Observador político - Impunidad en las jubilaciones «doradas»

Gobiernos van y gobiernos vienen y en todos se ha evidenciado que muchos funcionarios han incurrido en delitos institucionalizados, los mismos que gozan de la protección tanto de gobernantes como de pseudo representantes populares para beneficiar a sus familiares, amigos y funcionarios a fin. Un ejemplo de ello, las jubilaciones y pensiones “doradas”, que pese a las denuncias penales y declaraciones, la mayoría de los beneficiarios siguen percibiendo sus quincenas sin problema alguno a pesar de que muchos no cumplieron con los años de servicio ni la edad.

DELINCUENCIA INSTITUCIONAL.- Es absurdo que hoy en día, a pesar de la tecnología aún haya municipios como Puente de Ixtla en donde se otorgaron documentación falsa (copias) para beneficiar a ciertos personajes que jamás trabajaron en la comuna pero que ahora, quieren demostrar que sí lo hicieron para verse favorecidos con sus jubilaciones. Por esa razón, para nadie es un secreto los actos ilícitos y hasta penales en los que incurrieron muchos ex alcaldes quienes otorgaron a diestra y siniestra documentación apócrifa a cientos o quizá miles de personas.

El tipo de ayuda que ofrecieron los alcaldes, sin ser su dinero, es lo que tiene hoy en día al Estado y al Legislativo así como a diversos municipios en graves y severos problemas porque tienen que pagar fuertes cantidades de dinero a jubilados y pensionados, muchos, la mayoría que sí cumplió en tiempo y forma con todos y cada uno de los requisitos pero que otros, tristemente se convirtieron en parte de la delincuencia institucional. La situación hoy en día es compleja y conforme avanza el tiempo, se agravará porque no habrá condiciones para poder pagarles a los activos y jubilados.

Sin embargo, no solo es Puente de Ixtla, sino otros como Cuautla y Huitzilac, este último Ayuntamiento facilitó documentos para que empleados de Cuernavaca en su mayoría policías, pudieran solicitar su jubilación con requisitos que correspondieron a fotocopias para alcanzar su jubilación. Esta acción, se dio bajo el argumento de que se quemó la papelería y por tanto, bastó una sesión de cabildo para que los regidores hayan autorizado entregarles las copias fotostáticas. Empero, al llegar a la comuna capitalina, se evidenció una serie de inconsistencias y se frenaron estos procesos de jubilación pero, recurrieron a instancias jurídicas y al final obligaron jueces al municipio de Cuernavaca para que rectificaran, porque les estaban violentando sus derechos laborales y humanos.

Otros casos son absurdos como el de una persona que entregó su documentación y desde la fecha en que empezó a laborar para alcanzar su jubilación, tuvo que ser a la edad de siete años. Algo absurdo y fuera de toda lógica. Y ejemplos como estos, varios que se pueden evidenciar. Y a pesar de la delincuencia institucionalizada en la que incurrieron, no pasó ni pasará nada, a pesar de que el daño es severo y delicado a las finanzas del estado y los municipios.

SUSPENSIÓN DE PAGOS.- Lo cierto es que hay casos absurdos y abusivos que se cometieron de personas que pese a que violentaron la ley e incurrieron en diversos delitos, en lugar de que se les investigue sus expedientes y se les sancione corporalmente, aún insisten a través de los amparos ante la federación para lograr alcanzar beneficios de las jubilaciones doradas. Un caso ejemplar, es el de Francisco Vázquez Adán, quien sin tener los merecimientos y mucho menos los requisitos mínimos indispensables luego de que fue regidor en Tepecoacuilco en el periodo 2012-2015, llegó a Morelos para convertirse en director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (IDEFOMM) sin cumplir con los años requeridos. Después el hoy dirigente del PRD y en su momento secretario de Gobierno con Graco Ramírez Garrido Abreu, Matías Quiroz Medina, lo designó como coordinador del Organismo para la Etapa de Reconstrucción Unidos Por Morelos tras el sismo del 19 de septiembre del año 2017, del cual hay diversas denuncias penales por malversación de fondos.

NADA CLARO EN LAS JUBILACIONES SIN PAGAR.- Lo cierto es que hasta el momento, y pese a que el gobierno anunció que dejó de pagar alrededor de 40 jubilaciones una vez que el legislativo decidió suspender los pagos de las “pensiones doradas”, en su mayoría de ex funcionarios del gobierno perredista. En poco tiempo, en todas las dependencias será prácticamente imposible realizar los pagos por tantas personas con tal alto salario que supuestamente cobraban y que son ya insostenibles. La decisión del Ejecutivo de dejar sin efectos los decretos de personas cuestionadas por no cumplir con los requisitos, no solo se les tiene que dejar de pagar sino de investigar y castigar para que incluso, entreguen lo que han cobrado sin devengarlo. Hoy, los integrantes de la 54 legislatura se han visto lentos y cómplices en estos casos, porque ya tuvieron que haber legislado para evitar estos excesos y abusos, pero además, sancionar corporalmente a quienes entregan la documentación y quien la recibe porque son delitos que hoy en día no son graves y por eso no pasa absolutamente nada.

Originalmente están algunos ex funcionarios que se les cayó el teatro como por ejemplo: Martha Patricia Bandera Flores, exsecretaria de Administración y Finanzas del Poder Legislativo; Jair Mendoza Beltrán, exsecretario particular de la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta; Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, cuñada del exdiputado Julio Yáñez Moreno; Denya Flores Rendón, esposa del exdiputado Francisco Navarrete Conde; Jorge Michel Luna, exsecretario de Finanzas; Francisco Velázquez Adán, extitular del Idefomm; Stephanie Guzón André, exsecretaria particular de Graco Ramírez; y Josefina Pallares Zardain, gente cercana a Elena Cepeda, ex presidenta del DIF, Morelos.

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