Escala de Grises - Una oportunidad más

El lunes 31 de octubre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocó a una conferencia de prensa para abordar la investigación del caso Ayotzinapa una vez más; pues las declaraciones durante los últimos meses han aumentado la confusión alrededor del caso y los avances registrados.

En dicho evento, el GIEI descalificó casi 200 pruebas presentadas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), debido a que no contaban con la evidencia científica suficiente para demostrar su veracidad. Sin embargo, a pesar de las deficiencias por parte de la CoVAJ, los investigadores aseguraron que no hay un intento por construir una segunda “verdad histórica”.

Del mismo modo, el Grupo confirmó el fin de su mandato, por lo que dos expertos en el caso ya no darán seguimiento a los hallazgos que se puedan presentar a futuro. El GIEI aseguró que entregará a Rosendo Gómez (nuevo fiscal especial) toda la información necesaria para continuar con la judicialización de acusaciones.

En lo que respecta a las 180 pruebas descalificadas, el grupo de expertos considera que la presentación de información poco fiable es una torpeza; especialmente cuando se pretende que capturas de pantalla y chats sean consideradas sin tomar en cuenta la metadata. “No sabemos si son creados o no”, aseguró Francisco Cox.

Y es que las conversaciones capturadas y consideradas como posibles pruebas tienen problemas de consistencia, no hay evidencia científica. De acuerdo con los especialistas, ni siquiera es posible verificar la fecha de creación original de los mensajes o el dispositivo del que fueron enviados.

A pesar del informe preliminar presentado en agosto por la Comisión de la Verdad y de la certeza de que la desaparición de los 43 estudiantes fue un crimen de estado, el camino para descubrir lo que realmente sucedió el 26 y 27 de septiembre de 2014 sigue lleno de obstáculos.

Las pruebas que involucran a los tres órdenes de gobierno en colusión con el grupo criminal Guerreros Unidos son relevantes en la investigación, pero ¿qué más? ¿Qué hay de la justicia? ¿Qué más puede hacerse para garantizar que un crimen así no vuelva a ocurrir? Las familias de las víctimas necesitan mucho más que confirmar lo dicho desde el primer momento. Sí fue el Estado, ¿qué se hará al respecto?

Consciente de la importancia que tiene su participación en la investigación, el GIEI le propuso al gobierno federal continuar con su participación y mantener a Ángela Buitrago y Carlos Beristain en las investigaciones del caso Ayotzinapa. Insistir, esa es la única opción que queda.

Insistir a las instancias internacionales y a las familias de los 43 para que acepten la propuesta. Seguir insistiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que entregue toda la información que posee y, hasta el momento, sigue sin compartir. Insistir para que los tres niveles de gobierno, las instituciones y organizaciones sigan involucrándose hasta encontrar la verdad.

Por su parte, después de la conferencia del GIEI, el presidente de la República aseguró que Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos) sería incapaz de falsear información. “Se tienen todos los elementos para sostener la investigación y se van a seguir haciendo las averiguaciones”, declaró.

Bajo esta misma línea, López Obrador reafirmó su compromiso con eliminar la impunidad y reconoció el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario: “Vamos a seguir tomando en cuenta su criterio y su punto de vista”. Ojalá el presidente mantenga esa misma postura cuando se trate de entregar la información solicitada. Crucemos los dedos.

Tal como aseguró Carlos Beristain, el Estado mexicano tiene una oportunidad más para demostrar su compromiso con la justicia. Continuar con las investigaciones, brindar protección a los testigos, seguir buscando pruebas que cumplan con los requisitos para ser consideradas y erradicar las inconsistencias son acciones imperativas para la resolución del caso Ayotzinapa.

De lo contrario, el trabajo realizado por la CoVAJ se convertirá en otro esfuerzo por archivar lo ocurrido en 2014 y, por supuesto, será una mancha indeleble para la administración de López Obrador y todas aquellas personas que son parte de ella. Ojo, la voluntad política no está conformada únicamente por la bondad.

Les familiares de los 43 desaparecidos (y el país entero) necesitan mucho más que la aseveración realizada por Alejandro Encinas el pasado agosto. ¿En dónde están los estudiantes? Si no hay esperanza de encontrar a los normalistas con vida, ¿en dónde están sus restos? ¿Quiénes son las personas responsables? ¿Qué cargos enfrentarán?

Tal vez habría que recordarle a AMLO que la falta de verdad en el caso y la serie de inconsistencias en las declaraciones, así como la ausencia de veracidad en las pruebas también forman parte de la palabra impunidad. No basta con enunciar disposición si, en el fondo, todo seguirá igual.

¿Insistimos?

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