Observador político - La ESAF, 5 por ciento a municipios y el TSJ

Tanto el Ejecutivo como Legislativo tendrán que acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y entregarle lo correspondiente al 4.7 del total del presupuesto del estado. Y mientras el presidente del Congreso, Francisco Sánchez Zavala argumenta que se analiza con sus asesores y abogados el tema del gasto programable y el no programable, el Poder Judicial lo tiene bien claro: La suma dinero que le tendrán que entregar en el 2022 será de 976 millones de pesos a ejercer en el siguiente año. Ni más ni menos.

TENDRÁ MIL MDP A PARTIR DEL 2022 EL TSJ.- De acuerdo al Artículo 40, fracción V de la Constitución Política del Estado de Morelos, entre las facultades del Congreso destacan el: asignar en cada ejercicio fiscal al Poder Judicial del Estado una partida equivalente al cuatro punto siete por ciento del monto total del gasto programable autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos que anualmente aprueba. Es decir, tendrá que ser de 976 millones de pesos que se convertirá en gasto programable.

El ejercicio fiscal que tuvo el Tribunal Superior de Justicia en el año 2018 fue de 569 millones 45 mil pesos; para el 2019 tuvo una disminución ya que solo le asignaron 500 millones; en el 2020 aumentó ligeramente a 524 millones 34 mil pesos; en tanto que para este año, se tuvo el mismo presupuesto. Por lo tanto, el TSJ alcanzará su autonomía financiera con los casi mil millones de pesos de pesos que se le tendrá que respetar tras la resolución de la SCJN.

Por lo tanto, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso Díaz, con esos elementos estará en condiciones de exigir antes de concluya el año la ampliación presupuestal por la cantidad de 427 millones 107 mil 377 pesos, que no es otra cosa que la deuda que tiene el Ejecutivo con el Poder Judicial para completar el total del recurso correspondiente al 4.7 como quedó estipulado.

En el gobierno federal, contemplan su gasto programable como el que financia la operación del sector público para proveer bienes y servicios a la población, como el gasto en programas social, económico y gobierno, así como todo aquello que es necesario para la operación de las instituciones gubernamentales y el cumplimiento de sus atribuciones.

En tanto que su gasto no programable es el que usa el sector público presupuestario para el cumplimiento de sus obligaciones. Por lo tanto, no corresponden de manera directa a la provisión de bienes y servicios públicos a la población.

SEGUIRÁ FIRME LA ESAF.- Mucho ruido y pocas nueces es lo que han hecho hasta el momento los diputados que impulsan la desaparición de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), en razón de que no han logrado socializar el tema y hasta el momento, a pesar de que ya fue aprobada en las Comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación, y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso.

Sin embargo, si no logran convencer a sus homólogos que hasta el momento se han pronunciado en contra de esa iniciativa que presentó el diputado naranja Julio César Solís, será muy difícil que logren reunir los 14 votos que se requieren en el pleno pero además,  será el mismo procedimiento con el Constituyente Permanente que también está renuente luego de considerar que les están dando desde el Congreso atole con el dedo, en relación a la solicitud de que les regresen el 5 por ciento de recursos de la federación a los municipios cuando es casi un hecho, quedará solo en el 2.5 por ciento que ya les aprobó el Ejecutivo.

Por lo tanto, el dictamen de la extinción de la ESAF se definirá en los siguientes días en votación en el pleno en las próximas sesiones, que todo indica que no pasará por lo polarizado que está el Congreso en este momento en este tema en particular, de una dependencia que en efecto no ha servido para maldita la cosa, ya que no hacen su chamba al solo cobrar y actuar solo mediante consigna. Basta recordar ejemplo, en los que pese a los actos de corrupción, desvió de dinero que se ha evidenciado de forma descarada y hasta denunciado en diversas instituciones no pasa absolutamente nada. ¿Casos? Muchos. Ahí están los ejemplos de del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, en el propio Ayuntamiento capitalino y en las dependencias de la administración de Graco Ramírez en las que incluso, varios de sus titulares hoy en día han sido vinculados a proceso por actos de corrupción en el manejo de los dineros públicos, con la complicidad y omisión de la ESAF ya que para su titular América López Rodríguez, no pasa nada.

Lo cierto, es que si se mantiene el rechazo de los diputados de la bancada de Morena, de Mirna Zavala, Tania Valentina y Erika Hernández Gordillo, no se tendrían los 14 sufragios que se requieren por ley para desaparecer a la ESAF. Sobre todo, porque este bloque opositor asegura que no hay los consensos necesarios de todas y todos los legisladores, y que antes de extinguir y desaparecer a este organismo autónomo, es necesario hacer una, reestructuración y profesionalizando del mismo, a fin de evaluar sus resultados y mejorar su labor en aras del fortalecimiento Institucional del combate a  la corrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas.

Por lo tanto, todo indica que no nacerá la Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del estado, más aún porque los principales nombramientos estarían a cargo de la Comisión de Hacienda que preside el diputado Agustín Alonso Gutiérrez. Incluso, se habla pese a que lo rechazan, que la nueva Auditoría estaría controlada por el ex alcalde de Yecapixtla y peor aún,  estaría incurriendo en un conflicto de interés al auditar a los propios diputados que vienen de ser alcaldes entre ellos al propio Alonso Gutiérrez, Francisco Sánchez Zavala, Alberto Sánchez y Luz Dary Quevedo, lo que no deja bien parado a lo que pudiera ser de aprobarse, el papel del nuevo organismo.

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