Observador político - Se autonombran, Gamboa Olea y Vargas Téllez, presidentes del TSJ en Morelos

El Poder Judicial de Morelos se encuentra atravesando una de las etapas más oscuras de su historia; esta crisis institucional no es más que el reflejo de una lucha feroz entre dos facciones de magistrados que, lejos de velar por la justicia y el bienestar de la sociedad, han optado por anteponer sus intereses personales, económicos y políticos. Lo triste, que hoy dos personas como Luis Jorge Gamboa Olea y Juan Gabriel Vargas Téllez, se autonombran presidentes del Tribunal Superior de Justicia.

SE AGUDIZA LA CRISIS.- Y mientras se libran estas batallas internas, los habitantes del estado se ven atrapados en un sistema judicial que se ha desmoronado, resultando en la vergonzosa posición de ser el peor calificado a nivel nacional en cuanto a justicia; por ello, no es exagerado mencionar el

colapso del Poder Judicial y con la justicia ausente que evidencia un caos institucional, cuya raíz se halla en la lucha entre dos grupos de magistrados cuyo principal interés parece ser la acumulación de poder político y económico, dejando en segundo plano el objetivo fundamental de impartir justicia.

Esta pugna interna, por años, ha llevado a que el estado ocupe el último lugar a nivel nacional en cuanto a desempeño judicial, una clara muestra de que el sistema ha caído en la irrelevancia y la ineficacia. Por lo que a medida que esta crisis avanza, la justicia sigue siendo una promesa incumplida para los ciudadanos.

En medio de esta debacle, dos figuras se han autonombrado presidentes del Tribunal Superior de Justicia de Morelos: Luis Jorge Gamboa Olea y Juan Gabriel Vargas Téllez.

Este escenario, en el que dos personas reclaman legitimidad sobre una misma institución, refleja lo que está sucediendo en la realidad del sistema judicial de Morelos: un caos absoluto, donde la ley y la justicia son simples piezas de un juego de poder.

AMENAZA DE BOMBA.- Ayer, este caos alcanzó su punto culminante. La crisis interna entre los magistrados se transformó en un acto tan grave que puede calificarse como un golpe de estado dentro del propio Poder Judicial. En la mañana, la presunta amenaza de bomba y el corte de energía eléctrica, que suspendió temporalmente el acceso a internet, fueron solo preludios de lo que estaba por ocurrir. En este contexto de descontrol y desorden, un grupo de magistrados disidentes logró destituir a Luis Jorge Gamboa Olea como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Este episodio demuestra la magnitud de la división interna en el Poder Judicial. Con 22 magistrados involucrados, prácticamente la mitad se ha alineado con cada uno de los bandos enfrentados. En la sesión de ayer, Gamboa Olea, en su calidad de presidente, convocó a una votación donde 15 magistrados votaron a favor de mantenerlo en su puesto, mientras que los otros 15 votaron en su contra, lo que resultó en un empate técnico.

PROCESO VICIADO.- El reciente conflicto dentro del TSJ nos deja una amarga reflexión sobre la degradación de nuestras instituciones y el claro sometimiento de la justicia a los intereses de unos pocos; lo que parecía ser un asunto administrativo se transformó rápidamente en un escándalo político que evidencia, una vez más, cómo el sistema judicial se encuentra profundamente viciado, sin la capacidad de garantizar imparcialidad o justicia para la población.

En un contexto en el que la magistrada María Luisa Sánchez Osorio, esposa del exfiscal Uriel Carmona Gándara, exigió el pago de su aguinaldo, una demanda que para muchos es ilegítima, se desató una serie de conflictos que develaron las profundas divisiones internas dentro del TSJ. El pago de este derecho, que no se le cumplió desde diciembre, desencadenó un proceso de confrontación que acabó por evidenciar no solo la falta de transparencia, sino también los intereses ocultos que operan dentro de las estructuras de poder de nuestro sistema judicial.

Es particularmente preocupante la actitud del presidente del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea, quien, al verse cuestionado por estos y otros agravios, optó por retirarse del pleno tras una presunta amenaza de bomba. Este acto, que en cualquier otra circunstancia sería tratado con la seriedad que merece, en este contexto parece más bien una excusa para evitar el enfrentamiento directo con los magistrados que lo cuestionaban. En lugar de afrontar las acusaciones, Gamboa Olea se protegió en su cargo, demostrando que, para él, lo único relevante era mantenerse en el poder, más allá del cumplimiento de sus funciones al frente del tribunal.

La situación se complicó aún más cuando un grupo de magistrados, encabezados por Juan Emilio Elizalde y Francisco Hurtado Delgado, solicitaron la destitución de Gamboa Olea, acusándolo de utilizar su puesto para beneficio personal, bajo el pretexto de que solo estaba velando por sus propios intereses.

EL TEATRO EN EL TSJ EN MORELOS.- Lo que está ocurriendo en el Poder Judicial de Morelos es una tragicomedia digna de una película de denuncia sobre la corrupción y los intereses personales que se imponen sobre la justicia.

El enfrentamiento entre los magistrados, tan vehemente como ridículo, es el último episodio de un largo historial de desconfianza y luchas internas que dejan claro que la justicia en el estado no es más que una fachada para la lucha de poder entre quienes deberían velar por la ley.

Lo más grave de todo es la enorme desconexión que este tipo de escándalos genera entre la justicia y la sociedad; en medio de un ambiente de desconfianza hacia las instituciones, lo que el pueblo de Morelos ve es una guerra de egos donde, como siempre, los intereses personales están por encima del bien común. La justificación de los magistrados que destituyen a Gamboa Olea, bajo la premisa de que no servía al Estado ni a la justicia, suena vacía cuando se observa que ninguno de los involucrados parece dispuesto a poner por delante el bienestar del pueblo morelense. En lugar de mostrar un compromiso genuino con la justicia, lo único que se demuestra es un enredo de poder en el que los ciudadanos se sienten cada vez más ajenos y desprotegidos.

Mientras tanto, la denuncia de Gamboa Olea sobre una posible coalición de servidores públicos y la solicitud de apoyo de la Fiscalía Anticorrupción para resguardar sus oficinas no hacen más que alimentar la sensación de que en Morelos el verdadero objetivo de quienes ostentan el poder judicial no es la legalidad ni la justicia, sino su propio interés y control sobre las instituciones.

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