Serpientes y escaleras - Los políticos y la delincuencia

La política se convirtió desde hace tiempo en una herramienta de la delincuencia.

Los políticos y la delincuencia

Un problema latente desde hace varios años en la política mexicana es la intervención de la delincuencia organizada en los procesos electorales; lo que empezó como un acercamiento discreto, con el tiempo se transformó en financiamiento de campaña hasta llegar a la postulación de candidatos. Para nadie es secreto que diversos grupos delictivos intervienen en las elecciones para acceder al gobierno, en Morelos hemos tenido casos como el del alcalde electo de Amacuzac Alfonso Miranda Gallegos, detenido el 6 de mayo del 2018 y actualmente preso en una prisión federal de Durango por tener vínculos con el cártel de Los Rojos. Desde hace una década algunos partidos sirven a la delincuencia organizada.

A nadie resulta extraño que se hable de la relación que existe entre grupos criminales y miembros de la clase política mexicana; en el plano nacional se discute la supuesta protección que el gobierno de Felipe Calderón brindó al cártel encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán a través del entonces secretario federal de seguridad Genaro García Luna, hoy detenido en Estados Unidos. Cosas similares se han dicho en distintos estados del país, en donde se ha señalado y algunas veces se ha comprobado que gobernadores pactaron con cárteles de la droga.

Acusaciones de este tipo se hacen todos los días desde diferentes espacios; mucha gente observa y calla, pero se da cuenta que los criminales van ganando terreno en la política y toman el territorio a sangre y fuego. La historia no es nueva, ni exclusiva de un estado, por todos lados se habla de la relación directa entre figuras del poder y grupos criminales, lo cual permite a ambas partes adueñarse de regiones completas y actuar con absoluta impunidad.

El tema es complejo desde cualquier ángulo, porque por un lado está la complicidad entre la clase y política y la delincuencia, el uso de los partidos como una puerta de acceso a las instituciones y el manejo político para proteger la actuación de estos grupos y ampliar su campo de influencia. Antes el negocio era solamente el tráfico de drogas y los delitos asociados a este negocio; ahora es sabido que las mafias se mueven en el gobierno y operan, entre otras cosas, la obra pública, las licencias de funcionamiento y el suministro de agua potable.

La intervención de los grupos criminales en la política no fue una ocurrencia, es el cierre pinza de un negocio integral que implica el manejo y protección de actos ilegales; ahora algunas mafias se han apoderado de la administración de instituciones y del presupuesto público.

Contener el avance de la delincuencia no es fácil precisamente por eso, porque una parte de la clase política y diversos actores de poder están vinculados a este tipo de hechos y desde sus ámbitos se encargan de proteger a sus aliados. El problema es complejo, insisto, porque aunque no todos los partidos ni los políticos están relacionados con este tipo de hechos, muchos son víctimas como cualquier ciudadano.

Desde el sexenio pasado en Morelos hemos escuchado de las autoridades estatales que (en ese momento) al menos una docena de presidentes municipales eran extorsionados por cárteles del narcotráfico. En algún momento, incluso, se hizo público un video en donde se observa a un alcalde arrodillado, recibiendo amenazas de muerte por no pagar la cuota convenida; en ese mismo video el edil reconoce que pactó con el grupo criminal que lo amedrenta y que recibió dinero para financiar su campaña.

Hace un par de días Héctor de Mauleón en el periódico El Universal retomó el caso de un senador por Morelos a quien desde hace tiempo atribuyen vínculos con la delincuencia; el columnista entrelaza diversas historias y expone la detención de tres personas con credenciales del representante popular. Ángel García Yáñez, el legislador aludido, rechaza este tipo de acusaciones, se declara inocente y dice estar dispuesto a cualquier investigación. Nada hasta el momento le han probado al priísta, pero la mancha a su imagen por este tipo de acusaciones es indeleble. 

La contienda electoral del próximo año será distinta por el covid, con menos participación que la del 2018, pero sumamente competida; con una veintena de partidos buscando el voto popular, muchos actores de la vida pública interesados en regresar al poder y diversos grupos de la delincuencia organizada interviniendo en el proceso, la del 2021 será una elección compleja y sumamente peligrosa para todos.

Morelos igual que el resto del país no está ajeno a la intervención del crimen en política; algunas autoridades locales sostienen que actualmente hay varios presidentes municipales alineados a algún grupo criminal, de ahí la oleada de violencia que se ha desatado en varias partes del estado. También existe la sospecha de que algunos partidos políticos reciben financiamiento del narco para que postulen a personajes que representen sus intereses.

¿Cómo detener esto? Esa es la pregunta sin respuesta. Comprobar la relación entre grupos criminales y figuras de poder siempre ha sido difícil porque las redes de protección de la delincuencia organizada están presentes en los tres poderes del estado y cumplen su función de cuidar a los suyos; además se trata de relaciones no oficiales, informales, ocultas, pero mucho más sólidas que cualquier acuerdo institucional.

El reto está del lado ciudadano, en cada uno de nosotros al emitir nuestro voto; los partidos políticos han dejado de ser representativos y por el contrario, se han convertido en cómplices de este tipo de agrupaciones. Ellos saben quién está detrás de cada campaña, pero deciden callar porque lo mismo ocurre en todos lados; es el juego de no decir nada porque todos hacen lo mismo.

Antes la delincuencia tenía sus espacios de actuación perfectamente ubicados y delimitados, ahora los grupos criminales están presentes en todos lados: en la política, en la iniciativa privada, en los partidos, en los medios de comunicación y en el gobierno.

Cada paso hacia adelante que da la delincuencia es un paso atrás para la sociedad; es imposible pensar que la situación mejorará cuando algunas instituciones y representantes de la vida pública sirven a intereses criminales.

