Observador político - Los servidores de la nación rumbo al 2024

Lo que no es prohibido por la ley en México no puede ser impedido y por tanto, los ciudadanos en muchos de los casos hacen lo que les plazca, aunque esta situación no aplica para los funcionarios que forzosamente están obligados a cumplir con lo que señala la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en la entidad.

LA ILEGALIDAD.- Desde hace ya años los operadores de campaña de Andrés Manuel López Obrador que fueron incrustados en la estructura gubernamental y concretamente en la Secretaría de Bienestar bajo el nombre de: Servidores de la Nación, son los que realizan diversos recorridos en las comunidades rurales y urbanas para ayudar a facilitar, organizar y coordinar a los derechohabientes en los diferentes Programas Integrales de Bienestar de la administración federal.

El objetivo, es que reciban de manera directa y sin intermediarios los apoyos que por derecho les corresponde, sin embargo, hay denuncias de ciudadanos que se han detectado diversos actos de corrupción que tendrían que ser investigados y auditados porque muchos ciudadanos aseguran que no reciben sus beneficios a lo que tienen derechos. Otros, se han empezado a beneficiar después de muchos año de estar vigente dichos programas y muchos otros esperan ya con tintes electorales rumbo al 2024.

A pesar de todo ello lo están haciendo de forma ilegal, es decir, mediante la figura denominada “Servidores de la Nación” que a cuatro años de gobierno de AMLO aún no existe jurídicamente esta figura en la legislación ni local ni federal y por lo tanto, están incurriendo en actos que atentan y violentan la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En ningún momento estamos cuestionando el trabajo de si es bueno o malo. No, no se trata de señalar los apoyos que se les ofrecen a los grupos sociales más desprotegidos sino que para muchos sectores de la población y sobre todo para los partidos políticos de oposición, estos programas son más electorales que nada y por lo tanto, es desde el gobierno de la república que se respaldan aún y sin importar que estén actuando al margen de la legalidad.

Por ello sería importante que para evitar seguir violentando la Ley los diputados desde el Congreso de la Unión, por tratarse de recursos federales, legislen para incluir en la legislación vigente la figura de los Servidores de la Nación y no sean fantasmas que manejan muchos miles de millones de pesos a lo largo y ancho del país para favorecer sobre todo, a las familias de escasos recursos económicos.

Sin lugar a dudas es un programa electoral pero lo que se exige y se cuestiona es el principio de legalidad, además de cuestionar ¿quién los audita o fiscaliza?
Lo cierto es que desde el momento en que reciben un salario con recursos púbicos se convierten en funcionarios federales y por tanto, los legisladores deben de incluirlos en algún apartado de la Ley puesto que a pesar de que tengan muy buenas intenciones no pueden bajo ninguna circunstancia, hacer lo que no les corresponde porque están violentan la Ley.

Peor aún, en los casos en los que los servidores públicos que manejan recursos económicos y que están etiquetados, deben ser destinados única y exclusivamente para ese fin. En el caso de los Servidores de la Nación, insisto, no están enmarcados dentro de la Ley, ya que esa figura jurídica no existe y por tanto, legalmente nadie los faculte para realizar todas las actividades que hoy en día están desarrollando, reitero, sin importar que sean acciones buenas o malas sino que están trabajando al margen de la ley.

Los jefes directos de los Servidores de la Nación son los titulares regionales, otra figura que tampoco existe en ninguna ley estatal o federal, razón por la cual también están violentando la Ley pero tal parece, todo tiene que ver con las elecciones constitucionales del 2024.

Solo para dar un ejemplo, actualmente un director regional gana aproximadamente 60 mil pesos, más los apoyos para viáticos y extras, así como el contar con vehículo para su uso personal, gasolina y demás.

Quizá no está mal la actividad que realizan pero no es legal, por ello se debe de regular para transparentar y enmarcarlos en un marco jurídico y es que de acuerdo a la Secretaría de la Función Pública (SFP) actualmente hay 18 mil 894 enlaces de Servidores de la Nación desplegados en el país con un sueldo de 8 mil 482 pesos mensuales; 252 directores regionales que reciben 50 mil158 pesos; y 32 delegados estatales de Programas de Desarrollo, mejor conocidos como los “súper delegados”. Mientras que las unidades básicas de atención, literalmente están olvidadas y abandonadas.

CORRUPCIÓN.- Las ilegalidades en el manejo de estos programas ha sido una constante sobre todo, porque acusan manejos irregulares por tanto dinero existente en el país y el estado sin que haya una transparencia y mucho menos la rendición de cuentas. Es obvio que los despidos injustificados y el mal manejo de fondos operativos es uno de los objetivos y por eso, a principios de este año algunas personas de este selecto grupo de Servidores de la Nación de diversos estados de la República llevó en la ciudad de México, quienes incluso hicieron un “paro nacional” de estos empleados, para denunciar la existencia de supuestos “actos de corrupción” en los programas federales a cargo de la Secretaría del Bienestar.

Hay que recordar que fueron alrededor de 25 trabajadores de diversas entidades del país entre los que estaban: Jalisco, Durango, Veracruz, Yucatán, estado de México, Ciudad de México y Michoacán por el mal uso de los recursos económicos que se distribuyen para los programas sociales particularmente señalan a los delegados en turno.

Los que más se han beneficiados son los amigos y familiares de los delegados de Bienestar Social donde los actos de corrupción, despidos injustificados y robo de viáticos son una constante, y por ello decidieron manifestarse porque afectan dicen, a los adultos mayores, las pensiones y a personas con discapacidad, y todos aquellos que están esperando un microcrédito.

Es necesario que este tipo de programas sociales que son bondadosos porque apoyan a los sectores más desprotegidos sin importar si se trata o no de acciones que van encaminadas a los comicios electorales del 2024, por lo que urge que se transparente y se rindan cuenta de los millonarios recursos así como en los que se destinan, para evitar suspicacias y más actos ilícitos que ponen en entredicho todo lo bueno que pudiera representar este tipo de acciones.

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