Serpientes y escaleras - La denuncia

Cuauhtémoc Blanco dio el primer paso al acudir a la FGR. ¿Quién le sigue?

La denuncia

El lunes pasado, justó el día de su cumpleaños número 47, Cuauhtémoc Blanco Bravo acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para presentar una denuncia de hechos por delitos contra la salud y delincuencia organizada en contra de la sociedad de Morelos; la querella fue interpuesta contra quien resulte responsable, pero en ella se mencionan los nombres de algunos representantes populares y también el de una magistrada. Nunca se había visto un enfrentamiento político tan fuerte como el que ahora vemos en la entidad.

Han sido tantos los desencuentros entre actores de la vida pública estatal que resulta imposible encontrar el punto que detonó la descomposición del escenario de poder; lo evidente es que se trata de un choque de trenes en el que hay dos bandos claramente identificados: con Cuauhtémoc Blanco y contra Cuauhtémoc Blanco.

La denuncia presentada por el jefe del ejecutivo estatal no es cosa menor si se toman en cuenta los alcances que puede tener; lo primero que se debe observar es que el mandatario la interpuso a nivel federal debido a que, lo ha insistido de manera reiterada, no confía en los fiscales locales porque los considera parte de la mafia de narcopolíticos que tienen secuestrado al estado.

Sacar del espacio local el proceso jurídico y la investigación tiene otras implicaciones, la primera es que escapa del control de actores estatales. De ahí la duda razonable está en saber si la FGR a través de la FEMDO actuará o, como ha sucedido en innumerables ocasiones pasadas, recibirá las denuncias y las dejará dormir el sueño de los justos.

La reacción del gobierno local ante la oleada de críticas, denuncias y especulaciones tiene sentido: Cuauhtémoc Blanco pasó de la denuncia en medios de comunicación a la formalización de una queja ante las instancias de procuración de justicia federal para mostrar que no hay pactos con la delincuencia, ni miedo a que se lleve a cabo una investigación. Lo que sigue depende de la FGR, pero es claro que esta no actuará en ningún sentido hasta que exista el visto bueno del presidente.

El contenido de la denuncia presentada por el mandatario estatal se conoce parcialmente a partir de lo que algunos medios de comunicación han difundido; ayer el periodista Héctor de Mauleón hizo un recuento de hechos en su columna a partir de lo que representa la denuncia del gobernador: ubica como imputados a los diputados locales Agustín Alonso y Luz Dary Quevedo, parte de las historias locales de narcotráfico y también al senador Ángel García Yáñez como un personaje reiteradamente relacionado con la delincuencia organizada. En ese mismo plano coloca al partido Movimiento Ciudadano (a través del esposo de la diputada Quevedo) como parte de la estructura con la que el crimen entra a la política; en su escrito menciona a varios alcaldes y a la magistrada Nadia Luz Lara Chávez, todos ellos gente cercana a La Jefa.

Hasta antes de esta denuncia toda la polémica giraba en torno al gobernador Cuauhtémoc Blanco y los vínculos delictivos que le achacaban a partir de la divulgación de una foto; con la respuesta del comisionado de seguridad la semana pasada y la presentación de una denuncia el lunes la discusión se amplía e involucra a otros actores de la vida pública estatal, precisamente a los que en los últimos días habían señalado al gobernador.

La polémica sobre la narcopolítica morelense no ha acabado, por el contrario, aumenta con los señalamientos que de manera formal hizo el gobernador ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada; hasta antes de esto Blanco Bravo era el único personaje que estaba en el ojo del huracán, ahora se incorporan a varios diputados, a un senador, a varios alcaldes, a una magistrada, al exgobernador Graco Ramírez y al excomisionado de seguridad Alberto Capella.

Pongamos atención en un punto: hasta ahora el único actor político que ha interpuesto formalmente una denuncia por presuntos vínculos con la delincuencia organizada en Morelos es el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo; tras la difusión de la fotografía en la iglesia de Yautepec varios representantes populares alzaron la voz, exigieron que las fiscalías actuaran y que el mandatario fuera investigado, pero ninguno se atrevió a acudir personalmente a formalizar su exigencia.

Se puede poner en duda el contenido de la denuncia presentada por el gobernador de Morelos, lo incuestionable es que hasta ahora es la única demanda formal presentada ante la FGR, responsable legal de atender los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, por representantes populares contra representantes populares por presuntos actos delictivos.

Hasta este punto lo único formal es la denuncia del gobernador, porque lo demás se ha quedado en especulación; ni los diputados locales ni los representantes populares se han atrevido a ir más allá de una declaración o una mención en tribuna, quizá porque entienden que la situación es compleja, porque las derivaciones de estos hechos van más allá de lo visible y porque si las autoridades federales se deciden a investigar, más de uno de quienes hoy señalan con dedo de fuego pueden resultar quemados.

Las fotografías del gobernador con tres delincuentes es solo una parte de la historia; por supuesto que son imágenes terribles que lastiman la imagen y credibilidad del mandatario, pero lamentablemente no son lo único que ocurre en un estado en el que desde hace años la convivencia entre delincuentes y políticos se ha vuelto cosa común.

Antes de esas imágenes los morelenses hemos sido testigos de la divulgación de videos en donde alcaldes son sometidos y humillados por incumplir sus acuerdos con grupos criminales, de narcomantas en donde se detallan presuntas relaciones ilícitas y se enumeran a todos los funcionarios y representantes populares que participan de este tipo de cosas. La relación entre delincuentes y figuras de la política estatal se ha vuelto pública y en algunos casos, motivo de orgullo, como en el caso de La Jefa.

