Observador político - El aborto será despenalizado en Morelos antes de concluir el año

En 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió de manera unánime que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, dictando que el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos debe ser garantizado sin enfrentar consecuencias penales. Dicha decisión avanzó en la lucha reproductiva en el país, sin embargo, en Morelos, la legislación que penaliza el aborto sigue siendo una dura realidad, sostenida por la apatía de los congresistas y la injerencia de intereses políticos y religiosos.

EXCOMULGARÁN A DIPUTADOS.- Este contexto ya se alcanzó un punto crítico: un juez federal ha dado a la Legislatura LVI de Morelos un ultimátum y les ha ordenado despenalizar el aborto antes del 15 de diciembre de 2024, bajo amenaza de desacato judicial; la resolución no deja lugar a dudas: la posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es clara y vinculante, pero la resistencia local se mantiene firme, impulsada por los intereses de grupos políticos y la iglesia.

Y es que, dentro del Congreso local, la postura más férrea contra la despenalización del aborto proviene de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), quienes, alineados con su doctrina defienden la "vida desde la concepción" a capa y espada. Para ellos, la legislación federal y las decisiones de la SCJN parecen no tener peso alguno, pues su compromiso con los principios religiosos les lleva a oponerse no solo a una política pública moderna, sino incluso a una cuestión de derechos humanos que impacta directamente la autonomía de las mujeres.

Este antagonismo ha sido avalado y alimentado por la jerarquía eclesiástica y su figura principal, es la de Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y recién nombrado presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quién hace tiempo, no dudó en advertir a los diputados católicos de Morelos que, en caso de aprobarse la despenalización del aborto, "corren el riesgo de enfrentar la excomunión". Y es que, para la Iglesia, la defensa de la vida no parece ir más allá de la negación del derecho a decidir, un principio que se sostiene en dogmas religiosos más que en evidencia científica o en los derechos fundamentales reconocidos por el Estado laico.

COSTO SOCIAL DE LA NEGATIVA.- Es importante recordar que la criminalización del aborto no impide que este acto ocurra, sobre todo, más porque hay datos disponibles en los que miles de mujeres en situación de vulnerabilidad se ven forzadas a recurrir a métodos inseguros y clandestinos para interrumpir sus embarazos; a manera de ejemplo, solo en la Ciudad de México, donde el aborto es legal y seguro, llegan a realizarse alrededor de 3,000 abortos procedentes de otros estados. Esto no es solo una cuestión de salud pública, sino también una cuestión de justicia social: el aborto ilegal y clandestino no discrimina entre clases sociales; aunque, son las mujeres más pobres y las que viven en zonas rurales quienes más sufren sus consecuencias, al no tener acceso a servicios médicos adecuados.

A pesar de estos datos, grupos religiosos como "40 Días por la Vida", encabezados por Josefina Martínez Luna, insisten en que lo peor que se puede ofrecer a las mujeres es la "muerte", ignorando que la verdadera tragedia es la negación de su derecho a decidir sobre su futuro y su salud. La postura de estos grupos no solo es retrógrada, sino también peligrosa. En lugar de invertir en políticas públicas que apoyen a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad —como acceso a educación sexual integral, anticonceptivos, y apoyo durante el embarazo— prefieren imponer su moral sobre una población que, en su mayoría, nunca fue consultada.

DESAFIO Y ESPERANZA.- A pesar de la feroz oposición que aún persiste, el fallo judicial representa una oportunidad histórica para Morelos, es decir, es una invitación a los legisladores a alinearse con el marco constitucional que protege los derechos reproductivos de las mujeres y a dejar de lado las presiones de una Iglesia que históricamente ha hecho uso del poder político para restringir libertades fundamentales.

De ahí que se contemple que el movimiento feminista y organizaciones de derechos humanos continúen presionando para que la reforma se concrete y se haga efectiva, no solo por el bienestar de las mujeres en Morelos, sino también por la salud pública y la integridad del sistema democrático en su conjunto; la despenalización del aborto no es solo un avance en términos de salud, sino también un acto de justicia y un paso hacia la plena autonomía de las mujeres.

EL DESAFIO DE LA LEGISLATURA LVI.- La reciente resolución emitida por el juez noveno de distrito es una clara advertencia para la 56ª Legislatura del Congreso de Morelos: deben acatar el fallo judicial y despenalizar el aborto en la entidad antes del 15 de diciembre de 2024, o incurrirán en desacato. Esta decisión judicial es un paso crucial para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, un derecho que, aunque reconocido a nivel federal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sigue siendo negado en muchas entidades, incluida Morelos.

Al respecto, la diputada de Morena, Melissa Montes de Oca, fue clara en su postura a favor de la despenalización del aborto, al destacar que, aunque aún existen divisiones dentro del Congreso de Morelos sobre este tema, la resolución judicial es categórica y no puede ser ignorada; para ello, el Legislativo está obligado a modificar los artículos 115, 116, 117 y 119 del Código Penal de Morelos, que actualmente criminalizan la interrupción del embarazo. Este fallo, que proviene de un juicio de amparo promovido por la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida A.C., tiene un objetivo primordial: garantizar el acceso de las mujeres a una interrupción legal y segura del embarazo sin enfrentar cargos penales.

A pesar de la claridad de la resolución judicial, el escenario en el Congreso de Morelos está lejos de ser sencillo, ya que la diputada Montes de Oca ha señalado que dentro de la Legislatura existen opiniones divididas: algunos diputados y diputadas se oponen radicalmente a la despenalización, mientras que otros la apoyan firmemente; este choque interno refleja no solo la polarización política en el estado, sino también el peso de las presiones ideológicas y religiosas que siguen permeando la política local.

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