Vivas nos queremos. ¿Han servido las alertas de violencia de género?

António Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo hoy en un mensaje al mundo que la violencia contra las mujeres y las niñas en el planeta afecta a una de cada tres mujeres y que tiene sus raíces en siglos de dominación masculina.

De acuerdo con Guterres, la violencia sexual sigue usándose como arma de guerra y afirmó también que son las desigualdades de género las que alimentan la cultura de la violación, que no es otra cosa que la muestra de desequilibrio de poder y que el estigma y la falta de denuncia ayudan a perpetuar la impunidad en este tema.

El diplomático portugués, emitió este mensaje con motivo de la conmemoración del día internacional contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, que en lo formal todas las autoridades de México, de todos los niveles y esferas de gobierno suscriben,  pero que en los hechos no hacen sino reproducir los prejuicios y estereotipos de género que son los principales orígenes de que este tipo de violencia.

La conmemoración de este día,  que es producto de las luchas feministas rinde su primer fruto en 1981, gracias al activismo de feministas latinoamericanas, cuando se decide que el 25 de noviembre seria en adelante el día contra la violencia hacia las mujeres, en memoria de las Hermanas Mirabal, ferozmente asesinadas por su activismo por órdenes del dictador dominicano Leónidas Trujillo en esa fecha pero del año 1961.

Pero fue hasta 1993, cuando la ONU aprueba la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, el tema no solo se nombra y se visibiliza, sino que para muchos estados y gobiernos alcanza un estatus vinculante. Esto, es un derecho que puede judicializarse. 

En el Sistema Interamericano, uno de los casos más conocidos es el Caso Campo Algodonero en el que se sentencia al Estado mexicano por su responsabilidad internacional por falta de debida diligencia en la desaparición y muerte de tres mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua y al hacerlo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sanciona a México por los casos históricos relacionados con violencia hacia las mujeres, muchos de ellos ocurridos en esa ciudad fronteriza que evidencian que nuestro país adolece de problemas estructurales para el combate a este tipo de violencias.

Más recientemente, en el 2015, por primera vez la Suprema Corte de Justicia mexicana emitió una sentencia relativa a la investigación de la muerte violenta de Mariana Lima Buendía,  una pasante de la carrera de Derecho del estado de México que fue asesinada por su marido, un policía que con la complicidad del aparato de justicia mexiquense, trató de presentar la muerte de Mariana como un suicidio.

La perseverancia de la madre de Mariana, Irinea Buendía, la ayuda de organizaciones de la sociedad civil que la acompañaron en todo el proceso y la participación de operadores de justicia sensibles y comprometidos con el tema hizo posible que el caso se resolviera, y lo mejor, que se apresara al culpable. Este caso fue pionero también porque se contempló la posibilidad de reparación integral para las víctimas y se aceptó a petición de la madre que el caso fuera nombrado como “el caso Mariana Lima” como una forma de reparación.

Los casos a los que me refiero aquí, tienen en común que, para que se conociera la violencia que padecieron estas mujeres, todas tuvieron que morir. Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal, Claudia Ivette Gonzáles, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez y Mariana Lima Buendía, ya no están con nosotros, su sacrificio hoy ha servido para visibilizar un fenómeno que de no nombrarlo se pretende inexistente.

Alerta de género en Morelos

En el año, 2015 la Comisión Nacional contra la violencia hacia las Mujeres, emitió la alerta de género para 8 municipios del estado de Morelos, sin que esa determinación haya impactado hasta el momento en la disminución de los feminicidios en la entidad, sino más bien en el engrosamiento burocrático pues, desde entonces la titularidad del órgano técnico encargado de darle seguimiento a la declaratoria, ha servido para pagar favores políticos o colocar a amigos, sin perfil y lo peor, sin compromiso.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado de Morelos, quién documentó y llevó el caso de los asesinatos de mujeres a las instancias nacionales,  ha afirmado en este espacio que la violencia contra las mujeres en Morelos, no solo no ha disminuido, sino que se encuentra actualmente en los niveles más altos.

De acuerdo con esta organización no gubernamental, solo en este año de enero a julio de 2019 en Morelos ocurrieron 65 casos feminicidio, en tanto que las autoridades que han sido omisas en instrumentar los protocolos que mandata la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, han contabilizado únicamente 22 casos. Habría que revisar la metodología y los criterios de cada instancia, pero insisto, el problema es la burocratización de estos espacios institucionales.

Ayer se discutió mucho el tema y se realizaron pronunciamientos institucionales sobre la violencia de género hacia las mujeres, que es lo políticamente correcto, pero ¿y después? ¿Qué respuesta nos darán las autoridades de los tres niveles de gobierno? ¿Las madres de Morelos podrán quedarse sin miedo en su casa a esperar a sus hijas? ¿No se acusará a las mujeres de provocar las agresiones por su forma de vestir? ¿Habrá seguridad en las calles?

Muchas preguntas sin respuestas aún. Mantendremos la esperanza pero también la denuncia.