Observador político - ¿Un paso adelante o un manto de Opacidad en el Poder Judicial?

Recientemente, el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, anunció que en próximos días darán a conocer el proyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial, anuncio que llega tras un largo proceso de consulta y modificaciones, con la promesa de mayor transparencia y equidad en el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros. No obstante, la propuesta presentada, aunque aparenta ser un avance hacia la democratización y la idoneidad del sistema judicial, merece una crítica más profunda.

¿UN PARCHE EN LUGAR DE UNA REFORMA REAL? La incorporación de más de cien cambios a la propuesta original, de los cuales sesenta provienen de las sugerencias recogidas en foros, parece un intento de legitimar la reforma ante la opinión pública y los actores involucrados, empero, lo que se oculta tras estos ajustes es una reforma que sigue centrando el poder en una estructura que podría perpetuar las viejas prácticas.

Los legisladores morenistas destacan cambios y buscan asegurar la validación popular y el cumplimiento de criterios técnicos, pero la verdadera pregunta es si estos cambios abordan las raíces profundas del problema en el Poder Judicial o si son meros parches para la galería; sobre todo, la creación de tres nuevos órganos evaluatorios y la insaculación como método para seleccionar a los candidatos podrían verse como intentos de democratizar el proceso, pero también pueden ser mecanismos que enmascaren la falta de una verdadera autonomía y la influencia de los intereses políticos en la selección judicial.

Cierto es que, el discurso sobre la transparencia y la equidad en el proceso de selección es loable en teoría, pero la práctica a menudo demuestra otra realidad, más con la insaculación y la evaluación pública organizada por el INE parecen pasos positivos, pero no garantizan que el proceso será completamente libre de influencias políticas; es decir, no hay un mecanismo sólido para garantizar que los evaluadores sean independientes y que el proceso sea completamente transparente puede dar lugar a una nueva forma de clientelismo judicial, donde los favores políticos sustituyen a la imparcialidad y a la justicia.

Además, prometen proteger los derechos laborales de los trabajadores judiciales, pero esta protección será efectiva si y solo si se implementa de manera rigurosa y sin ambigüedades, y la historia ha demostrado que las promesas sobre derechos laborales a menudo quedan en el papel si no se vigilan y se hacen cumplir adecuadamente.

De ahí que exista incertidumbre laboral por el futuro del Poder Judicial con esta reforma; por lo que a pesar de las promesas de equidad y transparencia, la realidad podría ser que estamos frente a una reforma que, en lugar de erradicar los problemas estructurales del sistema judicial, los oculta bajo un velo de modernidad y buenas intenciones.

¿UN PODER JUDICIAL EN RIESGO? En medio de un contexto político cada vez más polarizado, la propuesta de reforma judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desencadenado una huelga de trabajadores del Poder Judicial en México y Morelos no ha sido la excepción; su protesta, que comenzó a partir de las 10 de la mañana en la entidad, colocaron cadenas y candados en las puertas de los tribunales, no solo resalta la preocupación de los empleados sobre sus condiciones laborales, sino que también refleja una amenaza más amplia para la independencia del sistema judicial en el país.

La reforma propuesta por López Obrador busca establecer un sistema de selección de jueces por elección popular, permitiendo que prácticamente cualquier persona con un título en derecho y cierta experiencia pueda asumir el cargo; si bien el presidente argumenta que esta medida busca erradicar la corrupción y el favoritismo dentro del Poder Judicial, es necesario cuestionar los verdaderos objetivos detrás de esta iniciativa.

En primer lugar, el sistema propuesto no solo pone en riesgo las condiciones laborales de los empleados de los tribunales, quienes temen por sus salarios, prestaciones y posibilidades de ascenso, sino que también podría desmantelar un sistema que garantiza la experiencia y la estabilidad en la carrera judicial; es decir, los trabajadores han expresado su preocupación de que esta reforma debilitaría la estructura y el funcionamiento de los tribunales, afectando directamente la calidad de la justicia impartida.

¿URGE UNA REESTRUCTURACIÓN EN EL TSJ DE MORELOS? Desde el inicio de la administración de Cuauhtémoc Blanco, la corrupción y la impunidad dentro del sistema judicial en Morelos han sido temas recurrentes que parecen no tener fin. La revelación por parte del entonces secretario general, Pablo Ojeda Cárdenas, sobre la investigación de once jueces debido a la liberación de decenas de presuntos secuestradores, dejó al descubierto una realidad alarmante; El Tribunal Superior de Justicia de Morelos, al igual que en otras ocasiones, respondió en su momento, con un preocupante silencio y falta de acción.

El caso de los jueces investigados de hace algunos años puso de manifiesto una profunda crisis de confianza en el sistema judicial del estado, a pesar de las denuncias y las pruebas de corrupción, el seguimiento de los casos es arduo y muchas veces inviable debido a la complicidad interna y la impunidad con la que actúan algunos magistrados. Este problema se ejemplifica en otros casos donde algunos jueces son vinculados a proceso por diversos delitos, y pese a que enfrentan cargos graves, difícilmente trasciende.

La ineficacia y falta de acción en estos casos no solo revela una crisis institucional, sino que también pone en riesgo la integridad de la justicia. Basta recordar en 2020, de los once jueces investigados, se desconocieron los avances debido a la secrecía del proceso, sin importar las acusaciones de corrupción y los errores judiciales, algunos jueces continuaron operando y, en casos extremos, liberaron a presuntos delincuentes que posteriormente fueron recapturados y condenados a penas simbólicas.

A la actual administración de Luis Jorge Gamboa Olea le toca enfrentar un legado complicado y realizar una reforma sustantiva en el sistema judicial, por lo que la denuncia constante del presidente del Consejo Ciudadano en Seguridad Pública, Rafael Rueda, acerca de la liberación de delincuentes por errores en la integración de carpetas de investigación pone en evidencia la falta de transparencia y el fracaso del sistema para cumplir con su función primordial: impartir justicia.

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