Escala de Grises - Ingobernabilidad

El pasado tres de octubre, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez fue asesinado. El mandato del funcionario como secretario general del ayuntamiento de Chilpancingo inició el 30 de septiembre y se vio interrumpido por un crimen más en el estado de Guerrero. Al respecto, la fiscalía estatal anunció la apertura de una carpeta de investigación para encontrar a los responsables del delito.

En un comunicado, la misma dependencia aseguró que procuraría “el acceso a la justicia y el combate a la impunidad” como compromiso con toda la población guerrerense. Sin embargo, tres días después del asesinato de Tapia Gutiérrez, otra noticia cimbró la estabilidad de la ciudadanía.

El jueves seis de octubre, Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, también fue asesinado a tan sólo seis días de haber asumido el cargo. De acuerdo con las autoridades, luego de asistir a una reunión solo y sin escoltas o protocolos de seguridad, el cuerpo del funcionario fue encontrado en un vehículo abandonado.

Ante la situación de violencia en el estado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda condenó “de manera enérgica” (como si hubiera otra manera) el asesinato de Arcos Catalán. Por su parte, Claudia Sheinbaum informó que el caso será abordado por la Fiscalía General de la República en caso de ser necesario.

Hasta el momento en que se redactó esta columna, no había mayor información sobre las condiciones bajo las que se llevaron a cabo los asesinatos. Por supuesto, la noticia fue retomada por medios locales y nacionales, así como por diferentes figuras de la política estatal.

¿Y el contexto?

A pesar de que Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina, afirmó que Salgado Pineda tendrá el respaldo del gobierno federal en materia de seguridad y protección civil, la crisis de violencia por la que atraviesa Guerrero no es una novedad. Desde inicios de este año, comerciantes y transportistas reportaron ataques en la capital del estado.

En febrero, antes de que iniciaran las campañas formales para el proceso electoral, la organización Data Cívica difundió “Votar entre balas”, un informe en el que se registraron todos los eventos correspondientes a la categoría de violencia electoral. Los estados más afectados, tan sólo durante el primer mes del 2024, fueron Morelos, Guerrero y Guanajuato.

La ola de violencia por la que atraviesa Guerrero no se dio de la noche a la mañana, los registros han existido desde hace décadas y los asesinatos registrados la semana pasada son una muestra de una ingobernabilidad que debería no sólo preocupar al estado, sino también al país entero.

¿Cómo podemos hablar de democracia? ¿Cuáles son las condiciones bajo las que se encuentra el resto del territorio y que impide que también se conviertan en el estado más peligroso para ocupar un cargo público, no sólo para aspirar a él? ¿Qué protocolos se implementarán en Guerrero para evitar que se sigan registrando asesinatos?

Los constantes ataques por parte de grupos criminales para proteger sus intereses no sólo afectan los procesos políticos, también la forma en la que se configura la sociedad, moldean el entorno. ¿Quiénes toman las decisiones que realmente importan? ¿Cuáles son las alternativas en materia de seguridad para funcionarios y para la población entera?

Aunque la violencia en Guerrero es un tema conocido, parece que el despliegue de elementos pertenecientes a la Guardia Nacional y los discursos de paz no son suficientes para combatir años de pretender que la situación es ajena al Estado, que se “reduce” a conflictos superficiales y pasajeros.

El gobierno de Claudia Sheinbaum apenas empieza y todo parece indicar que el inicio será más difícil de lo pronosticado. Si el objetivo es cuidar la democracia, detener los ataques y brindarle seguridad a la población, el camino que le queda a la presidenta por recorrer es extenso.

Tal vez este sea el mejor momento para tener la asertividad de voltear a las administraciones pasadas, darse cuenta de que las estrategias implementadas fueron inútiles y cambiarlas para que sean realmente efectivas. De lo contrario, la situación en Chilpancingo podría reproducirse también en otras entidades y poner en riesgo la “transformación” que tanto se ha perseguido en los tres niveles de gobierno. Hablemos, realmente, de paz.

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