Escala de Grises - Recuento electoral
En opinión de Arendy Ávalos
Arendy Avalos
A pesar de que el proceso electoral de 2024 ha finalizado desde hace casi un mes, lo ocurrido durante las campañas sigue siendo un tema de interés para la opinión pública. Desde las patadas de ahogado que dan quienes no aceptan la derrota hasta la ola de violencia que se vivió durante esos meses, las dudas continúan sobre la mesa.
El 14 de junio, Andrés Manuel López Obrador aseguró que tan sólo seis candidatos en el país habían sido asesinados, cifra menos alarmante en comparación con lo ocurrido en elecciones anteriores (como 2018 y 2012). Sin embargo, proyectos como “Votar entre balas” tienen otros datos.
Lo que se registró como el proceso más violento de la historia parece no tener suficiente importancia para el gabinete actual (por lo que, evidentemente, tampoco cobrará relevancia para el gobierno entrante). ¿No le parece un asunto lo suficientemente grave como para lavarse las manos?
De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez y contrario a lo que aseguró el presidente, sólo 12 personas candidatas oficialmente fueron asesinadas. ¿Qué hay de aquellas personas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de registrarse oficialmente? ¿Qué ocurrió con las precandidaturas que fueron violentadas?
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que la razón de esta presunta confusión en las cifras era ocasionada por grupos opositores, mismos que buscaban desprestigiar a López Obrador y, de algún modo, generar alarma. ¿Y la responsabilidad del Estado?
A pesar de que las autoridades afirman que la vigilancia y cuidado invertidos en el proceso electoral fueron elevados, el informe “Votar entre balas” de Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, registraron 35 asesinatos de personas candidatas, precandidatas y aspirantes a ocupar algún cargo.
Como si fuera cosa menor, Rosa Icela Rodríguez también mencionó que los asesinatos fueron dirigidos a aspirantes locales. Para reforzar la idea, destacó que no hubo ni un solo ataque a personas que contendieran por la presidencia o alguna gubernatura. Sin embargo, habría que recordarle que estos delitos tienen la misma gravedad, independientemente del cargo que se busque ocupar.
La violencia político-criminal va mucho más allá de desprestigiar al gobierno, tiene una relación directa con la forma en la que se toman las decisiones más importantes del país. A pesar de las peticiones de protección o las medidas de seguridad impuestas a candidatos electos, un problema tan grave no puede solucionarse únicamente con medidas superficiales.
Como ocurre con todas las cuestiones estructurales que afectan nuestra sociedad, se necesita una mirada profunda, sistemática. Aunque el acto más grave es el asesinato, desde el 2018 hasta la mitad del 2024, se registraron agresiones como amenazas, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que pertenecen al ámbito político; según la investigación realizada por las organizaciones previamente mencionadas.
¿Cuál es el posicionamiento sobre este tema? ¿Cuáles son las declaraciones del presidente y su gabinete? ¿Realmente son capaces de ver el panorama más allá de las presuntas estrategias de desprestigio por parte de la oposición? Urge reconocer que este también es un problema de Estado.
¿Quiénes toman las decisiones que impactan a toda la población? ¿Los intereses de qué grupos se están protegiendo? ¿Cuál es la verdadera influencia del crimen organizado en nuestro país? ¿Cuáles serán las acciones a implementar para prevenir y erradicar que ocurran estos delitos?
Por supuesto, hay estados significativamente más afectados por este fenómeno, pero eso no significa que el resto del territorio esté exento de padecerlo. La corrupción y la impunidad no se terminan únicamente con discursos ni con actuaciones como las que hemos visto en los últimos seis años. Se necesitan acciones concretas que no minimicen la situación.
Urgen mecanismos de protección efectivos, pero también estrategias en las que existan más alternativas que ceder ante las amenazas de grupos criminales. Proteger la democracia y transformar el país entero son proyectos que no pueden hacerse desde la negación.
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