¿Quién combate la corrupción en Morelos?

A 5 años de las primeras reformas en materia de combate a la corrupción, muy poco se ha avanzado. El impulso ciudadano por crear un Sistema Nacional Anticorrupción y 32 Sistemas Locales Anticorrupción, en el que los ciudadanos tuvieran un punto central en la prevención y combate de este problema, se ha visto frenado por intereses políticos y partidistas de legisladores y funcionarios de diversos órdenes de gobierno.

En Morelos, las cosas no caminan porque no dejan, porque cada grupo cuida a sus amigos, sus grupos, intereses y a quienes les deben el puesto. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta entre otros delitos, el de “Delitos cometidos por servidores públicos” y aunque Morelos se ubica entre los primeros 10 lugares en otros delitos, en éste, el de delitos cometidos por servidores públicos, es el octavo con menor número de delitos por cada 100 mil habitantes. En 2020 se registraron 50 delitos que representan 2.63 por cada 100 mil habitantes.

Así de claro es lo que sucede en Morelos, la impunidad es un pilar de la política y del ejercicio público. Entonces nos preguntamos ¿Quién combate la corrupción en Morelos? ¿Por qué no funciona? Porque las estructuras, la función de fiscalización, recepción de denuncias, investigación y persecución de corrupción, están hechas para garantizar impunidad, que no pase nada, que se olvide la carpeta, que se cierren los ojos ante anomalías evadiendo responsabilidades.

Van algunos ejemplos. La Auditoría estatal (ESAF) lleva 26 meses sin titular, el Congreso aún no “negocia” quién será el allegado que ocupará el cargo de la institución que tiene 7 años sin funcionar y que no ha cumplido en nada el Servicio Profesional de Fiscalización. Las Fiscalías amigas (general y anticorrupción) de Graco Ramírez y la 53 legislatura son ciegas ante el ejercicio público de quienes los impulsaron a llegar al cargo.

En el caso de las contralorías, están igual. A nivel estatal no está funcionando el sistema de quejas y poco sabemos del trabajo, atención y seguimiento a las quejas y denuncias que se realizan. En el municipio de Cuernavaca, la Contralora evade su responsabilidad marcada en el reglamento interior del municipio, que le permite realizar auditorías a los organismos descentralizados como sistema de agua (SAPAC) pero que afirma que no le corresponde, a pesar de las evidencias de presuntos casos de corrupción que le fueron presentadas por el Consejo Ciudadano de Morelos en octubre de 2020, de los años 2017 a 2019. El Contralor de SAPAC, al igual que la auditoría y las fiscalías hacen uso y abuso de la confidencialidad de los expedientes de investigación. Con eso, pueden de manera perpetua, argumentar que no pueden rendir cuentas porque están investigando y dejar que los delitos prescriban.

Si a esto le agregamos que algunos integrantes del Comité de Participación Ciudadana actuaron de igual forma, al pretender colocar a cuates y cuotas en la creación de la Secretaría Ejecutiva, entonces, se ve un panorama gris para Morelos.

Así que, o reaccionamos desde la sociedad, ejerciendo la rendición de cuentas, señalando y denunciando a los corruptos y a quienes los protegen, o de plano nuestro querido estado terminará de hundirse en la corrupción, ineptitud y abuso de muchos funcionarios. Por ello, nosotros debemos participar en el combate a la corrupción. ¡Unidos y activos con profesionalismo podemos cambiar nuestro estado!