Observador político - Morelos: tierra saqueada, justicia simulada

En Morelos, la corrupción no es un accidente ni una anomalía: es el modelo de gobierno ya que durante décadas, los gobernadores han saqueado impunemente al estado, endeudándolo, desmantelando servicios públicos y hundiendo en la pobreza a un pueblo que ya de por sí carga con un abandono histórico. Pero lo más obsceno no es el saqueo en sí, no, lo verdaderamente insultante es la impunidad estructural que garantiza que nada cambie; sobre todo, casos como los crímenes de cuello blanco que no solo quedan sin castigo, sino que se han convertido en la antesala de una cómoda jubilación política.

EN LA MIRA GRACO Y EL CUAUH.- Ahí están los nombres de Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador de la "izquierda moderna", quien endeudó a Morelos con miles de millones de pesos, negocios turbios, obras públicas con sobrecostos, corrupción institucionalizada. Su herencia: hospitales sin terminar, deuda pública desbocada y una sociedad más desigual. Y hasta la fecha, no hay ningún proceso firme y mucho menos sentencia alguna.

Le siguió Cuauhtémoc Blanco Bravo, un experimento fallido del oportunismo electoral, acusado de malversar recursos multimillonarios, rodeado de secretarios acusados de corrupción, y él mismo señalado incluso por delitos gravísimos, como intento de violación contra una familiar. Pero al igual que su antecesor, camina libre. Más que libre: intacto.

Hoy, el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Leonel Díaz Rogel, dice con firmeza que “no habrá borrón y cuenta nueva”. Que se investigará todo. Que "no habrá impunidad". Que la auditoría incluirá más años. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado este discurso? ¿Cuántas veces se ha prometido justicia y lo único que llega son comunicados llenos de adjetivos, pero vacíos de acciones? Ojalá y esta vez sea la excepción y las investigaciones no sean frenadas para evitar castigar a estos políticos corruptos.

El problema no es la falta de leyes, es el diseño del sistema: la impunidad no es una falla, es una función. Las carpetas de investigación "mal integradas" no son casualidad: son parte de la estrategia. Como si la corrupción se investigara para ser archivada. El aparato judicial parece hecho a la medida para que los poderosos nunca caigan.

Mientras tanto, la deuda pública la siguen pagando las y los morelenses, es decir, cada peso robado por un político corrupto es un peso que falta en una clínica, en una escuela, en un transporte público digno. Cada fiscal que finge perseguir la corrupción mientras protege a sus jefes políticos, es cómplice. Y cada vez que se deja pasar, se confirma lo que ya sabemos: que aquí no hay justicia para el pueblo, solo privilegios para los de arriba.

Los gobiernos pasan, pero el saqueo sigue. Y si no hay castigo ejemplar, si no se rompe de raíz este pacto de impunidad, será imposible hablar de democracia, justicia o dignidad en Morelos.

EL TSJ, ¿UN CAMBIO REAL O LIMPIEZA SUPERFICIAL? La llegada de Juan Emilio Elizalde Figueroa al Poder Judicial de Morelos representó una bocanada de aire fresco para una institución que durante años se había convertido en un botín para redes de corrupción, compadrazgo y protección familiar.

Y no, no es un secreto que el Tribunal Superior de Justicia fue durante mucho tiempo un nido de privilegios y nepotismo, donde varios personajes vivían a costa del erario público, blindados por magistrados que se servían a sí mismos y a sus allegados.

Hoy, bajo el mando de Juan Emilio Elizalde, se intenta revertir esta degradación institucional, a través de acciones concretas —aunque silenciosas y sin el circo mediático acostumbrado— se ha empezado a mover a jueces, en un proceso de rotación que ha causado revuelo entre quienes disfrutan de esos privilegios, y esperanza entre quienes buscan un Poder Judicial más digno y justo.

Sin embargo, no podemos caer en el optimismo ingenuo. El cambio en el Poder Judicial no es solo cuestión de mover piezas; es un proceso profundo que requiere desmontar redes clientelares que llevan décadas enquistadas y que solo pueden ser eliminadas con voluntad política, transparencia y la participación activa de la sociedad.

Cierto es que Juan Emilio Elizalde ha dejado atrás el aparato ostentoso de camionetas blindadas y operativos costosos, lo cual es un buen primer paso para desterrar el derroche de recursos públicos que tanto daño le hace a Morelos; pero la verdadera prueba está en que esas rotaciones realmente traduzcan una mejora en la impartición de justicia, especialmente en áreas sensibles como la penal y la laboral, donde las injusticias han sido más flagrantes.

Aún persisten grandes retos: la falta de personal en el área mercantil, la incapacidad para hacer cambios definitivos por la barrera legal de los amparos, y, sobre todo, la necesidad de acabar con una cultura institucional que tolera la ineficiencia y la complicidad. Más allá de cifras y anuncios, lo que la ciudadanía exige es justicia real, pronta y gratuita, no solo ajustes administrativos o maquillajes superficiales.

Elizalde Figueroa y su equipo deben entender que la justicia no es un servicio para unos cuantos, ni un espacio para favorecer a amigos o familiares; es un derecho fundamental que debe garantizarse con integridad y respeto. Por ello, la sociedad civil debe mantener una vigilancia crítica y activa para que este proceso de transformación no se quede en buenas intenciones ni en simples cambios cosméticos.

Morelos merece un Poder Judicial que deje de ser un instrumento de opresión y corrupción y se convierta en un verdadero garante de los derechos del pueblo. Para lograrlo, la lucha apenas comienza.

Email: @gerardosuarez73

X: @gerardosuarez73