Desafío de la administración de justicia local

El terrible momento por el cual nos encontramos viviendo a nivel nacional, debido a la pandemia de coronavirus plantea arduos desafíos para los impartidores de justicia.

La pandemia mundial, trajo como consecuencia que los Tribunales de Justicia de todos los Estados en el País se mantuvieran cerrados por más de cuatro meses para evitar los contagios; durante ese lapso de tiempo la impartición y administración de justicia estuvo paralizada, lo que trajo como consecuencia que, ante la apertura de los juzgados, los asuntos y las cargas laborales tuvieran un aumento considerable.

Es importante mencionar, que ante la nueva normalidad de la que ahora somos parte, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, tomo como medida para evitar los contagios que solo el 30 por ciento de su personal asistiera a laborar, aunado a ello se regularizaron las visitas a los juzgados mediante un sistema de citas para poder acceder a los órganos jurisdiccionales, así como a presentar demandas.

Sin embargo, estas medidas han traído como consecuencia que la impartición de justicia se vea afectada, puesto que, para obtener una cita los litigantes tienen que esperar por más de dos meses para poder presentar una demanda o bien para poder revisar un expediente, lo que ha generado la molestia de los abogados, así como de los justiciables, puesto que consideran que han sido violentados en sus derechos humanos.

Por otra parte, con fecha catorce de septiembre del año en curso, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en atención a que el estado de Morelos cambio a semáforo amarillo, en el seguimiento de la contingencia sanitaria acordó la reincorporación del 60 por ciento del personal en cada uno de los órganos jurisdiccionales, sin embargo, no se han pronunciado respecto al sistema de citas con el que cuenta el Tribunal, para permitir el acceso de los litigantes.

Bajo ese contexto, debemos precisar que al Poder Judicial del Estado de Morelos, le urge no solo establecer sus criterios respecto del acceso de los justiciables y los litigantes a los órganos jurisdiccionales, o bien de la presentación de las demandas, para evitar violentar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a un acceso a una justicia pronta y expedita; sino que también urge una adecuación para poder establecer los juicios en línea, y poder garantizar los derechos humanos de las y los Morelenses.

De igual manera que nos preocupa la reactivación económica debe preocuparnos la reactivación de nuestros órganos de administración de justicia para no vivir espacios y tiempos de rezago que como todos sabemos hace de la justicia más que una esperanza, un derecho exigible.

Justicia retardada no es justicia, y en todo caso, las medidas adoptadas no encuentran sustento en los instrumentos internacionales que prevén a la tutela judicial efectiva como un derecho fundamental, en términos tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos como del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.