Observador político - La violencia en los candidatos en pleno proceso electoral

La situación de inseguridad en nuestro estado es más que preocupante; es una realidad que nos ahoga en un mar de incertidumbre y temor constante; en medio de un proceso electoral crucial, la ola delictiva parece no tener fin, extendiéndose incluso a amenazar a candidatos que buscan representarnos en los más altos cargos de gobierno.

LUZ DARY QUEVEO Y ESPOSO.- Recientemente, hemos sido testigos del espantoso episodio donde una candidata a la gubernatura y un abanderado a la alcaldía de Xochitepec fueron amenazados por grupos delictivos; esta escalada de violencia no solo pone en riesgo la integridad de quienes aspiran a liderar nuestro estado, sino que también envía un mensaje desalentador a toda la ciudadanía: la
delincuencia tiene la capacidad de infiltrarse en los cimientos mismos de nuestra democracia.

Un ejemplo lamentable de esta situación es el caso de Jessica Ortega de la Cruz, candidata a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano, quien al parecer fue amenazada durante su campaña en el municipio de Tetecala; a pesar de la valentía mostrada al continuar con sus actividades políticas, es innegable que estas intimidaciones representan una clara afrenta a la democracia y a la seguridad de nuestros ciudadanos.

Pero el problema no se detiene ahí, la misma localidad de Tetecala ha sido testigo de actos violentos contra figuras políticas en el pasado, como lo demuestra el caso de Luz Dary Quevedo Maldonado, ex alcaldesa de esa localidad, actual diputada y candidata a la reelección, cuyo esposo también busca la presidencia municipal por el mismo partido. Hay que recordar la presencia de narcomantas y la aparición de cuerpos sin vida cerca de su domicilio de la legisladora naranja solo meses después de que dejó la titularidad del Ejecutivo municipal en Tetecala, lo que pudieran ser testimonios escalofriantes de la penetración del crimen organizado en la esfera política local.

Es imperativo que las autoridades, tanto a nivel federal, estatal como municipal, tomen medidas urgentes y efectivas para poner fin a esta espiral de violencia; sobre todo, porque la vida y la seguridad de los ciudadanos no pueden ser moneda de cambio en el juego político; más porque es responsabilidad de aquellos que ocupan cargos de poder garantizar un ambiente seguro y justo para todos los habitantes de nuestro estado.

La situación en Tetecala y otros municipios de la zona poniente de Morelos es solo la punta del iceberg de un problema mucho más amplio que afecta a todo el estado; por ello, las autoridades federales reconocen estos lugares como áreas de alta incidencia delictiva, lo que refleja la magnitud del desafío que enfrentamos.

IMPUNIDAD AL 100%.-  La impunidad y la falta de acción por parte de las autoridades solo alimentan el ciclo de violencia y corrupción que nos consume, por lo que es inaceptable que aquellos que buscan servir a la ciudadanía sean amenazados y atacados impunemente por grupos criminales; la paz y la seguridad son derechos fundamentales que deben ser garantizados por el Estado, y su violación es una afrenta a los principios más básicos de nuestra sociedad.

Otro caso que involucró la ola de violencia fue al candidato a la alcaldía de Xochitepec por el Partido del Trabajo, Rodolfo Tapia López, aspirante a la presidencia quien tal parece sufrió un atentado en carretera y su auto tuvo varios impactos de bala, que por fortuna no tuvieron consecuencias que lamentar; empero, se habla de un presunto autoatentado, bajo el argumento que se ha difundido en redes sociales por los proyectiles de bala, sin heridos por fortuna.

De ahí que el proceso electoral no debe ser una excusa para la violencia y la intimidación; es un momento crucial para definir el rumbo de nuestro estado, y debemos asegurarnos de que se lleve a cabo en un ambiente de libertad y justicia. No podemos permitir que unos pocos criminales dicten nuestro destino colectivo.
Es hora de que las autoridades actúen con determinación y valentía para restaurar el estado de derecho en Morelos; la seguridad de los ciudadanos no puede ser sacrificada en aras de intereses políticos o económicos.

CASO GABRIELA MARÍN Y EL SISTEMA PODRIDO.- La impunidad se cierne sobre Morelos como una sombra oscura y amenazante, extendiendo sus tentáculos de corrupción y violencia por cada rincón del estado; en un escenario donde la ley parece haber perdido su capacidad de impartir justicia, la población se ve atrapada en un ciclo interminable de miedo y desesperación.

La incapacidad de las autoridades para contener la espiral delictiva es alarmante. Desde la policía preventiva hasta el ejército y la guardia nacional, ninguna institución parece capaz de detener el avance de la criminalidad; los delitos se multiplican a medida que la impunidad campa a sus anchas, convirtiendo las calles en campos de batalla donde la vida cotidiana se ve amenazada por la violencia.

Al igual que los casos recientes de ejecuciones a plena luz del día, como el de la
diputada Gabriela Marín y el comisionado Marco Antonio Alvear Sánchez, son solo la punta del iceberg de una crisis que ha alcanzado proporciones alarmantes; estos crímenes, perpetrados en lugares públicos y con total impunidad, son un recordatorio escalofriante de la fragilidad del estado de derecho en Morelos.

Pero la situación va más allá de la inseguridad pública; la impunidad también ha infiltrado el ámbito político, contaminando las instituciones democráticas y socavando la confianza de la ciudadanía en sus representantes; el proceso electoral se ve empañado por la sombra de la violencia, con candidatos amenazados por grupos delictivos y un clima de intimidación que pone en peligro la integridad misma de la democracia.

Es urgente que las autoridades actúen con determinación para restaurar el orden y la justicia en Morelos; por lo que la impunidad no puede ser tolerada ni excusada bajo ninguna circunstancia; los jefes policiacos, tanto a nivel federal, estatal como municipal, deben asumir su responsabilidad y trabajar en conjunto para combatir la corrupción y la impunidad que corroen los cimientos de nuestra sociedad.

Lo cierto es que, es evidente que la impunidad no puede ser erradicada de la noche a la mañana, pero la falta de avances en las investigaciones y la ausencia
de medidas efectivas para combatir el crimen organizado solo perpetúan
este ciclo vicioso de violencia y corrupción.

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