contrataban empresas amigas que, era secreto a voces, dejaban comisiones superiores al 35 por ciento, convenidas en una oficina de la colonia Polanco en la Ciudad de México.

El gran orquestador de los saqueos, empero, no fue Graco Ramírez (aunque él lo permitió) sino su esposa Elena Cepeda y sus hijos: Rodrigo Gayosso y José Domingo Ramírez. La ex primera dama y sus cachorros fueron depredadores: acabaron con el dinero, los recursos, la tranquilidad y hasta la dignidad del estado. Nunca antes vimos en Morelos un gobierno tan ladrón y una familia tan deleznable.

La obra pública, los contratos, las nóminas y la prestación de servicio fueron junto con los créditos multimillonarios objeto del robo de una familia que no se conformó con la abultada comisión que pedían a los proveedores: también crearon empresas con prestanombres, hicieron negocios con los fideicomisos públicos, con la venta de inmuebles propiedad del estado y hasta con la compra de medicina para atender a pacientes con enfermedades crónicos degenerativas, niños con cáncer y vacunas antialacránicas que resultaron ser agua destilada.

Las historias sobre el saqueo del graquismo se transmitían de boca a boca a lo largo del sexenio, se reseñaron en algunos medios y se compartieron miles de veces en las redes sociales. Nunca faltó algún empleado que detallaba la forma en que se abusaba de los recursos, reseñaban la manera como se robaban el dinero de la gente, señalaban a los encargados de blanquear el dinero y hasta proporcionaban información sobre los bancos en donde movían los recursos.

Durante el graquismo hubo una élite de poder comandada por Rodrigo Gayosso que no solo se enriqueció con el dinero público, también utilizó las instituciones para saciar su sed de poder y tomar venganza de aquellos que les resultaban incómodos. Por supuesto hubo un club de empresarios locales y foráneos favorecidos por el régimen (como Juan Pablo Rivera y el suegro de José Domingo Ramírez) a través de quienes el gobierno hizo obra pública con la condición de aumentar el importe de las facturas y regresar una parte proporcional previamente acordada.

Las obras del graquismo además de caras eran de mala calidad, pero eso no importaba porque nadie en el estado supervisaba o sancionaba los excesos. Los abusos estaban a la vista, el metro de concreto que compraba el gobierno de Graco Ramírez era hasta 500% más caro de lo que marcaban los tabuladores oficiales y nunca hubo revisión de la calidad ni mucho menos se aplicaron las fianzas que las empresas dejaban para respaldar su trabajo. Todas y cada una de los proyectos que se realizaron durante la pasada administración tienen problemas estructurales y los costos estuvieron muy (pero muy) por encima de la media nacional.

Ahí están por ejemplo el estadio Agustín Coruco Díaz o el Museo Juan Soriano, que se inundaron durante las primeras lluvias; también las calles del centro histórico como Guerrero, Ricardo Linares, Lerdo de Tejada o Gutemberg, cuyo precio y calidad ameritarían una sanción para las empresas que las hicieron y los funcionarios que firmaron los contratos. Lo mismo se puede decir del Puente Porfirio Díaz, el mini Parque de Patios de la Estación o la remodelación de la plancha del Centro Histórico de Cuernavaca. Todas estas obras fueron muy (muy) caras y de muy mala calidad, cualquiera que transite por ellas puede darse cuenta.

Diez meses han transcurrido desde que Cuauhtémoc Blanco asumió el control del gobierno estatal y durante ese tiempo lo único que hemos visto en el combate a la corrupción son algunos pálidos y mediocres intentos de procesar a esos pillos. Ninguna acción anti corrupción ha prosperado hasta ahora, todos los juicios y denuncias interpuestas han sido rudas en el discurso, pero suaves en el contenido legal; solo algunos exfuncionarios han sido vinculados a proceso, pero ninguno con la fuerza jurídica suficiente para preocuparlos. La pregunta de fondo es: ¿Realmente los están persiguiendo o actúan suavemente para cumplir con la formalidad y permitir que la impunidad gane?

La sumatoria de conflictos es un elemento clave en los problemas que afronta hoy la administración de Cuauhtémoc Blanco. A lo largo de casi un año el ex seleccionado nacional ha tenido que ir apagando fuegos, sorteando vicisitudes y resolviendo la herencia que le dejó el perredismo.

Envuelto en esta dinámica poco ha podido hacer el ex seleccionado nacional para avanzar en temas que competen a la nueva administración; José Manuel Sanz se ha convertido en el jefe de un departamento de bomberos que va de un lado a otro, atajando crisis, sin el acompañamiento de los otros dos poderes, sin el respaldo efectivo de la federación y a veces luchando hasta con el gabinete.

La disyuntiva del nuevo gobierno ha sido combatir o resolver; no han podido avanzar en muchos de los temas pendientes del estado porque se han dedicado a contener los conflictos que les dejaron sembrados. No hay avances distintos asuntos de la agenda estatal porque la lucha de poder sigue desde el primer día de la administración y varios graquistas continúan activos en puestos claves. Súmese a esto que algunos secretarios apenas están conociendo las dependencias o solo simulan trabajar.

El reto del gobierno de Cuauhtémoc Blanco es enorme: tiene que cargar con la pesada herencia que le dejó el gobierno del PRD, tiene que luchar contra los embates del graquismo, tiene que buscar soluciones estatales sin el acompañamiento de los otros dos poderes y debe afrontar la crisis de seguridad sin la ayuda del gobierno federal.

