Observador político - Complicidades y silencios: Carmona y Gabriela Marín, diputada asesinada

Desde hace tiempo, México ha sido testigo de una alarmante impunidad que afecta profundamente el estado de Derecho y la confianza ciudadana en las instituciones; uno de los casos más notorios que pone en evidencia esta problemática es el del fiscal morelense, Uriel Carmona Gándara, cuya detención reciente puede destapar una red de complicidades y silencios en el Congreso.

COMPLICIDADES: CONGRESO Y FISCALÍA.- El presidente del Congreso, Francisco Sánchez Zavala, fue enfático en su postura desde el inicio, negándose a iniciar el desafuero o aceptar la renuncia del fiscal, a pesar de las acusaciones vertidas por la exjefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum; a pesar de que el sonado caso de feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, fue lo que finalmente llevó a la detención de Carmona por parte de la Marina, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la Ciudad de México, entre otras corporaciones.

Resulta escandaloso que los diputados del G15 en el Congreso cruzaran los brazos y optaran por proteger a Carmona en lugar de buscar justicia para la víctima y sus familiares, incluso, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la jefa de Gobierno presentaron acusaciones, sus argumentos fueron que eran "inconsistencias y falta de pruebas", lo que en última instancia, permitió al Congreso mantener su inacción.

El discurso de "legalidad y respeto al Estado de Derecho" que algunos diputados pronunciaron en torno a la aprehensión de Carmona suena hueco y vacío de significado; pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que los titulares de órganos constitucionales autónomos gozan de protección de fuero constitucional, pero esto no puede ser una excusa para evadir la justicia. Ellos tuvieron que proceder a quitare el fuero y por tanto, debería existir un procedimiento claro para despojar de esta protección a aquellos que se vean involucrados en delitos graves.

Lo más preocupante es que esta complicidad no es un caso aislado, como ejemplo, tenemos el caso de Karina Arteaga, esposa del diputado Julio César Solís Serrano, quien ha sido señalada por expedir constancias de antigüedad falsas para otorgar "pensiones doradas" a familiares y cercanos a diputados de la legislatura. Sorprendentemente, ha recibido un "criterio de oportunidad" por parte de la Fiscalía Anticorrupción, lo que ha dejado impunes a otros involucrados en este esquema.

La falta de coherencia y claridad por parte de la Fiscalía Anticorrupción es desconcertante; por un lado, afirman que se busca ir tras los responsables de las "pensiones doradas", pero al mismo tiempo, la esposa de un diputado señalada en 26 denuncias no enfrenta acciones legales concretas; además, es evidente que se necesita investigar a fondo el caso de Gabriela Marín, la diputada asesinada el año pasado, cuya investigación parece haber quedado congelada en medio de la indiferencia y la falta de voluntad política.

¿SE REACTIVARÁ LA INVESTGACIÓN DEL ASESINATO DE LA DIPUTADA GABRIELA MARÍN? Este panorama refleja una realidad preocupante en la que las instituciones parecen más interesadas en proteger a los implicados y a sus propios intereses que en buscar la verdad y la justicia para las víctimas; es hora de que los ciudadanos exijamos transparencia, rendición de cuentas y una verdadera voluntad para acabar con la impunidad que corroe nuestras instituciones. Solo así podremos construir un país más justo y seguro para todos.

En esta lamentable situación, es imprescindible que la sociedad levante la voz y exija respuestas claras y contundentes por parte de las autoridades y los representantes políticos; es impensable que, se permita por acuerdos y componendas la impunidad y complicidad sin importar el daño a la sociedad y permitan que se perpetue la violencia y la injusticia.

Resulta decepcionante ver cómo algunos diputados prefieren cerrar filas en lugar de cumplir con su deber de representar los intereses de la sociedad y velar por el bienestar de todos los ciudadanos; los parlamentarios no deben de proteger a sus colegas implicados en casos de corrupción o delitos, sino garantizar que la justicia prevalezca y que los responsables rindan cuentas.

El caso de la diputada Gabriela Marín, asesinada el año pasado, es otra muestra alarmante de la falta de eficiencia en las investigaciones; es inaceptable que su muerte quede en la impunidad y que las autoridades no hayan sido capaces de resolver este crimen y llevar a los responsables ante la justicia, de ahí que se debe de investigar de manera imparcial, seria y rigurosa, sin importar quiénes sean los implicados.

Lo cierto, es que la confianza en nuestras instituciones está en juego por la crisis de confianza e impunidad que sigue minando la credibilidad en el Estado de Derecho; de ahí que la detención de Carmona debe llamar a la reflexión y la complicidad mostrada por algunos legisladores, así como la falta de avance en la investigación del asesinato de la diputada Gabriela Marín, se deben de cuestionar si de detecta que hayan incurrido en actos ilícitos.

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