Observador político - Alcoholímetro: negocio frustrado

En un principio, la implementación del alcoholímetro por parte de los presidentes municipales parecía ser una medida sensata y necesaria, destinada a prevenir accidentes automovilísticos y proteger la vida de los ciudadanos, sin embargo, lo que inició como una iniciativa de seguridad vial se ha convertido en un negocio frustrado, plagado de irregularidades y actos de corrupción.

UN NEGOCIO LOS CONDUCTORES BORRACHOS.- La euforia de los funcionarios locales por los considerables ingresos generados a través de las multas impuestas a conductores ebrios ha llevado a un problema ético y de justicia; las detecciones de irregularidades en los procesos de alcoholemia han destapado un entramado de abusos, donde los ciudadanos son forzados a soplar en el dispositivo de medición en circunstancias cuestionables, solo para ser atrapados en una red de sanciones exorbitantes.

La inconformidad de los afectados va más allá de la mera molestia por pagar multas. Aquellos cuyos vehículos son remitidos al corralón exigen la devolución de sus propiedades, cuestionando la efectividad y la justificación de la medida, incluso quienes han cumplido con el pago de las multas buscan reembolsos, alegando que el proceso de resolución de denuncias se prolonga hasta tres o cuatro meses, generando inconvenientes innecesarios.

La situación en Morelos alcanza niveles alarmantes, ya que el 99 por ciento de las infracciones de tránsito relacionadas con el alcoholímetro carecen de fundamentación y motivación. Este dato revela un problema sistémico que ha llevado a los ciudadanos a impugnar las multas, resultando en la anulación de muchas de ellas por parte del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Guillermo Arroyo Cruz, presidente del TJA, ha sido contundente al señalar que las multas aplicadas carecen de fundamentación, lo que obliga a los municipios a devolver el monto total a los ciudadanos afectados. Además, destaca la falta de capacitación adecuada para los agentes de tránsito involucrados en el programa, subrayando la necesidad de revisar la efectividad y la ética de la implementación del alcoholímetro.

Y es que, podría haber sido una medida noble para garantizar la seguridad vial se ha convertido en un cuestionable negocio, donde la falta de fundamentación, la corrupción y la falta de capacitación han desvirtuado su propósito original; es imperativo que las autoridades revisen y rectifiquen este programa, asegurando que las medidas de seguridad vial se implementen de manera justa y transparente, sin caer en prácticas que afecten la confianza de la ciudadanía.

DEUDA PENDIENTE CON LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.- un contexto donde la lucha por los derechos reproductivos y la igualdad de género es más urgente que nunca, nos encontramos en el estado de Morelos con una situación que refleja la resistencia persistente hacia el avance de los derechos de las mujeres.

De ahí que la representante de la Campaña "Aborto Legal, Morelos", Tania Osiris, ha levantado la voz para denunciar el estancamiento de una iniciativa crucial en el Congreso local: la despenalización del aborto y la garantía de servicios de salud gratuitos para aquellas mujeres que decidan interrumpir su embarazo.

Esta propuesta, presentada en el año 2020 por diversas colectivas feministas con el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), espera aún ser considerada y discutida por los diputados locales; a pesar de que en diciembre pasado fue rechazada otra iniciativa de reforma al Código Penal para legalizar el aborto, la propuesta original, que aborda aspectos fundamentales de la salud y derechos reproductivos de las mujeres, permanece archivada.

Es preocupante observar cómo una medida que busca resguardar la autonomía y la dignidad de las mujeres se encuentra estancada en la inacción legislativa; la sociedad morelense clama por un Congreso que refleje las necesidades y derechos de todos sus ciudadanos, especialmente de las mujeres que buscan el reconocimiento y respeto a sus decisiones sobre su propio cuerpo.

La persistencia de la iniciativa "Aborto Legal, Morelos" es una llamada de atención que no puede ser ignorada. No se trata simplemente de una lucha social, sino de un imperativo moral y legal que exige una respuesta inmediata por parte de nuestros legisladores. La representante de la campaña, Tania Osiris, anuncia una nueva fase en la batalla, esta vez combatiendo no solo desde las calles, sino también desde los tribunales. La lucha social y jurídica que se avecina tiene como objetivo claro lograr que los diputados retomen el análisis de la propuesta y que, antes de que concluya la LV Legislatura, se apruebe una ley que responda a las necesidades de las mujeres morelenses.

Es fundamental recordar que el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres no son cuestiones opcionales ni negociables. Más bien, son imperativos éticos que deben ser abrazados por una sociedad que busca la equidad y la justicia. La obstaculización de la discusión y aprobación de una legislación que promueva la autonomía reproductiva constituye un claro retroceso en la senda hacia una sociedad más justa e igualitaria.

En este momento crucial, instamos a los diputados locales a escuchar el clamor de la ciudadanía y a reconocer la urgencia de abordar esta cuestión pendiente. El reloj avanza, y las mujeres de Morelos no pueden esperar más. La historia juzgará la inacción o acción de nuestros legisladores frente a esta demanda inaplazable por los derechos fundamentales de las mujeres.

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