Nos quejamos mucho de los partidos y de lo que pasa en el gobierno, pero seguimos votando por personajes sin capacidad y de mala reputación.

• posdata

Hablando de personajes de mala reputación, el dirigente estatal del PRI Jonathan Márquez se reunión con el impresentable Francisco Moreno Merino.

El ex diputado graquista compartió las imágenes del encuentro, presumiendo su militancia y las coincidencias con el presidente tricolor. Los improperios no se hicieron esperar, igual que el inmediato recuerdo del paso de Moreno Merino por el parlamento local.

No olvidemos algunos pasajes del menudo priísta: iba a ser senador de la república en el 2012 y tuvo que renunciar por comentarios misóginos pronunciados el congreso de la unión; luego ocupó la titularidad de Profepa y fue cesado por actos de corrupción. El PRI lo hizo diputado plurinominal y desde el congreso fue un férreo defensor de Graco Ramírez y de los intereses de Rodrigo Gayosso; ocupó la presidencia de la mesa directiva de la 53 legislatura y tuvo que renunciar a ella por presión de sus compañeros, acusado nuevamente de malversación de recursos y corrupción.

Jonathan Márquez dirige el PRI Morelos con todo el respaldo de su dirigencia nacional; su llegada fue dispuesta por Alejandro Moreno, por eso no tuvo que pactar posiciones con ningún grupo. Desde ese cargo al jóven presidente le toca tomar decisiones que impactarán en el futuro de su partido y hasta ahora sus pasos no son del todo favorables.

No entiendo el sentido de dar alas a un sujeto tan deleznable como Francisco Moreno Merino, salvo que se trate de algún tipo de gusto por la coprofilia; quizá por ello también apoyan a Manuel Agüero.

• nota

El Sistema DIF Morelos presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra ex funcionarios de la dependencia por la posible comisión de delitos cometidos en dicho organismo descentralizado. La querella es por el presunto desvío de recursos federales destinados a la adquisión de vehículos adaptados para personas con discapacidad en la entidad.

Esta denuncia penal se suma a otras investigaciones que se llevan a cabo en distintas instancias estatales y federales contra miembros del equipo de Elena Cepeda incluido quien en algún momento fue el director de dicho organismo.

Recordemos que el DIF Morelos era la base operativa de la ex primera dama y desde ahí se operaban muchas del gobierno de Graco Ramírez; al DIF Morelos le correspondía adquirir despensas y diversos productos para ayudar a los sectores más vulnerables, pero en la oficina de la damota, cuentan, también se aprobaban contratos de obra pública, de suministro de productos o servicios y por supuesto también se avalaban las contrataciones y los acuerdos políticos del tabasqueño.

Elena Cepeda no fue solo la presidenta del DIF, fue un actor de poder en el sexenio pasado, manejó a su antojo al ex gobernador Graco Ramírez, intervino en decisiones de estado e impuso a sus hijos como operadores políticos y negociadores del régimen.

El rol de la damota en la pasada administración fue clave; a ella y a Rodrigo Gayosso les debe Graco Ramírez su fracaso como gobernador.

Habrá que ver si los involucrados en las denuncias penales cargan con toda la culpa o deciden colaborar con las autoridades aprovechando el Criterio de Oporrtunidad, como lo hizo Emilio Lozoya en el caso Odebretch.

• post it

Margarita González Saravia deja la secretaría de turismo de Morelos para asumir la titularidad de la Lotería Nacional. El paso de la dama por el gabinete de Cuauhtémoc Blanco estuvo lleno de tropiezos, sobre todo cuando trataba de justificar los elevados niveles de violencia en la entidad.

Saravia será la tercera persona oriunda de Morelos en ese cargo; antes que ella estuvieron José Castillo y Víctor Saucedo.

La llegada de Margarita a la Lotenal ocurre luego de la dimisión del titular tras la polémica y desastroza rifa del avión presidencial. Los méritos para que la ex secretaria de turismo morelense llegue a esa posición federal son desconocidos, pero podrían derivar de su relación con el equipo del presidente.

El tiempo mostrará las capacidades de la dama en ese cargo; el manejo de la institución es técnica y la labor más importante la llevan a cabo quienes ocupan los mandos medios; los directores son figuras decorativas, importantes sin duda, pero sin intervención en los procesos. Son floreros que hacen relaciones públicas.

La Lotería Nacional es un organismo que se mueve solo desde hace años y no genera problemas en su manejo; los titulares son nombrados por cuestiones políticas y rara vez enfrentan problemas serios, salvo cuando hay escándalos de corrupción. La Lotenal es una buena posición para que Margarita Saravia concluya su vida profesional sin problemas.

A menos, claro, que le toque ser la pagana de lo que ahí se haga durante el sexenio.

• redes sociales

Parece broma, pero fue real: se robaron un avión del aeropuerto Mariano Matamoros.

La historia es tan simple que da pena: dos sujetos llegaron a la terminal aérea, entraron al hangar FDO, pidieron que se abasteciera la nave de combustible, les llenaron el tanque, abordaron, encendieron los motores y despegaron sin pedir permiso; en su huída casi colisionan con una avioneta de la escuela de aviación que tiene como sede dicho aeropuerto. Así de fácil.

Cuando las autoridades se dieron cuenta que los habían engañado, el jet ya estaba en el aire con el radio apagado.

Ese avión como la mayoría, tiene GPS y puede ser localizado por radar; tal vez al momento de que leas esto, lectora lector queridos, ya sepamos el desenlace de la novela.

Por lo pronto quedémonos con los kafkiano que se ha vuelto Morelos: hay un chingo de delincuentes y hasta los aviones se roban.

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