Al ejecutivo estatal le urge poner orden en su agenda, fijar un rumbo, trazar un plan y recomponer su escenario interno y externo. Cuauhtémoc Blanco necesita hacer política y entender que los problemas del estado no se pueden solucionar sin la ayuda de las demás instituciones.

En una palabra: el gobierno estatal necesita orden.

• posdata

Reconstrucción y seguridad, dos temas pendientes de revisión al pasado gobierno. En ambos casos hubo miles de millones de pesos de por medio, en uno y otro tema se utilizaron recursos públicos sin supervisión y en los dos casos se presumen grandes y muy graves actos de corrupción.

Los dos temas son delicados, en ambos casos se trata de asuntos que no sólo involucran dinero, representan la afectación de miles de personas por el lucro con la tragedia.

Lo que vivimos hoy en el estado en materia de seguridad es consecuencia directa de lo que se hizo en el pasado reciente, de las omisiones y las complicidades del graquismo, del abuso y la perversión de las instituciones, de la mercantilización de una estrategia de seguridad que debió buscar la paz y no el negocio.

Lo mismo sucedió con la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo: ahí se actuó con dolo desde el principio, se desviaron recursos públicos y privados sin importarles la tragedia de miles de familias que en un minuto perdieron todo.

La seguridad y la reconstrucción representa una millonada de pesos perdidos y mal administrados, muchos más de los que la mayoría de los ciudadanos del mundo podrán ver juntos en toda su vida. A pesar de ello, de lo obvio, de lo evidente, los responsables de dichos actos siguen libres, impunes y planeando su regreso.

Cada día que pasa es más claro que no habrá castigo a los culpables del saqueo de Morelos. Reitero: si no hay castigo a los culpables de la tragedia que hoy vive Morelos, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco habrá fracasado.

• nota

La Entidad Superior de Fiscalización, dice el colegio de contadores, es un ente corrupto, ineficaz y politizado. El rezago en la fiscalización se arrastra desde el 2011 y el organismo está conformado por amigos, recomendados y cuotas de partido; es en una palabra, un espacio de aviadores.

Lo dicho por los expertos contables no es distinto a lo que han manifestado otras organizaciones de profesionistas que exigen transparencia en la designación del futuro titular de esa institución; el nombramiento se ha retrasado una y otra vez porque los diputados no han podido ponerse de acuerdo. Lo mismo sucedió hace unos meses con el titular de Derechos Humanos.

Año tras año la ESAF se ha conducido en la opacidad, a pesar de que su objetivo es fiscalizar. Pocas acciones efectivas ha realizado el organismo y ninguna hasta el momento ha alcanzado a los grandes ladrones que han saqueado al estado y a los municipios.

Está claro: el órgano fiscalizados es ineficiente y disfuncional.

Y no va a cambiar porque a ningún político le conviene que sea diferente.

• post it

El fiscal general de Morelos confirma que se ha iniciado una investigación contra varios trabajadores de su dependencia por presuntos actos de corrupción y posibles vínculos con la delincuencia organizada, específicamente por supuestas relaciones con el cártel de Los Rojos.

Para nadie es secreto que este grupo criminal tejió una amplia red de protección en los tres niveles de gobiernos y en altos círculos de la política, que su fuerza deriva en gran medida de su capacidad para relacionarse y obtener información privilegiada. Ahora que su líder ha sido detenido habrá ajustes, reacomodos y quizá hasta una fusión con alguna otra organización criminal, pero difícilmente se acabará.

Lo difícil, lo verdaderamente complejo, es identificar y romper sus relaciones de poder, porque los intereses son muchos, se comparten y van más allá de una persona, por poderosa que sea.

Lo que dice el fiscal Carmona Gándara es interesante: si ya identificaron a funcionarios que posiblemente están relacionados con este cártel, es fundamental que actúen en consecuencia.

Los fiscales de Morelos han demostrado que no están dispuestos a actuar en contra de Graco Ramírez o cualquier graquista (ellos mismos son graquistas), pero quizá se atrevan a proceder contra los grupos delictivos.

A menos que ellos también sean graquistas.

• redes sociales

Lo comenta el dirigente de la Canaco Cuernavaca: desde que se aprobó la gratuidad de los estacionamientos en la capital, los propietarios de las plazas y centros comerciales cancelaron la contratación de seguridad privada y aumentó el robo de autos.

Obvio: si no hay ese ingreso, tampoco hay para sufragar ese gasto.

La iniciativa del regidor panista de Cuernavaca Jesús Martínez Dorantes fue aprobada en el cabildo sin un análisis completo de la situación; actuaron de manera populista sin detenerse a pensar en las consecuencias.

Por supuesto que muchas veces hubo robo a los autos de varias plazas aún y cuando se contaba con elementos de seguridad privada y otras tantas ocasiones los centros comerciales se negaron a hacerse responsables de la situación (los boletos de todos los estacionamientos aquí y en cualquier parte del país lo dicen), pero ahora que varios estacionamientos son gratuitos y carecen de seguridad, el problema ha escalado y no hay a quien reclamar cuando ocurre un siniestro.

¿No hubiese sido mejor poner una tarifa mínima la primera hora para que la seguridad no se cancele?

Hoy es una realidad: las plumas están levantadas, pero no hay quien vigile los autos y los robos aumentan.

Comentarios para una columna optimista:

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