Se disparan los procesos en contra de adolescentes
Revela Adriana Pineda, la titular del TUJA
Gerardo Suarez Dorantes 
Adriana Pineda Fernández, magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes en el estado de Morelos, informó sobre un preocupante incremento del 190% en los casos judicializados de adolescentes entre enero y septiembre de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Mientras que en 2024 se registraron 20 asuntos judicializados, en lo que va del presente año ya suman 58 casos presentados por la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con la magistrada, los factores de riesgo que inciden en esta problemática están relacionados principalmente con condiciones sociodemográficas, familiares, educativas, y de salud. De los 58 adolescentes involucrados, 49 son hombres y 9 mujeres. En cuanto a las edades, 25 tienen 17 años, 23 tienen 16, 8 tienen 15, y 2 tienen apenas 14 años.
Pineda Fernández señaló que varios de estos adolescentes, a pesar de su corta edad, ya son padres o madres, algunos con hasta tres hijos. Si bien muchos saben leer y escribir —según el criterio del INEGI de redactar un recado—, esto no garantiza una comprensión lectora adecuada. La mayoría cuenta con educación básica, sin embargo, no estaban estudiando al momento de su detención, lo que refleja un alto índice de deserción escolar.
En materia de salud, se identificaron adicciones principalmente a marihuana, cristal, y en algunos casos a cocaína. Asimismo, varios trabajan desde temprana edad, y muchos provienen de entornos familiares marcados por la violencia o donde algunos integrantes están privados de la libertad, como padres, hermanos o tíos.
Otro dato alarmante es que, según el INEGI, el 42% de estos adolescentes ya habían abandonado su hogar antes de cometer una conducta penal, lo que evidencia una falta de atención y acompañamiento familiar.
“Estas cifras no solo nos hablan de una problemática de seguridad y justicia, sino de la urgente necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, educación, salud y acompañamiento familiar”, concluyó la magistrada.
