Observador político - Noroña y la izquierda que olvida sus principios

Mientras los pueblos originarios defienden con uñas, asambleas y memoria los territorios comunales y las áreas naturales protegidas, desde las alturas de un balcón con vista al Tepozteco, un senador “del pueblo” intenta justificar lo injustificable: la compra -en mensualidades, dice él- de una propiedad de 12 millones de pesos en Tepoztlán.

LA CASA ESTÁ EN LA RESERVA NATURAL PROTEGIDA.- Sí, hablamos de Gerardo Fernández Noroña, aquel que durante años se posicionó como la voz disruptiva del Congreso, el que denunciaba la corrupción institucional y señalaba a los poderosos. Hoy, sin embargo, es él quien debe rendir cuentas.

Al respecto, el Secretario de Desarrollo Sustentable (SDS) de Morelos, Alan Dupré Ramírez, confirmó que la lujosa “casa del silencio” que Fernández Noroña habita se ubica dentro de un área natural protegida, lo que levanta serias preguntas sobre la legalidad de su adquisición, uso y registro. A esto se suma que, según el propio presidente municipal de Tepoztlán, no existe ningún registro oficial de la propiedad a nombre del senador ni hay evidencia de pago del impuesto predial.

Pero lejos de aclarar, Noroña insulta. Llama "incompetente" al alcalde Perseo Quiroz Rendón, y en su intento por desviar la atención, termina admitiendo que no figura como propietario formal. Según él, está pagando la casa pero no es el dueño, por lo que no tendría obligación fiscal. Empero, esa evasión semántica no cambia lo esencial: si está comprando una casa, está en proceso de adquirirla. Y si está en proceso de adquirirla, debe rendir cuentas. Sobre todo si es representante público, si cobra del erario y si presume estar del lado del pueblo.

Aquí no se trata de persecución política, ni de intrigas palaciega, no, el problema es mucho más profundo: es la normalización de la contradicción, ese vicio sistémico donde los discursos de izquierda se diluyen cuando se topan con el poder, con el privilegio, con la propiedad privada en territorio comunal.

Es importante mencionar que Tepoztlán no es una colonia de retiro espiritual para senadores fatigados del centro, en todo caso, es un territorio con historia, con luchas agrarias, con comuneros que han defendido durante décadas el ordenamiento ecológico y la propiedad colectiva de la tierra. Por lo tanto, que un funcionario público pretenda ignorar esa complejidad y reducirlo todo a un “error administrativo” solo muestra el desprecio por la legalidad y por los principios que dice representar.

Ser de izquierda no se trata de gritar más fuerte ni de twittear con más rabia, no, se trata de ser coherente con lo que se defiende. Y en este caso, defender el territorio, respetar la ley comunal y pagar el predial no son actos menores. Son mínimos éticos.

Por tanto, mientras no se aclare el estatus legal de la casa, mientras no se transparente el crédito, mientras no se regularice el registro y el pago de impuestos, la izquierda institucional se queda sin autoridad moral para criticar a la derecha que hace lo mismo.

Porque entre el silencio fiscal y el oportunismo político, lo que queda en evidencia es que algunos prefieren la comodidad de la casa al compromiso con la causa.

ABORTÓ, OBLIGADOS A DESPENALIZAR.- En Morelos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que hacer lo que el Estado durante años se negó a cumplir: reconocer el aborto como un derecho y no como un delito. Por lo que una vez más, la justicia se abrió a golpe de amparos, presión social y litigios estratégicos, lo que obliga al Ejecutivo y Legislativo local a dejar de lado esa época oscura y atender la autonomía de las mujeres.

La resolución de la SCJN en el amparo en revisión 570/2024 no solo representa una victoria jurídica -aunque lo es-, sino una bofetada legal a un gobierno que ha incumplido su deber más básico: garantizar derechos. Y es que, desde hace más de tres años, el movimiento feminista en Morelos ha exigido lo mínimo: que el Estado no sea un obstáculo para decidir sobre el propio cuerpo. Pero frente a esta exigencia de justicia, las instituciones han respondido con omisión, simulación y desprecio.

La sentencia es clara. Obliga al Ejecutivo estatal y a los Servicios de Salud a implementar medidas concretas: promover una reforma penal que despenalice el aborto y capacitar al personal médico para eliminar el estigma.

Mientras se acumulan discursos progresistas y promesas huecas en campañas electorales, las mujeres siguen enfrentándose a un sistema que las revictimiza, las criminaliza y las abandona, por lo que ahora, le obliga al Congreso a dejar de postergar la reforma, pese a tener ya un dictamen aprobado, al respecto,

Lo que ha ocurrido en Morelos es un nuevo recordatorio de que ningún derecho se conquista sin lucha organizada. El triunfo no es del Ejecutivo, ni del Congreso, ni siquiera de la Corte: es de las 48 mujeres y personas gestantes que promovieron este amparo, y de cada voz feminista que, desde las calles, los colectivos, las universidades y los centros de salud, ha exigido justicia reproductiva.

Ya no hay pretextos. El fallo de la Corte es un parteaguas que obliga. Si el gobierno estatal insiste en la omisión, no solo será cómplice de la violencia institucional, será también responsable directo de perpetuar un modelo patriarcal que condena a las mujeres a la clandestinidad, la pobreza y la muerte.

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