Observador político - La podredumbre institucional en Morelos

Mientras miles de familias en Morelos viven al día, con servicios públicos deteriorados, escuelas sin insumos básicos y comunidades enteras sin agua potable, las élites políticas y burocráticas del estado se han dedicado a saquear el erario con impunidad; y es qué, difícilmente, muy difícilmente algún funcionario estatal castigado administrativamente o penalmente y el dinero que presuntamente se llevaron o mal utilizaron, jamás lo regresarán en detrimento de los intereses del pueblo.

MÁS DE 800 MILLLONES DE RAZONES PARA DESCONFIAR DEL SISTEMA.- La reciente revelación de José Blas Cuevas Díaz, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso del Estado lo confirma: entre los años del 2018 al 2023, se detectaron irregularidades por más de 818 millones de pesos en diversas instituciones públicas. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada, todo marcha igual y en muchos casos hasta los mismos funcionarios se mantienen sin ser llamados a cuenta.

Y es que, mientras el pueblo se aprieta el cinturón todavía más, el sistema le sigue aflojando a la bolsa del presupuesto.

Los entes públicos más señalados no son periféricos: son el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), el Sistema DIF, el Colegio de Bachilleres, y especialmente, los sistemas de agua potable y saneamiento en varios municipios, incluido el SAPAC de Cuernavaca, por lo que sus titulares pronto, muy pronto, serán llamados a cuenta para que presenten sus pruebas respecto de estas investigaciones que ya concluyeron y en las que detectaron irregularidades en el manejo financiero que en muchos de los casos son situaciones resarcitorias, es decir, dinero que tendrán que regresar si o si. Sobre todo, porque son instituciones encargadas de garantizar los derechos sociales fundamentales como: educación, bienestar, agua.

Pero aquí no hablamos sólo de “errores administrativos” o de “malas prácticas”, como suelen maquillar la corrupción desde los propios aparatos del Estado, no señor, estamos hablando de saqueo planificado y reiterado, con montos que van desde unos pocos millones hasta desfalcos multimillonarios que se repiten año tras año.

SISTEMA PODRIDO.- Por ejemplo, sólo la Comisión Estatal del Agua acumuló observaciones por más de 76 millones de pesos, mientras que SAPAC tiene detectadas observaciones firmes por 13 millones de pesos que hoy están bajo análisis jurídico. El mismo guion, en diferentes oficinas.

¿Y qué ha pasado con estos casos? El informe indica que muchos están “en etapa jurídica”, lo que en la práctica significa congelamiento, impunidad o castigos simbólicos a chivos expiatorios; de ahí que el Estado investiga al Estado, y por ende ya sabemos cómo terminará esto.

La corrupción no es sólo un tema de “malos funcionarios”, sino un mecanismo de gobierno en donde la clase política —de todos los partidos— utiliza las instituciones públicas para alimentar redes clientelares, enriquecer aliados y mantener el control del territorio, no para garantizar derechos. Y mientras tanto, los recursos que podrían transformar escuelas, hospitales y redes de agua, terminan en cuentas bancarias privadas  y en las que priva la total impunidad.

Los 818 millones de pesos desaparecidos no sólo son un números sino techos que no se repararon en escuelas, en los tanques de agua que no se instalaron, son medicamentos que no llegaron, son vidas que se precarizaron más, por lo que hoy es tiempo de dejar de normalizar la corrupción como una característica del sistema, de un sistema que está podrido.

UNA MÁS DE LUIS JORGE GAMBOA OLEA.- María Luisa Villanueva Márquez no sólo fue encarcelada injustamente durante 25 años, sino que fue enterrada viva por un sistema judicial podrido por la corrupción, la negligencia y el clasismo. Su caso es uno de los más crudos retratos del México que encarcela a los pobres y exonera a los poderosos como ocurrió con María Luisa quien no fue liberada; fue expulsada del infierno con la misma violencia simbólica con la que fue arrojada a él.

Acusada de un delito que no cometió —secuestro—, sobrevivió a la tortura, al abandono institucional, y al olvido, resistiendo tras las celdas de Atlacholoaya durante un cuarto de siglo. Cuando el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Luis Jorge Gamboa Olea, decidió finalmente su excarcelación en 2003, no lo hizo reconociendo su inocencia, sino otorgándole un “beneficio” condicionado a su buena conducta. Es decir, la querían libre pero no justa, liberada pero aún culpable, como si su derecho a la dignidad necesitara la venia de sus verdugos.

Cuando María Luisa exigió algo tan básico como ser reconocida como inocente antes de abandonar la prisión, fue ridiculizada por Luis Jorge Gamboa Olea, entonces presidente del TSJ, quien la visitó personalmente para decirle que su negativa era “capricho” o que “estaba enamorada del penal”.

Una mujer que fue despojada de su libertad, de sus hijos, de su juventud, de su futuro, recibió ese nivel de desdén institucional. ¿Cómo se atreve el poder judicial a burlarse de una mujer que vivió 25 años de injusticia? ¿Cuánta arrogancia puede albergar un Estado que en lugar de pedir perdón, arrastra a la fuerza a su víctima fuera del penal?

NI PERDÓN NI OLVIDO.- María Luisa fue liberada en contra de su voluntad. No por miedo, sino por dignidad. Quiso salir por la puerta del derecho, no por la de la indulgencia. Quiso salir limpia, no marcada. Hoy, fuera de los barrotes, sigue encarando el muro de impunidad con el que el Estado protege a sus cómplices. Sigue exigiendo lo mínimo: que se reconozca que fue inocente. Que se repare el daño. Que no se repita.

El caso de María Luisa no es una excepción, es una regla no escrita en los márgenes del sistema de justicia mexicano: si eres pobre, mujer y sin conexiones, el Estado puede borrarte. La prisión preventiva, la fabricación de delitos, las confesiones bajo tortura, la justicia “por costumbre” y no por pruebas... todo eso sigue vigente.

¿Dónde están las sanciones contra quienes la encarcelaron? ¿Dónde está la responsabilidad de los jueces, fiscales, peritos, y policías que fabricaron este caso? ¿Dónde están las disculpas oficiales, la reparación del daño, el apoyo económico, la justicia de verdad?

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