Escala de Grises - Un Estado rebasado por la tragedia
En opinión de Arendy Ávalos
Arendy Avalos
El lunes 9 de octubre, Quinto Elemento Lab publicó una investigación en la que aseguran que México rebasa las 5 mil 600 fosas clandestinas en 570 municipios del país. La investigación contempla desde enero de 2007 (cuando inició la guerra contra el crimen organizado) hasta abril de este año y es una muestra más de la violencia que ha rebasado a las autoridades en nuestro país.
Con más de 11 mil 500 personas víctimas de desaparición forzada y más de 30 mil asesinatos cada año, los crímenes en México parecen un problema incontenible; especialmente en Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero y Michoacán, donde se concentran más del 50% de las fosas.
Además de los datos difundidos por la Comisión Nacional de Búsqueda, la organización tomó la decisión de solicitar información a los organismos involucrados para, a partir de esto, tener cifras certeras sobre la situación nacional. De acuerdo con el informe, 2 mil 864 de las fosas han sido localizadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador; lo que implica un hallazgo superior al acumulado en los doce años anteriores.
Sin embargo, la estrategia de seguridad establecida por las anteriores administraciones y la elección de militarizar el país por parte de AMLO, parece no resolver el problema, pues el incremento de los asesinatos y desapariciones en el país no se detienen. Frente a la clara incompetencia y la nula respuesta de las autoridades, las familias no han tenido mejor opción que salir a buscar a sus seres queridos.
La situación es alarmante, especialmente con un sistema de justicia negligente que se cruza de brazos y permite que los números sigan aumentando. A pesar de las recomendaciones y solicitudes realizadas por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, los tres niveles de gobierno se rehúsan a atender el problema.
Si bien, la desaparición forzada, los homicidios y la violencia en México son producto de un sistema lleno de fallas, resulta grave que ninguna de las causas sea atendida a profundidad por el Estado. ¿Qué queda por hacer, entonces? ¿Cuáles son las alternativas para hacerle frente a los crímenes?
Mientras el presidente sigue haciendo uso de su discurso de campaña y asegura que se preocupa por el pueblo bueno, esa misma población es víctima de las indolencias (en el sentido más literal de la palabra) de un Estado rebasado por la tragedia y la ausencia de justicia.
Como si se tratara de una noticia más, los números no parecen significar demasiado para las autoridades. Basta un ejemplo para comprobarlo: el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no ha sesionado ni una vez durante el 2023, a pesar de que la ley establece que debe ser (por lo menos) cada seis meses.
Las estrategias no son claras y las actividades para atender la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas siguen sin tener un rumbo claro, aún cuando la misma ONU ha exigido que se establezcan mecanismos específicos para abordar lo que ocurre a nivel nacional.
¿De qué sirven las disculpas públicas y las declaraciones que pretenden atender a las víctimas si, de todos modos, no hay ni la más mínima intención de proceder correctamente? ¿Cuáles son las prioridades de los funcionarios que pretenden representar a una población herida por la violencia?
No importan los mecanismos de protección, no importa la promesa de actualizar el padrón de personas desaparecidas, no importan las fiscalías presuntamente especializadas ni las medidas que pretendan implementarse en nombre de la seguridad pública si no hay acciones concretas que garanticen justicia para las víctimas.
Hasta encontrarles:
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