Observador político - El presupuesto 2026 en Morelos

Durante el primer año de la administración de Margarita González Saravia, la narrativa predominante en el Congreso de Morelos ha sido la de la armonía, es decir, de una relación tersa entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo a diferencia de la confrontación y la lucha estéril que hubo durante el gris gobierno de Cuauhtémoc Blanco con legislatura pasadas. Hoy, sin embargo, ser requiere de un debate democrático para lograr un presupuesto que beneficie a la sociedad y se apruebe por consenso de la mayoría de representantes populares.

LA REFORMA JUDICIAL.- La reciente aprobación de la reforma constitucional que modifica las fechas para la entrega del paquete económico del gobierno estatal es el último ejemplo de este ambiente de “unidad”. Un Congreso que pese a las diferencias ideológicas se han logrado caminar entre la oposición y los diputados del partido en el gobierno, aprobando acuerdos importantes sin fisuras visibles.

Hay que recordar que fueron 29 de los 36 ayuntamientos del estado los que avalaron sin mayor resistencia una reforma que, si bien administrativa en apariencia, tiene consecuencias políticas profundas: darle al Ejecutivo más tiempo para preparar el presupuesto, por lo que se espera que la ciudadanía organizada, y sectores críticos puedan analizar, revisar, cuestionar y proponer alternativas para generar mejores condiciones en la repartición del paquete presupuestal.

Dicha reforma, presentada como un avance técnico, podría reducir las posibilidades de una discusión pública plural, transparente y crítica sobre el rumbo financiero del estado, razón por la cual, el nuevo calendario -entregar el presupuesto hasta el 15 de noviembre para aprobarlo el 15 de diciembre- no impedirá el margen para el debate para, a través de sus diferentes posturas, se puedan tener los elementos y herramientas necesarias para garantizar recursos y que éstos sean bien distribuidos en beneficio social.

PAQUETE PRESUPUESTAL 2026.- Los nombres que encabezan este nuevo entendimiento legislativo no son menores: Isaac Pimentel, presidente del Congreso; Rafael Reyes, coordinador de la bancada de Morena; y Daniel Martínez Terrazas, líder de los diputados del PAN. Morena, Verde Ecologista, Nueva Alianza y PAN alineados en torno a una gobernabilidad, sin dejar de lado sus ideales políticos en pro de un presupuesto incluyente mediante los debates que se tendrán que presentar en los siguientes días, sobre todo, buscando siempre buscando que haya una exigencia de rendición de cuentas a un gobierno de izquierda.

El discurso gubernamental insiste en que el paquete económico será “austero” y “enfocado en las prioridades de la sociedad”: seguridad, salud, educación, campo, empleo, infraestructura. Pero esa lista de buenas intenciones no significa nada sin una discusión abierta sobre cómo se financiarán esas prioridades, quiénes serán beneficiados y, sobre todo, quiénes quedarán fuera.

Durante años, los problemas estructurales del estado se han dado de manera constante y permanente por la corrupción, violencia, desigualdad, abandono del campo, precarización laboral y que hoy, deben de empezar a cambiar pensando en el pueblo. De ahí que es una oportunidad para redefinir el rumbo económico de Morelos desde una lógica de justicia social.

Si la gobernadora Margarita González Saravia quiere realmente gobernar con una visión de izquierda, necesita más que un Congreso aliado, es decir, necesita abrir los procesos de discusión presupuestal a la sociedad civil, a los movimientos sociales, a las comunidades indígenas, a las juventudes precarizadas y a las mujeres que sostienen la vida en los barrios, evidenciando con ello que, el presupuesto ya no puede seguir siendo una negociación entre cúpulas para que sea una herramienta que permita transformar la realidad de quienes nunca han tenido voz en las decisiones del estado.

CUAUTLA SE DESANGRA Y EL EDIL, EN PLAN ROMÁNTICO.- Mientras las madres entierran a sus hijos y las balas dibujan el horror cotidiano en las calles de Cuautla, mientras los feminicidios, secuestros y extorsiones arrasan con cualquier intento de vida digna, el poder político se pasea impune entre el cinismo y la frivolidad como ocurre con el edil Jesús Corona Damián.

Y es que, Jesús Corona, alcalde de Cuautla, es hoy objeto de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República debido a sus presuntos vínculos con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, señalado como líder de una célula del Cártel de Sinaloa en la región. Pero la gravedad del asunto no parece afectarle, porque no hay remordimiento, tampoco explicaciones públicas, ni siquiera una mínima intención de dar la cara. Por el contrario, el presidente municipal continúa su vida pública como si nada pasara, apareciendo en centros nocturnos de Acapulco, en plan romántico con su secretaria personal, Karen Popoca Hernández.

Popoca Hernández, por cierto, no solo es figura en el escándalo mediático, sino también en la nómina: cobra 60 mil pesos mensuales más viáticos como “secretaria”, quien por cierto, enfrentó una denuncia penal por el delito de robo y abuso de confianza presentada por el comediante Javier Carranza “El Costeño”, quien la acusó y después se desistió tras pagarle lo equivalente a los 250 mil pesos. Así, mientras el pueblo se hunde, ellos gozan del presupuesto público y se burlan de la legalidad.

La imagen es grotesca pero no nueva: políticos vinculados al crimen, impunidad absoluta, recursos públicos usados como caja chica personal y una población atrapada entre el abandono del Estado y la violencia del narco. Cuautla no solo es una de las ciudades más violentas de Morelos; es, según los datos más recientes, una de las más violentas del país. Y, sin embargo, lo que escandaliza a las élites no es el dolor del pueblo, sino que su corrupción salga a la luz.

LA MARCHA POR LA PAZ.- En este contexto de sangre y silencio, la Iglesia católica ha convocado a la ciudadanía a una caminata por la paz, liderada por el obispo Ramón Castro Castro, aunque el gesto puede parecer simbólico o insuficiente frente al tamaño de la crisis, no deja de ser un intento de romper el silencio y visibilizar lo que el poder pretende ocultar.

El próximo sábado 13 de septiembre, creyentes y no creyentes caminarán vestidos de blanco desde Cuautlixco hasta la Unidad Deportiva, exigiendo lo básico: poder vivir sin miedo. Pero esta marcha, por noble que sea, no puede sustituir la acción del Estado ni suplantar la voluntad popular. Si no hay justicia, si no se rompen los vínculos entre el poder político y el crimen organizado, si no se detiene el saqueo del erario público, la paz será solo una consigna vacía.

La transformación real exige romper con el pacto de impunidad entre funcionarios y criminales, exige democratizar la justicia, blindar a las instituciones del narcocapitalismo y, sobre todo, poner la dignidad de los pueblos en el centro de toda política pública.

Mientras tanto, el municipio de Cuautla no necesita más romance entre el poder y el crimen, lo que si demanda es que haya justicia, verdad y paz pero no una paz pactada con el miedo, sino una construida con memoria, con lucha y con organización popular.

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