Escala de Grises - Precedentes históricos

Hace poco menos de un mes, Yuriri Ayala Zúñiga, diputada de Morena, presentó una iniciativa para eliminar el aborto como delito del Código Penal de la Ciudad de México. En resumen, el objetivo principal es modificar los artículos y fracciones correspondientes para que la interrupción del embarazo ya no sea sancionada.

Con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PAN (por supuesto), la propuesta ha avanzado en el Congreso de la CDMX bajo la perseverancia de Ayala Zúñiga, quien sostuvo que es la tercera legislatura en la que presenta dicha iniciativa. “Estoy en esta tribuna siendo la voz de miles de mujeres que llevan una lucha interminable por los derechos a decidir sobre nuestro propio cuerpo”, aseguró.

A grandes rasgos, la propuesta tiene como propósito que las mujeres ya no enfrenten un proceso penal o sean criminalizadas por abortar. Además de considerar las ventajas en materia de salud al acceder a un aborto seguro, la funcionaria también busca que dejen de vulnerarse los derechos humanos de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Es decir, ya no se “reduce” a una cuestión de justicia social, sino también de salud pública y de derechos fundamentales. ¿Cómo un servicio de salud puede ser considerado un delito? ¿Por qué la autonomía corporal continúa siendo considerada un privilegio? El hecho de que el aborto continúe presente en el código penal (de la capital o cualquier estado) es una muestra del largo camino que queda por recorrer en cuestión de libertad reproductiva.

Dejar de considerar las interrupciones voluntarias del embarazo, independientemente del plazo o la causa puede ser un precedente de importancia histórica para la ciudad y el país entero. La posibilidad de que una mujer o persona con capacidad de gestar deje de ser criminalizada por decidir sobre su propio cuerpo ni siquiera tendría que estar a discusión.

La misma Organización Mundial de la Salud ha emitido recomendaciones para que el aborto voluntario sea eliminado de los códigos penales. Es indispensable que todos los gobiernos consideren la eliminación de obstáculos para que toda la población pueda acceder a este derecho, que sea garantizado.

Respecto al tema, representantes del Partido Acción Nacional y el Frente Nacional por la Familia se han encargado de difundir información falsa (como que la iniciativa pretende legalizar la interrupción del embarazo hasta el último mes de gestación) y mensajes erróneos que sólo se suman a la desinformación de la sociedad. La desinformación es la puerta a los discursos de odio. Las palabras importan y hay que saber utilizarlas con cuidado.

Es indispensable que las creencias de los grupos conservadores dejen de ser un referente para que la población empiece a considerar otras opciones, a tomar decisiones y a exigir que el Estado deje de criminalizar las decisiones de las mujeres y personas gestantes sobre sus cuerpos.

La iniciativa, además de ir en concordancia con lo que establece la OMS, también se complementa con el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2023, este organismo declaró la inconstitucionalidad de la penalización del aborto dentro del Código Penal Federal.

Remontarnos a los oleajes que ha tenido la marea verde a lo largo de la historia en nuestro país debería servir de referencia para confirmar que no se trata de ningún disparate, sino de garantizar la integridad y seguridad de las mujeres y personas gestantes. Derrumbar los estigmas que hemos arrastrado por generaciones es fundamental para lograrlo.

Ahora, tenemos que ser conscientes de que la despenalización no es lo único que se necesita. Es indispensable que, además de contar con un respaldo en materia de derechos humanos, las mujeres y personas gestantes también tengan la posibilidad de acceder a un servicio médico de calidad.

Se requiere una concientización general, pero también una sensibilización y capacitaciones constantes para el personal médico responsable de atender estos casos. Se requiere un sistema jurídico funcional que investigue y castigue cualquier tipo de violencia obstétrica y no se concentre únicamente en la criminalización del aborto.

Urgen, además, campañas de educación sexual para que las niñas, niños y adolescentes también tengan acceso a la información que requieren. Se necesita destinar recursos para que no sólo la Ciudad de México o las ciudades más relevantes del país cuenten con la posibilidad de elegir.

La iniciativa es otro primer paso y debe celebrarse como tal, pero también es imperativo reconocer que nos hace falta un largo camino por recorrer. La consigna sigue siendo la misma: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar.

Aborto legal para no morir:
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