Observador político - El calvario que representan los centros de verificación

En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

Observador político - El calvario que representan los centros de verificación

A pesar de la grave pesadilla que está representando la pandemia del covid 19, no todas son malas noticias. Además de la congelación de créditos que aprobarán los bancos con sus clientes en Morelos, los gobiernos de la zona centro del país acordaron suspender el servicio de la verificación vehicular.

 

EN MORELOS.- Un verdadero acuerdo fue lo que hizo el gobierno del estado en virtud de que, fueron denunciados diversos actos de corrupción y demandas que sobrepasaron por mucho el servicio que ofrecían por ser imposible de atender a todos los automotores que llegan a los escasos cuatro centros de verificación porque uno fue cerrado. Bastaba con visitar los lugares para constatar las molestias de los usuarios y las inconformidades que se dieron a través de las redes sociales en las que se denunciaban constantemente la falta de capacidad del personal de estos establecimientos.

Sobre todo, porque el argumento principal de los propietarios de vehículos fue que se metían al sistema y difícilmente encontraban citas disponibles y estaban igual que en Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que otorgaban las fechas, a pesar de que en muchas ocasiones esta se tenían que hacer a altas horas de la noche como a las 12,  y para que la respuesta fuera para los próximos 15 días naturales o más incluso y para poder hacer su trámite. La información prácticamente no fluía y cuando los interesados hablaban directamente por teléfono a los centros de verificación, jamás resolvían las demandas de la población.

La situación fue lamentable, por lo tanto, la situación que vivieron en las últimas semanas los propietarios de autos era incomprensible por el pésimo servicio de los centros de verificación que provocó incluso, que pagaran a terceras personas para que se quedaran toda la noche a hacer guardias con sus autos de modelo reciente y muchos de súper lujo, a fin de ser los primeros para el otro día que abrieran el negocio. Obvio, los costos financieros eran por arriba de los mil 500 pesos a decir de varios de los afectados que tuvieron que padecer este calvario por la ineptidud de las autoridades que no han querido ser claros, abiertos y transparentes en la entrega de concesiones para que puedan muchos más, otorgar el servicio para cientos de miles de vehículos cada seis meses que requieren la verificación.

 

QUEJAS SIN RESPUESTA.- Por lo pronto y por motivo del conavid 19 se decidió suspender este servicio en las entidades de la zona metropolitana, por lo que podrán respirar hasta en tanto se reabre el servicio. Por ello, muchos usuarios consideraron que además de lamentable la situación fue provocado y con ello, la generación de diversos actos de corrupción que hasta para estacionar en los alrededores, sobre todo en las avenidas de alta circulación vehicular como sucedió con Domingo Diez y Gobernadores, que son donde se ubican los dos únicos negocios de este giro en Cuernavaca.

Además de que los costos oscilaban por turno hasta en mil 200 pesos después de las fichas que reparte el personal de los verificentros, es decir, actos ilícitos al por mayor y lo peor, es que había elementos de tránsito y jamás sancionaron a los chóferes que con tal de alcanzar a verificar sus unidades, se estacionaban hasta en segunda fila, y nada hacían en su contra, como si existiera un acuerdo con los dueños de los negocios para que no sancionaran a sus clientes sin importar la afectación vehicular que provocaban en los alrededores, incluso, tapando los estacionamientos de los negocios que por desgracia se encuentran cerca de estos lugares.

Como olvidar que solo existen cinco centros de verificación vehicular en todo el estado, dos en Cuernavaca, uno en Cuautla, otro en Jiutepec y uno más en Temixco, que fue este último clausurado para alrededor de 600 mil vehículos del padrón existe en el estado.

 

ENTREGA RECURSOS IMPEPAC AL PRI.- Después de los severos conflictos por el dinero que se vivió entre la dirigencia nacional del tricolor con la estatal, al final de cuentas se logró resolver el asunto con la entrega del dinero al recientemente designado presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Jonathan Márquez, quien está feliz con la entre de la lana que le negaron a su antecesor Alberto Martínez González.

Y es que, desde la tarde del lunes el PRI, recibió un total de un millón 76 mil pesos 394 pesos por concepto de sus prerrogativas correspondientes al mes de febrero y marzo por parte del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac); lo anterior luego de que el pasado 13 de marzo el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) fallará en contra de la consejera presidenta del órgano electoral, quien de manera unilateral determinó retener los recursos públicos al PRI.

Durante la sesión extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral del Impepac, en la que se cruzaron denostaciones entre las consejeras y consejeros electorales y la consejera presidenta, se conoció también que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos revocó el oficio emitido por la consejera presidenta, Ana Isabel León Trueba, con número IMPEPAC/PRES/075/2020, mediante el cual se giraba instrucciones al secretario Ejecutivo, Homero Murillo Ríos, y la directora ejecutiva de Administración y Financiamiento, María del Rosario Montes Álvarez.

Por su parte, el representante del PRI ante el Impepac, Marco Polo Morales Flores, acusó directamente a la consejera presidenta del PRI el haber empeorado todo al interior del partido. Dónde se dejó, durante prácticamente dos meses, a 125 personas sin haber recibido sus remuneraciones económicas, correspondientes a trabajadores del Comité Directivo Estatal y de los 33 Comités Municipales, en un acto de total ilegalidad e irresponsabilidad, aspetó el representa del Revolucionario Institucional.

Y frente a las acusaciones en contra de la consejera presidenta, Ana Isabel León Trueba, ésta acusó a el intento de hacer un linchamiento de su investidura, tras haber determinado de manera unilateral retener las prerrogativas del partido político.

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