Exigen los jubilados recibir salario mínimo profesional
Seguirán insistiendo en ese reclamo, informó su abogado
Gerardo Suarez Dorantes 
Trabajadores jubilados del Poder Ejecutivo y de los diferentes ayuntamientos del estado que hacen más de mil 600 personas que exigen a los diputados su intervención para gestionar a fin de qué se les pueda pagar el salario mínimo profesional al que tienen derecho, informó Juan Juárez Rivas, asesor jurídico del grupo.
El litigante afirmó que acudió al recinto legislativo para solicitar el respaldo de los integrantes de la Legislatura 56, para que intercedan ante el Poder Ejecutivo y sobre todo con los presidentes municipales para que les hagan saber de la importancia de que los salarios sean homologados y eviten el que se esté violentando la ley al no pagarles el salario profesional como está en la reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Juárez Rivas explicó que, a pesar de haber sido citados para sostener un encuentro con diputados, no se pudo realizar la reunión y se pospuso, algo que confió en que pronto les den respuesta a sus demandas para evitar tener que estar bloqueando calles y avenidas como forma de presión para que les hagan caso a sus demandas.
El eje central de la exigencia es que se respete el principio del mínimo vital, tal como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al asegurar que se debe de respetar porque “ningún trabajador puede ganar menos del salario mínimo, y sin embargo en Morelos hay más de 1,600 jubilados del Ejecutivo y un número similar en ayuntamientos que reciben cantidades inferiores.
Además, indicó que no solo no tienen el salario mínimo profesional sino que tampoco tienen acceso a seguridad social, sin estar afiliados al Instituto de Crédito, y sin prestaciones básicas como despensa o atención médica”, denunció el abogado.
La situación se agrava, añadió, porque los trabajadores deben recurrir a médicos particulares para atender sus enfermedades, lo que merma aún más sus ya precarios ingresos.
Asimismo, Juárez Rivas denunció actos de violencia institucional, señalando que algunos presidentes municipales han amenazado a los jubilados con retenerles el salario si reciben asesoría legal. “Cada persona tiene derecho a ser asesorada. Es inadmisible que se coarte ese derecho con amenazas”, declaró.
Anunció que en caso de que hagan caso omiso a sus legales demandas, se van a manifestar como ya lo han hecho antes porque esa será la forma indefinida que harán hasta que les hagan caso tanto los diputados como las autoridades estatales para que accedan a abrir un canal de diálogo serio y se tomen medidas legislativas o administrativas para corregir las omisiones legales.
“Queremos que se cumpla la ley. Que lo suban al pleno o que se generen mesas de trabajo con el Ejecutivo y con los presidentes municipales”, sentenció el asesor jurídico.
