Observador político - Cero corrupción en la administración de MGS; van contra exfuncionarios

En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

Observador político - Cero corrupción en la administración de MGS; van contra exfuncionarios

En México, y particularmente en Morelos, uno de los problemas más persistentes y desbordantes ha sido la impunidad, y es que, a lo largo de los años, la corrupción se ha convertido en un cáncer, en una sombra que cubre el actuar de muchos funcionarios públicos, y que, lejos de ser castigada, es muchas veces protegida por redes de complicidad entre los distintos niveles de gobierno sin importar el tamaño de la transgresión, la impunidad parece ser la norma. Empero, en medio de esta triste realidad, surgen voces que prometen un cambio, como la de la gobernadora Margarita González Saravia, quien reiteradamente ha manifestado su intención de erradicar la corrupción en el estado.

VAN CONTRA EX DE LA CEAGUA.- No se trata de una “cacería de bruja ni venganza alguna, sino más bien, que derivado de las declaraciones de José Blass Cuevas Díaz, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), la gobernadora Margarita González Saravia se ha mostrado “muy preocupada” por el cumplimiento de la ley y ha ordenado que se investiguen y sancionen todos los actos de corrupción, sin importar de quién provengan.

Este compromiso con la legalidad, abre la puerta a un posible cambio en el manejo de los recursos públicos y en la administración de los gobiernos locales, por lo que ojalá y esa exigencia realmente se materialice para evitar que solo se convierta en una estrategia de lavado de imagen.

Lo cierto, es que la gobernadora ha instado al titular de la ESAF a una revisión rigurosa en todas las áreas y derivado de las auditorías especiales que ordenaron por parte de los diputados de la Legislatura LV a varias dependencias de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, se han hecho visible en varios casos actos de corrupción, como el de la Comisión Estatal del Agua, donde se detectaron licitaciones fraudulentas que no cumplían con los requisitos legales, resultando en un desfalco de aproximadamente 70 millones de pesos.

Y LA SEDAGRO.- En las auditorías se ha puesto al descubierto también que estos avances tienen un sabor amargo si consideramos el contexto en el que se dan, ya que a pesar de que la gobernadora Margarita González manifestó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, la impunidad sigue siendo el principal obstáculo. De ahí que el trabajo de la ESAF, aunque positivo en términos de auditoría, está limitado por la resistencia inherente al sistema y por la falta de mecanismos efectivos para que las investigaciones lleguen a su fin.

Por lo pronto, otra dependencia y su extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Omar Taboada también está en la mira. Sobre todo, porque durante su periodo como titular se presentó entre otros, un caso ejemplar: el de las bodegas de la SEDRAGRO, en la que no reportaron ingresos por más de 700 mil pesos, es apenas la punta del iceberg en un sistema que se ha caracterizado por la opacidad y la falta de control.

NO SE QUEDA ATRÁS EL FILATEC.-  También se ha ido avanzado en la fiscalización de recursos en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, en la que se han identificado malas prácticas administrativas que, en teoría, se están investigando para ser sancionadas y evitar la famosa impunidad que durante décadas hecho raíces.

Durante años, hubo promesas de los gobiernos anteriores de que habría avances para combatir la corrupción sistémica, una lucha que fue una farsa y los ejemplos ahí están con la conformación de la clase policía que se enriqueció a costa de los intereses de los ciudadanos morelenses, por lo que ahora, no se trata de una cuestión de auditorías y denuncias, más bien, ahora es una cuestión de voluntad política real, para que a través de acciones concretas se castiguen de manera efectiva a los responsables y se pueda dar una reestructuración profunda de las instituciones encargadas de fiscalizar.

EL COLAPSO DEL DIF MORELOS.- Otro nuevo capítulo de corrupción se suma al ya largo historial de desfalcos y malas prácticas que caracterizaron la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo en Morelos, esta vez, los “focos están prendidos” también en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), institución que, irónicamente, tiene como misión brindar apoyo a las familias más vulnerables, pero que ha sido acusada de desvíos de recursos y manejo irregular de fondos. En el centro de la controversia, se encuentra Natalia Rezende, quien dirigió el DIF en el periodo 2018-2024.

Las evidencias son alarmantes, ya que la auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y detallada por el Centro de Investigaciones Morelos Rinde Cuentas, se detectaron irregularidades en los apoyos alimentarios otorgados a 272 personas, quienes, en un ejercicio de absoluta indiferencia, habían sido registradas como fallecidas. Estos apoyos pertenecen a diversos programas como el Programa Alimentación Escolar, Atención Alimentaria Primeros 1,000 días, Atención a Grupos Prioritarios y Salud y Bienestar Comunitario, y el monto total de los recursos mal manejados asciende a 556.3 mil pesos. No es un error administrativo, es una violación flagrante de la Ley de Coordinación Fiscal y una burla a los principios básicos de transparencia. Esta información la corroboró el titular de la ESAF, José Blass Cuevas Díaz.

Lo preocupante y delicado es el ¿por qué este tipo de gestión está llevando a cabo el DIF Morelos cuando las víctimas de este fraude son personas que ya no pueden siquiera reclamar sus derechos? Es evidente que en la administración de Natalia Rezende, la prioridad no fue la atención a los más necesitados, sino el saqueo y la manipulación de los recursos públicos.

DEJA PLANTADOS A DIPUTADOS DE HACIENDA EL SECRETARIO DE SALUD. La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado convocó ayer al Secretario de Salud, Mario Ocampo Ocampo, para una serie de reuniones de trabajo previas a la definición del presupuesto 2025. Un procedimiento rutinario, pero crucial, en el que se deben evaluar las necesidades de las distintas dependencias del gobierno para prever los recursos necesarios, sin embargo, lo que podría haber sido un ejercicio de transparencia y compromiso con la salud pública, se ha convertido en otro episodio de desdén institucional que refleja la desorganización y el abandono de responsabilidades.

El secretario Mario Ocampo Ocampo, responsable de una de las áreas más sensibles y cruciales para el bienestar de la población, no se presentó a la citada reunión, por lo que el desaire no solo es una falta de respeto hacia los legisladores, sino también una demostración de la negligencia con la que, por desgracia, se manejan asuntos tan importantes como el sector salud. La falta de compromiso no se limita a Mario Ocampo, porque tampoco llegaron los diputados del bloque del G12, que incluyen a los legisladores de Morena, Verde y Nueva Alianza, también se ausentaron. Ahí, se evidencia una diferencia grande con la titular, la panista Andrea Gordillo Vega, quien tendrá que limar asperezas y fortalezca el diálogo para evitar que estas diferencias trasciendan por ejemplo, en el proyecto de presupuesto 2025.

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