Ahora que el gobernador ha decidido dar el siguiente paso al presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República lo que esperaríamos es que la FGR actúe sin importar de quien se trate e informe del avance de las investigaciones, para que la querella no quede como una más de las muchas que se interponen y nunca son investigadas.

Hasta ahora los morelenses hemos sido testigos mudos de un fuerte pleito político, el más intenso de los últimos años, pero como siempre, una discusión que solo se queda en palabras, porque nunca pasa nada.

El más interesado en que la denuncia proceda tiene que ser Cuauhtémoc Blanco Bravo, porque es él quien está directamente señalado, porque es a él a quien han colocado en el ojo del huracán y es su gobierno al que se le señala de estar vinculado a grupos de la delincuencia organizada.

La palabra del exfutbolista ha perdido valor y credibilidad, ya no basta que diga que no va a fallar, que siempre ha sido decente, que se trata del ataque de grupos políticos o que lo golpean porque es bueno y se ha negado a pactar con criminales. Hoy su administración y él son objeto de múltiples sospechas, están sentados en el banquillo de los acusados y sometidos a un escrutinio público que dejará manchada su imagen de por vida.

Por esa razón el gobernador tiene que ser insistente en que la FGR investigue, tiene que presionar en lo legal, pero también a través de su relación personal con el presidente de México para que su nombre y gobierno no queden en entredicho. Si lo hace y la denuncia avanza no solo limpiará su nombre frente a las acusaciones, lo más importante es que marcaría un precedente de actuación en un problema que desde hace años es latente en nuestro estado, pero nunca se ha atendido con la seriedad que amerita.

El duelo que enfrenta el gobernador Cuauhtémoc Blanco no es solo para salvaguardar su imagen, es también para mantener su credibilidad y su honor.

• posdata

La demanda presentada el lunes por el gobernador Cuauhtémoc Blanco incluyó a los fiscales de Morelos Uriel Carmona y Juan Salazar; esta acción legal secundó lo que unos días antes mencionó el comisionado de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros, quien señaló a ambos funcionarios de actuar de manera parcial y por encargo.

“Hay un problema permanente de conflicto de intereses de los fiscales, el general y el anticorrupción, quienes tienen un interés directo en que no avance ninguna investigación contra el gobierno anterior y contra ellos mismos y sus aliados, y de quitar de en medio al gobernador Blanco porque es el único que se ha negado a pactar contra el crimen organizado” dijo el titular de CES.

El abogado Uriel Carmona es el único de los dos fiscales que ha respondido a las acusaciones, afirma que la dependencia a su cargo no protege ni perjudica a nadie por intereses de carácter político o económico, que el debate que se observa es mediático y que la FGE actúa de manera profesional, imparcial y objetiva. Y remata: “No hay denuncias contra el gobernador por delincuencia organizada, ni una carpeta de investigación, ni tampoco investigación alguna por un señalamieto; sí existiera y hubiera elementos, por supuesto que actuaríamos conforme a derecho”.

El debate en el que están inmersos diversos actores de poder en el estado va en aumento y puede cambiar de forma impredecible si en el ámbito federal se deciden a actuar; el lunes en su regreso a las mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado respecto a los casos de Cuauhtémoc Blanco y Cuitláhuac García y su respuesta fue escueta: no necesitamos que desde el extranjero nos pidan que investiguemos, aquí investigamos; no tenemos nada que ocultar, no protegemos a nadie porque no hay impunidad y tenemos la autoridad moral y política para actuar.

Hasta ahora la relación entre el presidente de México y el gobernador de Morelos luce firme y la política del gobierno federal no parece ser diferente; los cuestionamientos hacia los gobernadores de Morena son vistos como ataques políticos; de esa manera se toman y se atienden desde el gobierno federal.

Si esa lógica continúa los más preocupados de que la FGR investigue no serán los gobernadores señalados, sino los demás personajes que estarían relacionados con este tipo de historias.

• nota

El presidente de la mesa directiva del congreso local hizo un llamado a sus homólogos para retomar el diálogo y alcanzar acuerdos que permitan regresar la normalidad al parlamento y salir delante de la parálisis legislativa.

Es el primer llamado de este tipo que lanza Francisco Sánchez y debería ser atendido por todos, porque la situación que impera en la 55 legislatura no es buena para nadie y está acabando con la confianza del congreso.

Obvio: su contraparte dirá que antes de dialogar necesitan que les regresen las comisiones que les fueron retiradas en diciembre… y sabemos cuál va a ser la respuesta a eso. De que la normalidad retorne a la cámara depende que este congreso no se convierta en todo lo que criticó.

La situación actual no es buena para nadie.

• post it

Así habló el gobernador un día después de haber interpuesto una denuncia ante la FGR por las acusaciones y ataques en su contra:

“Muchos cabrones quieren que me vaya, pero no me voy a ir, muchos narcos políticos y gente de la política que siempre le ha hecho daño al estado quiere que me vaya, pero que les quede clarito: a mí no me van a apantallar ni me van amenazar; siempre he sido una persona decente, voy de frente con quien sea, yo no tengo miedo, voy a donde tope”

• redes sociales

El excomisionado de seguridad de Morelos Alberto Capella respondió de inmediato a los señalamientos que en su contra hizo el gobernador Cuauhtémoc Blanco; lo retó a que presente pruebas y pidió que se retirara del cargo.

Capella es señalado desde hace años por mantener vínculos delictivos, esas historias lo han perseguido desde la primera ocasión que encabezó la policía en Tijuana y así sucedió todo el tiempo que estuvo en Morelos. La cosa es que nunca nadie pasó de la acusación a la denuncia como ahora, por eso es comprensible su reacción.

Ahí radica la importancia de que la Fiscalía General de la República proceda, para que no quede duda de quién es quien en esta historia que, por cierto, se repite en casi todos los países de la república mexicana.

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