Observador político - El jaloneo político: entre la ambición y necesidad legislativa

A medida que se aproxima la asunción de Margarita González Saravia al frente del Poder Ejecutivo, el Congreso se convierte en un campo de batalla entre dos facciones: el G-12 y el G-8; por lo que éste estira y afloja no solo revela la lucha por el poder, sino también una inquietante falta de compromiso con las verdaderas necesidades del pueblo.

CONFÍAN EN LOGRAR CONSENSOS.- Las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así como la del Trabajo, se han convertido en el epicentro de esta contienda. Ahí, juega un papel importante Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien ya tuvo el control de la comisión del Trabajo en la legislatura anterior y busca ahora recuperar su posición, respaldada por fuerzas políticas de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional y Partido del Trabajo, por lo que ante esta situación se pone de manifiesto la falta de renovación y de alternativas genuinas en la política local.

El presidente de la Junta Política, Daniel Martínez Terrazas, expresó su confianza en que se logrará un consenso, sin embargo, falta dar el último paso para que en efecto, la mayoría de los grupos y fracciones parlamentarias se sumen al proyecto y no sea superficial los acuerdos ante la realidad del entorno político. Es necesario que las promesas de diálogo y colaboración que muchas veces suenan huecas puedan ser cristalizadas como lo anunció el líder panista a fin de que las reformas que se contemplan puedan impactar de forma positiva en la ciudadanía.

La iniciativa de González Saravia para reformar la ley de administración pública estatal es un paso necesario, pero el enfoque no ha logrado hacer conciencia entre los integrantes del G-8 quienes exigen que no sea por ejemplo, en el cambio de las secretarías solo de membrete, y se conozca el presupuesto económica que representará así como aquellas dependencias que se verán afectadas al quitarles dinero para dárselas a las de nueva creación. Justamente es esas son las dudas entre muchas otras que se tienen para poder aprobar esta iniciativa.

Martínez Terrazas enfatiza en la necesidad de que las nuevas secretarías no generen un impacto presupuestal significativo, por lo que su preocupación es válida, pero no debe ser la única prioridad; la gestión pública debe ir más allá de los números y considerar cómo estas reformas afectan la vida de las personas.

Además, la reforma propuesta para la Secretaría de Seguridad Pública es un tema delicado. Si bien es importante que se lleve a cabo un análisis exhaustivo para evitar conflictos constitucionales, el foco debe estar en cómo estas modificaciones pueden contribuir a una seguridad real y efectiva para la población, y no solo en el cumplimiento de requisitos legales.

El reto que enfrenta esta legislatura es monumental. No se trata solo de instalar comisiones o de llegar a acuerdos; se trata de construir un marco legislativo que responda a las demandas de la ciudadanía, que promueva una gestión pública más transparente y efectiva; la invitación a todos los grupos políticos a trabajar en un ambiente de diálogo constructivo debe ir acompañada de un compromiso auténtico de poner a las personas en el centro de la política.

Es momento de que los grupos del G-12 y el G-8 comprendan que la política no es un juego de poder entre élites, sino una herramienta para mejorar la vida de quienes han sido olvidados por el sistema; la verdadera reforma debe partir de un profundo análisis de las necesidades sociales y económicas, y no ser simplemente un instrumento para mantener las posiciones de privilegio.

En los días que vienen, la sociedad estará atenta a las decisiones de sus representantesa esperanza radica en que, más allá de los jaloneos, emerja una nueva política que priorice el bienestar de la ciudadanía y no el interés de unos pocos. La transformación que necesita nuestro estado no es una cuestión de comisiones, sino de una visión colectiva que desafíe las estructuras de poder y busque la justicia social.

EN DEUDA, EL CONGRESO CON LA CIUDADANÍA MORELENSE.- La falta de acuerdos legislativos en el Congreso del Estado se ha convertido en un freno para el desarrollo y bienestar de la sociedad, tal como ayer lo denunció en el recinto legislativo Omar Alexandro López Ortiz, presidente de la Asociación de Ministerios Públicos y exagente del Ministerio Público, quien lanzó un llamado urgente a los diputados para que superen sus diferencias y avancen en la entrega de comisiones. Esta falta de consenso no solo refleja una crisis política, sino también un grave descuido hacia las necesidades de la ciudadanía, que es quien, al final, "paga los platos rotos".

Cierto es que resulta alarmante observar cómo, mientras algunos asuntos cruciales quedan estancados, los decretos y pensiones no se pueden aprobar como lo demandan los interesados y a quienes se les castiga por la entrega de sus recursos económicos porque simplemente no hay coincidencias entre los diputados, quienes por cierto, reciben puntualmente sus dietas mientras que otros sectores se ven afectados por su falta de acuerdos.

De ahí que la entrega de la Comisión del Trabajo es esencial, y su postergación significa que temas urgentes quedan sin atención, dejando a la población en un limbo de incertidumbre y desamparo, hoy mismo hay casos y sentencias que se tendrán que atender de inmediato para que no sean sancionados los representantes populares.

La crítica de López Ortiz sobre la acumulación de poder en figuras ya conocidas, como Tania Valentina Rodríguez Ruiz, es fundamental, de ahí que es tiempo de romper con los viejos esquemas de privilegio y dar espacio a nuevas voces que representen verdaderamente a la ciudadanía. La política debe ser un espacio de renovación y no una herencia de intereses ya establecidos.

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