Observador político - Morelos, de los estados con el pasaje más caro del país

El reciente anuncio de un posible incremento en la tarifa mínima del transporte público en Morelos no solo agrava la ya frágil situación económica de los trabajadores, sino que representa una auténtica puñalada al bienestar de la sociedad morelense; por lo tanto, este ajuste en los precios se da en un contexto de constantes aumentos en los productos de la canasta básica, lo que ya ha puesto en jaque las economías familiares.

¿OTRO GOLPE A LA ECONOMÍA MORELENSE? En Morelos, las unidades de transporte público no se destacan por su calidad, en lugar de una red eficiente y moderna, los morelenses se enfrentan a un servicio deficiente que frecuentemente deja mucho que desear en términos de comodidad y seguridad. Por lo tanto, incrementar la tarifa en estas condiciones solo sirve para evidenciar una falta de sensibilidad hacia las dificultades económicas de los ciudadanos.

A nivel global, es cierto que el transporte público es un servicio esencial y su funcionamiento requiere un equilibrio financiero, sin embargo, esto no debería traducirse en un costo elevado para los usuarios, especialmente en regiones donde el servicio deja tanto que desear; más, cuando existen ejemplos de sistemas de transporte que, a pesar de ser más caros, ofrecen una calidad que justifica su precio. Y este no es el caso en Morelos.

Al respecto, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Adriana Guadarrama Salgado, alzó la voz contra este posible incremento y su postura es clara: no aceptarán un aumento en el costo del pasaje y están dispuestos a tomar medidas para impedirlo, incluyendo movilizaciones si es necesario. Además, la FEUM también exige que se respeten los descuentos en la tarifa para todos los estudiantes, una medida fundamental para aliviar, aunque sea parcialmente, la carga económica que enfrentan los jóvenes.

La respuesta de los estudiantes es un reflejo de la creciente preocupación por el impacto de las políticas de transporte en la vida cotidiana de los ciudadanos; los estudiantes, quienes a menudo tienen que equilibrar estudios y trabajos con un presupuesto limitado, son particularmente vulnerables a estos cambios.

Cierto es que el incremento propuesto en la tarifa del transporte público en Morelos no es una medida que responda a las necesidades reales de los usuarios ni a las condiciones del servicio ofrecido; por lo que es imperativo que las autoridades reconsideren esta decisión y busquen alternativas que no sacrifiquen aún más el ya comprometido poder adquisitivo de los morelenses. La calidad del servicio y la justicia económica deben ser las prioridades en la planificación de cualquier ajuste tarifario, especialmente en un entorno donde la estabilidad económica de las familias y estudiantes está en juego.

ASALTO A LA ECONOMÍA.-

 En un contexto de creciente desesperanza económica, el sector del transporte público en Morelos se enfrenta a una nueva amenaza: un incremento en la tarifa mínima, que parece ser una ofensiva más de un sistema que durante décadas ha sido altamente lucrativo para los concesionarios.

Mientras estos actores siguen cosechando grandes ganancias, los ciudadanos, especialmente los estudiantes y las familias trabajadoras, se encuentran atrapados en una espiral de deudas y dificultades económicas, exacerbadas por la voracidad empresarial y la inacción del poder público.

El debate sobre el costo del transporte público en México revela un panorama desigual y, en muchos casos, injustificable. En las regiones fronterizas como Baja California, el transporte puede costar hasta 17 pesos en Tijuana y 15 pesos en Mexicali. En Nuevo León, otra de las áreas con tarifas elevadas, la tarifa llega a 17 pesos, aunque la mejoría en la economía de la región mitiga, en parte, el impacto de estos costos. Por otro lado, estados más pequeños como Tlaxcala y Coahuila también presentan tarifas elevadas, con 14 y 13 pesos respectivamente, mientras que el Estado de México cobra 12 pesos.

En contraste, Morelos se encuentra en una posición preocupante con una tarifa mínima de 10 pesos, alineada con estados como Michoacán, Guerrero, Nayarit e Hidalgo, que tienen precios similares. Esta situación no solo demuestra la disparidad en la política tarifaria a nivel nacional, sino también la tendencia a imponer costos desproporcionados en regiones con menos capacidad económica.

Las ciudades con tarifas más bajas, es como el de la Ciudad de México con 6 pesos, y Quintana Roo y Chiapas con 7 y 8 pesos respectivamente, muestran que es posible ofrecer un servicio de transporte accesible sin sacrificar la calidad del servicio; empero, la realidad en Morelos es muy distinta.

A pesar de que la tarifa mínima ha sido incrementada recientemente de 8 a 10 pesos durante la pandemia, la calidad del servicio sigue siendo deplorable. Las unidades de transporte están en condiciones lamentables, muchos conductores carecen de la capacitación necesaria, y el servicio no responde a las necesidades de los usuarios.

El cierre del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, quien ya aprobó un aumento de tarifas en un momento de crisis sanitaria, no debería ser un pretexto para seguir subiendo el precio del transporte; la gobernadora electa, Margarita González Saravia, enfrenta una responsabilidad crucial: debe rechazar cualquier intento de incrementar aún más las tarifas y poner fin a la avaricia de los empresarios del transporte que buscan enriquecer sus bolsillos a expensas de la economía popular.

Es fundamental que las autoridades prioricen una reforma que no solo contemple la mejora de la calidad del servicio, sino que también garantice tarifas justas y accesibles, aumentar las tarifas en el contexto actual es un acto de desconsideración hacia una población ya sobrecargada y, en última instancia, perpetúa un ciclo de desigualdad económica que debe ser enfrentado con decisiones políticas audaces y justas, por lo que el transporte público, como un derecho fundamental y esencial, debe estar al servicio de la ciudadanía y no de los intereses de unos pocos.

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